Del “caso Koldo” al “VIP Lane”: cómo políticos y empresarios se enriquecieron durante la pandemia a costa de la emergencia sanitaria Infobae

Cuando Europa afrontaba la peor emergencia sanitaria del siglo, la relajación en los controles administrativos para las compras de material médico a causa de las prisas y la urgencia abrió la puerta a gigantescas tramas de corrupción, no solo en España (con el conocido caso Koldo), sino en muchos países del viejo continente. Políticos, intermediarios y empresarios con conexiones estratégicas aprovecharon para enriquecerse mediante comisiones ilegales, material defectuoso, certificados falsos y contratos públicos inflados.

“La emergencia sanitaria sirvió como salvoconducto para saltarse la fiscalización ordinaria y adjudicar contratos sin transparencia ni competencia”, describe el Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción. En España, el caso Koldo se ha convertido en el principal símbolo de la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. La trama se centraba en facilitar contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, aprovechando contactos en el Ministerio de Transportes y la gestión de infraestructuras.

Detrás se encontraban el propio Koldo García, asesor entonces del ministro José Luis Ábalos, también investigado, el empresario Víctor de Aldama, y la mano derecha del presidente, Santos Cerdán, uno de los cabecillas que funcionaba como nexo de todos los implicados. Por lo que se conoce hasta ahora, los contratos ascienden a 53 millones de euros, y las comisiones ilegales a 10. A día de hoy, Víctor de Aldama se encuentra en prisión y Koldo y Ábalos han dormido este viernes su primera noche en Soto del Real a la espera de que se celebre el juicio.

Caso Medina y Luceño: cuando “vender caro” no es delito

Otro gran escándalo español tiene por protagonistas a Luis Medina y Alberto Luceño, quienes lograron un contrato de 11 millones con el Ayuntamiento de Madrid en el peor momento de la pandemia. Su estrategia era inflar los precios y ocultar las comisiones, que oscilaban entre un 60% y 80%.

En total, se embolsaron 6 millones de euros. Medina se compró un yate, Luceño, coches de lujo y propiedades. No obstante, Medina fue absuelto porque “vender caro no es estafa si el Ayuntamiento de Almeida aceptó el precio”, mientras que Luceño fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión.

Mientras en España continúa investigando el caso Koldo, otros países europeos también han vivido escándalos de corrupción similares. En Alemania, dos diputados ejercieron como intermediarios para cobrar comisiones; en Italia, se inflaron los contratos para comprar mascarillas; en Reino Unido, fueron utilizadas empresas de políticos para la compra de material sanitario, que posteriormente estaba defectuoso; y en Lituania, un grupo criminal desvió fondos europeos mediante empresas pantallas.

Alemania: diputados intermediarios y una “doctora” con 4.247 certificados falsos

El caso Koldo alemán es la llamada Maskenaffäre. Los diputados Georg Nüssleon y Nikolas Löbel (ambos del Partido de la Unión) cobraron comisiones de 660.000 y 250.000 euros, respectivamente, por actuar como intermediarios entre fabricantes de mascarillas y administraciones públicas.

Sin embargo, la sorpresa saltó en 2022, cuando el Tribunal Federal de Justicia los absolvió por un vacío legal. “La ley alemana entonces solo castigaba la compra de votos o acciones en el parlamento, no el uso de su influencia fuera de él”, explicaba el fallo del juez. Tras el escándalo, la legislación se endureció.

Aunque la corrupción alemana también tuvo su caso individual. Una doctora de Weinheim (suroeste del país) emitió 4.247 certificados médicos falsos para eximir del uso obligatorio de mascarillas a personas que ni siquiera eran pacientes suyos. En su defensa, alegó que las mascarillas eran “perjudiciales”.

Tras la estafa, ingresó 28.000 euros por el cobro de los falsos informes. En 2023 fue condenada a 2 años y 9 meses de prisión, además de quedar inhabilitada de por vida y devolver todo el dinero de beneficio. El tribunal la condenó por un abuso de confianza médica en plena crisis sanitaria.

Italia: contratos de 1.250 millones, comisiones de 70 y “falsas” vacunas

Por su parte, Italia protagonizó una de las gestiones más abultadas y opacas de Europa. El Comisario Especial, Domenico Arcuri, y el intermediario, Mario Benotti, gestionaron contratos por 1.250 millones de euros para comprar 800 millones de mascarillas. Recibieron cerca de 70 millones en comisiones irregulares.

Entre los delitos por los cuales se les investigaban, se incluían apropiación indebida, abuso de poder y la compra de material sin garantías mínimas. Mario Benotti falleció durante el proceso judicial, pero Domenico Arcuri llegó a enfrentar una petición de un año y cuatro meses de prisión por parte de la fiscalía. Sin embargo, una reforma legal de gobierno de Meloni (Presidenta del Consejo de Ministros de Italia) provocó el archivo del caso.

Pero más allá de los contratos inflados, Italia también tiene su caso particular. Se trata de la venta de certificados falsos de vacunación para obtener el Green Pass (verificación de que una persona ha sido vacunada para poder moverse por el país o el continente). Las redes de médicos y colaboradores simulaban administrar la vacuna a pacientes a cambio de pagos que podían llegar hasta los 500 euros.

Uno de los más conocidos fue el caso de Marina di Ravenna (al norte), donde 98 personas fueron procesadas y 24 condenadas a penas de entre 8 y 12 meses de prisión por fraude documental y falsificación sanitaria.

Inglaterra: El “VIP Lane” y 140 millones en indemnizaciones

Para hacer frente a la crisis del coronavirus, el Reino Unido creó una vía preferente conocida como VIP Lane, que permitía a empresas recomendadas por políticos acceder sin competencia a contratos millonarios. “El sistema de contratación pública del Reino Unido durante la pandemia presentó graves deficiencias de transparencia, competencia y control”, generando riesgos sistémicos de corrupción y despilfarro público, expresó el órgano de transparencia internacional de UK.

La mayor beneficiada fue la empresa vinculada a la baronesa Michelle Mone y su esposo, PPE Medpro, obteniendo 230 millones de euros y beneficios personales de casi 70 millones. Gran parte del material, incluidas las batas de los médicos, resultó inútil. Ahora, el gobierno británico exige 140 millones de euros en concepto de indemnizaciones. Mone llegó a admitir que mintió sobre su vínculo con la empresa y se apartó de la Cámara de los Lores (Alta del Parlamento del Reino Unido), pero no ha sido condenada tras devolver el dinero.

Lituania: fondos europeos desviados y un grupo criminal con empresas pantallas

En Lituania, un grupo de seis personas y una empresa (sin identificar en los informes de la Fiscalía Europea, EPPO) falsificaron documentos y elevaron los precios de maquinaria destinada a fabricar mascarillas y filtros sanitarios. El objetivo, según la EPPO, era robar fondos europeos.

El fraude ascendió a 580.000 euros. En 2023, la Justicia dictó sentencias de 9 a 12 meses de prisión, la gran mayoría suspendidas, y multas que iban desde los 20.000 hasta los 150.000 euros, además la devolución expresa de todo el dinero.

Europa: débil ante la próxima emergencia

En conclusión, la Fiscalía Europea advirtió en su informe anual que la pandemia reveló “las debilidades estructurales de los mecanismos europeos de control de fondos y compras públicas”. Aunque estos delitos han sido perseguidos, muchos de los que se han aprovechado de la urgencia sanitaria no han puesto un pie en prisión después de devolver el dinero conseguido de manera ilícita.

Al ser una situación de emergencia sanitaria internacional, las leyes de los países no registraban tales impactos ni contemplaban la posibilidad de tramas tan elaboradas de corrupción, por lo que una de las medidas más utilizadas por los acusados para evitar la cárcel fue devolver el dinero de los beneficios, como pactaban en las sentencias.