Vinculan a proceso a “El Licenciado” y a siete escoltas por el asesinato del alcalde de Uruapan Respuesta.com.mx
El juez consideró que existían elementos suficientes para acreditar a Jorge Armando “N” como autor intelectual del asesinato
Tras 18 horas ininterrumpidas de audiencia, el juez Luis Fernando Díaz Parra determinó la vinculación a proceso de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, por el presunto delito de homicidio calificado, así como de los siete escoltas del exalcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, a quienes se les acusa de homicidio calificado bajo el grado de comisión por omisión.
La audiencia inició el 26 de noviembre a las 12:30 horas, y concluyó la madrugada de este 27 de noviembre, a las 06:01 horas, cuando el juez consideró que existían elementos suficientes para acreditar a Jorge Armando “N” como autor intelectual del asesinato, así como para responsabilizar a los escoltas por no actuar para salvaguardar la vida del presidente municipal.
De acuerdo con la Fiscalía, “El Licenciado” presuntamente pertenece a una célula afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y habría sido el encargado de coordinar la operación en la que Manzo Rodríguez fue atacado y recibió al menos seis impactos de bala. Los implicados por omisión son: Omar “N”, Alejandro “N”, Mario Alberto “N”, Guillermo “N”, Demetrio “N”, Omar “N” y Monserrat “N”, quienes formaban parte del equipo de seguridad del alcalde.
Durante su intervención, Jorge Armando “N” aseguró que su detención —ocurrida el 18 de noviembre en la colonia Centro de Morelia— fue arbitraria, y denunció haber sido torturado y amenazado por agentes de seguridad, quienes presuntamente intimidaron con “matar a su esposa”.
También afirmó que, desde el momento de su captura y hasta su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano el 21 de noviembre, se le negó el derecho a comunicarse con su familia. Incluso sostuvo haber promovido un amparo, aunque el juez señaló que dicho recurso no existe en los registros.
A la par, negó mantenerlo algún vínculo con el crimen organizado, por lo que su defensa presentó documentación que acredita que el imputado trabajó como contratista para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que buscan refutar su presunta relación con el crimen organizado.
El juez Díaz Parra ordenó realizar diligencias adicionales para determinar si existió tortura durante la detención.
La defensa de Monserrat “N”, una de las escoltas, argumentó que la agente actuó correctamente al proteger al alcalde durante el ataque, lo que le provocó un rozón de bala en el brazo. Fue trasladada al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde —según su abogado— fue víctima de violencia de género, pues no se le respetaron sus derechos como víctima ni como mujer, negándole incluso la realización de su examen médico.
Solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) reconocerla como víctima y abrir una investigación contra el personal médico que presuntamente le negó atención adecuada. Sin embargo, el juez determinó que este hecho no era suficiente para absolverla de responsabilidad.
La audiencia. las defensas de los imputados presentaron a dos peritos: Christian Álvarez Tinoco y Alfredo Israel Álvarez Tinoco, quienes aseguraron tener más de 15 años de experiencia en investigación.
Uno de ellos expuso que en el asesinato se utilizaron al menos dos armas de fuego: una a cargo del autor material, Víctor Manuel “N”, y otra presuntamente disparada por el escolta Demetrio “N”. Pero su testimonio generó inconformidad debido a contradicciones, falta de claridad sobre si tuvieron contacto con las balas recolectadas y ausencia de acreditaciones en balística.
Ambos presentaron videos y fotografías del día del ataque, pero tampoco generaron certeza para el juez, quien terminó por desechar sus pruebas.
Durante las 18 horas de sesión, la Fiscalía presentó 25 nuevos datos de prueba que no habían sido expuestos en la audiencia del 22 de noviembre. Entre ellos destacaron los testimonios de 14 elementos de la Guardia Civil que participaron en la seguridad del Festival de Velas, donde ocurrió el homicidio el pasado 1 de noviembre.
El juez finalmente determinó que los escoltas no actuaron de forma adecuada para proteger al edil, pese a que existían rumores previos de riesgo por parte del crimen organizado.
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