Estas son las nuevas obligaciones y sanciones para funcionarios penales tras la aprobación de la nueva ley contra la extorsión aprobada por el Congreso El Imparcial
El Congreso de México aprobó el martes una ley federal para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, un delito que ha mostrado un incremento constante durante los últimos años. De acuerdo con CNN, esta medida responde a un problema que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido como el único delito que no ha logrado disminuir durante su administración.
De acuerdo con cifras oficiales, 2025 es el año con más casos de extorsión desde que existe registro. Solo en los primeros seis meses del año se contabilizaron 5,887 víctimas, un aumento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior. En los primeros diez meses del año, el incremento fue del 5% frente a 2024.
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¿Qué cambia con la nueva ley?
La Cámara de Diputados respaldó la iniciativa con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Este proyecto, previamente avalado por el Senado, establece un tipo penal único para todo el país y penas homologadas para los 32 estados.
Las sanciones incluyen:
- De 15 a 25 años de prisión como castigo base.
- Hasta 42 años de cárcel cuando existan agravantes.
- Multas económicas que variarán según cada caso.
Además, se aplicarán penas de cinco a 12 años cuando se utilicen dispositivos, servicios o plataformas para cometer extorsión. Esto incluye actos realizados desde teléfonos, aplicaciones o medios digitales.
Se reforzará la investigación del delito
Uno de los cambios centrales es que la extorsión podrá investigarse de oficio, lo que significa que la autoridad podrá iniciar acciones sin necesidad de una denuncia formal. También se permitirá la denuncia anónima, con el fin de proteger a quienes viven bajo riesgo y reducir la cifra negra.
Actualmente, 96.7% de los casos no se denuncian, debido principalmente a la desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia. Con esta reforma se busca reducir ese porcentaje, dar seguimiento inmediato a los reportes y facilitar el inicio de investigaciones.
La extorsión es el delito que más crece en México y evidentemente eso no lo debemos seguir permitiendo. Hoy millones de mujeres y hombres en este país tienen que pagar un impuesto ilegal, y se lo pagan a los extorsionadores, a los delincuentes.
Comentó la diputada Kenia López.
¿Qué responsabilidades tendrán las autoridades?
La nueva normativa contempla sanciones específicas para servidores públicos:
- 10 a 20 años de prisión a funcionarios que no denuncien casos de extorsión.
- 15 a 25 años de cárcel para autoridades penitenciarias que faciliten o permitan este delito.
- Tres a cinco años de prisión para quienes dentro de los penales colaboren o permitan las condiciones para que la extorsión ocurra.
Asimismo, se castigará con seis a 12 años de prisión a personas privadas de la libertad que usen dispositivos electrónicos para extorsionar, y a quienes permitan el ingreso de dichos aparatos.
- 56% vienen de los centros penitenciarios
Las investigaciones oficiales indican que 56% de las líneas telefónicas usadas para extorsión provienen de 12 centros penitenciarios del país. Por ello, la ley establece medidas obligatorias de bloqueo inmediato de números telefónicos involucrados y colaboración directa con empresas de telecomunicaciones.
¿Qué motivó la urgencia de esta ley?
La aprobación ocurre poco más de un mes después del asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en Michoacán, quien había denunciado extorsiones por parte de grupos delictivos. Fue encontrado sin vida el 20 de octubre en Apatzingán.
Este caso recordó que la extorsión afecta tanto a personas como a sectores productivos. La Coparmex estimó que, de enero a septiembre de este año, la extorsión generó pérdidas de alrededor de 1,000 millones de dólares para las empresas.
¿Qué sigue para que la ley entre en vigor?
La ley deberá ser aprobada por la mayoría de los congresos locales.
- El siguiente paso es que sea sancionada por el Ejecutivo y luego enviada a los congresos estatales, ya que requiere aprobación de la mayoría de los congresos locales para entrar en vigor por ser una reforma de carácter general.
También incluye reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes relacionadas.
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