Sheinbaum: corregir lo que no ha funcionado Calle México
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta, muy temprano en su gobierno, una crisis social que puede escalar si los funcionarios que ella designó o heredó, no cumplen con su trabajo.
Mucho se criticó a López Obrador por ser el “hombre orquesta’’ del país: él pretendía resolver los problemas, todos los problemas del país con ocurrencias, sin reparar en que la mayoría de ellas ponía contra las cuerdas a sus secretarios de Estado.
Muchas veces corregía la plana a funcionarios de primer nivel, como los secretarios de Hacienda, cuando daban a conocer información que no se ajustaba a la narrativa que el macuspano quería imponer.
Sheinbaum no ha actuado igual; ha delegado las responsabilidades inherentes a cada cartera en el gabinete, pero no todos han cumplido y, en lugar de convertirse en una solución, comienzan a pesar como el lastre que son.
A Sheinbaum el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, le aseguró hace unas semanas que las protestas de los productores de maíz se habían resuelto con el acuerdo de entregar un subsidio de 950 pesos por tonelada, pero fue mentira.
El acuerdo solo fue firmado por algunos productores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato; ni siquiera fueron todas las organizaciones de productores de esos estados, sino unos cuantos.
El resultado de esa “negociación’’ está a la vista, con el agravante de que a la demanda de mejores precios se suma la de revisar la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas, que se redactó sin consultar a los productores o expertos para evitar lo que justamente pasa hoy en las carreteras del país.
Sheinbaum tiene en sus manos la decisión de corregir lo que no ha funcionado.
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La Cámara de Diputados aprobó por mayoría, (con el voto del PRI en contra por considerarla incompleta) la nueva ley contra la extorsión que unifica en todo el país las penas por ese delito.
Los diputados aceptaron la corrección que hicieron los senadores, entre ellas el incremento de las penas y su homologación en todo el país estableciendo castigos que van de los 19 a los 42 años, dependiendo de cualquiera de las 34 agravantes que establece la nueva ley.
Otro de los cambios importantes fue el regreso a las penas originalmente planteadas en la iniciativa presidencial para los servidores públicos que no denuncien una extorsión.
Los castigos van de los 10 a los 20 años de prisión pero los diputados habían establecido, en un madruguete, reducir de 6 a 12 años las penas carcelarias, algo que generó el enojo ciudadano y que fue corregido por los senadores.
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Tenía que ser Gerardo Fernández Noroña, para variar.
Justo cuando se conmemoraba el Día en Contra la Violencia hacia las Mujeres, el senador cuatroteísta publicó un video en el que critica a Grecia Quiroz, viuda del asesinado presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.
Fernández Noroña dijo que ya “le había salido la ambición’’ de ser gobernadora solo porque Quiroz pidió investigar al exgobernador Leonel Godoy, cuyo hermano es prófugo de la justicia por sus nexos con el narco, y al senador Raúl Morón Orozco.
Las senadoras de la oposición e incluso senadores como Luis Armando Melgar, criticaron con dureza las expresiones de Fernández Noroña.
Lo extraño -o quizá no-, es que ninguna senadora de Morena se dio por aludida; ni siquiera la presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, que prefirió hablar de estrellitas y duendes.
¡Vaya solidaridad!
@adriantrejo
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