Reporta Ibero caída de hasta 57% en resolución de casos tras reforma judicial de 2024 Editorial Aristegui Noticias
El Observatorio sobre el Sistema de Justicia de la Universidad Iberoamericana registró una disminución de 57.7 por ciento en los asuntos concluidos en materia familiar, una caída de 46 por ciento en lo civil y de más de la mitad en lo penal durante los primeros meses posteriores a la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024.
El rector de la institución, Luis Arriaga Valenzuela, afirmó que estos resultados muestran “un retroceso” y advirtió que la elección judicial del pasado 1 de junio “no fortaleció la justicia; solo cambió quien controla los tribunales”.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Arriaga explicó que el observatorio trabaja con análisis empíricos sustentados en datos cuantitativos y cualitativos para evaluar los efectos de la reforma.
Indicó que el proyecto es dirigido por la académica Ana Laura Magaloni y que su creación respondió a la necesidad de generar evidencia independiente ante un cambio que, según dijo, “amenaza pilares fundamentales del estado de derecho”.
El rector señaló que la baja actividad judicial coincide con el proceso de renovación de cargos en tribunales federales y locales, en el que la participación ciudadana fue de 13 por ciento y uno de cada cinco votos fue nulo o en blanco.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, ello derivó en una parálisis operativa y en la disminución de nuevos ingresos como los casos familiares que bajaron 36 por ciento.
Arriaga detalló que el observatorio combina investigación jurídica y periodística para documentar la experiencia cotidiana de las personas que buscan justicia.
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Mencionó que las entrevistas realizadas en distintos estados del país evidencian problemas persistentes como arrendamientos conflictivos, robos menores, pensiones alimenticias y abusos vinculados a la prisión preventiva.
Señaló también que se observan prácticas que no han cambiado en décadas como “las propinas que se tienen que dar para que te den una copia fotostática de un expediente”.
Uno de los casos incluidos en el informe corresponde a un trabajador que perdió un brazo en una fábrica y esperó 11 años para obtener sentencia favorable.
Para Arriaga, este ejemplo refleja que “el tiempo del sistema se experimenta muchas veces como una sanción”, debido a procesos prolongados que desincentivan el ejercicio de derechos.
Entre los hallazgos adicionales, indicó que existe una “falta de alfabetización jurídica estructural” que dificulta la relación de la ciudadanía con el sistema, así como una “fuerte asimetría de poder” entre usuarios y operadores judiciales.
Añadió que los problemas legales tienen consecuencias emocionales y económicas, al generar ansiedad, estrés y afectaciones laborales y familiares.
Arriaga señaló que la población consultada demanda una justicia más comprensible y eficaz, con plazos razonables y un trato digno.
Recordó que el informe completo puede revisarse en observatoriodejusticiaibero.mx y destacó que el proyecto busca “imaginar el país que queremos en el futuro” y fortalecer la formación jurídica con enfoques clínicos y trabajo basado en casos reales.
El rector concluyó que la reforma no abordó el funcionamiento de las fiscalías locales, donde persisten patrones de impunidad y afirmó que “la legitimidad de los jueces no puede venir solamente de las urnas, sino del trabajo que hacen”.
