Extender la economía oceánica Vanguardia.com.mx

Por Príncipe Alberto II de Mónaco, Project Syndicate.
MÓNACO- Durante este verano boreal se celebraron dos importantes acontecimientos (el Foro de Economía y Finanzas Azules/BEFF en Mónaco y la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en Niza) que fueron reflejo de un creciente reconocimiento del hecho de que proteger los océanos no es sólo una cuestión medioambiental, sino también un imperativo político, económico, financiero y social.
Ahora el desafío está en convertir este consenso cada vez mayor en acciones concretas y sostenidas.
El océano, que cubre más de dos tercios del planeta y representa el 97% de la biosfera, es un aliado fundamental en nuestros esfuerzos por enfrentar el cambio climático, garantizar la seguridad alimentaria y dar sostén a las economías.
Sin un océano sano, el desarrollo sostenible seguirá siendo un sueño lejano.
Pero proteger y restaurar los ecosistemas marinos cuesta dinero, y los flujos financieros no están a la altura de las necesidades.
Para cubrir el faltante, hay que dejar de pensar en la protección de los océanos como un acto de beneficencia y comenzar a verla como una oportunidad: una valiosa inversión en nuestro futuro colectivo.
La visión de una próspera economía oceánica que ofrezca tanto beneficios inmediatos como valor a largo plazo en términos de seguridad alimentaria, empleo y resiliencia entusiasmó a los líderes políticos, empresarios, inversores, filántropos y representantes de organizaciones multilaterales y de la sociedad civil que asistieron al BEFF.
El evento cumplió su objetivo de liberar financiación para proyectos con un impacto positivo sobre los océanos; esto incluyó instrumentos innovadores como los bonos azules y los vehículos de financiación mixta que combinan recursos públicos, privados y filantrópicos.
Fue así un primer paso importante hacia la necesaria integración de la protección de los océanos en el sector financiero.
Pero las nuevas inversiones «azules» anunciadas por actores públicos, privados y filantrópicos en el BEFF (por valor de unos 8700 millones de euros/10 100 millones de dólares) es sólo una fracción de lo que se necesita para cumplir los objetivos mundiales.
Además, la formulación de compromisos aislados, por ambiciosos que sean, no siempre conduce al tipo de inversión sostenida y coordinada que se necesita para extender la escala de la economía azul.
Es urgente adoptar una mirada más estratégica, centrada en apalancar el capital público y filantrópico para reducir el riesgo de inversión en proyectos con impacto positivo sobre los océanos y atraer financiación privada a largo plazo.
Se destacan aquí tres imperativos.
El primero es crear una sólida cartera de proyectos financiables.
En la actualidad, hay muchas iniciativas prometedoras que no han logrado avanzar más allá de la fase piloto.
La falta de financiación inicial, asistencia técnica o políticas favorables les impide llegar a un punto en el que sean atractivas para los inversores privados.
Mónaco está haciendo su parte para subsanar esta deficiencia.
El ReOcean Fund (un fondo de capital riesgo privado centrado en los océanos y administrado en forma conjunta por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, de la que soy presidente, y Monaco Asset Management) consiguió recaudar 73 millones de dólares para invertir en empresas pioneras en el uso de tecnologías con capacidad para promover objetivos críticos como la restauración de los ecosistemas marinos y la descarbonización del transporte marítimo.
Pero la responsabilidad de mantener una cartera de proyectos financiables recae en última instancia en los gobiernos y en los bancos de desarrollo, que deben usar la financiación pública para redefinir el riesgo de inversión de modo tal que refleje los beneficios económicos reales de la protección de los ecosistemas marinos.
El segundo imperativo es crear condiciones propicias para la inversión.
Para que los sectores relacionados con los océanos (como el transporte marítimo, la pesca, las infraestructuras costeras y el turismo) pongan sus actividades a tono con la visión de una economía azul, se necesitan objetivos ambiciosos y creíbles de neutralidad de carbono e impacto positivo en la naturaleza que les sirvan de guía (y que les pongan límites).
No basta que los gobiernos creen y fiscalicen reglas adecuadas (incluidos planes regionales de ordenación del espacio marino), también deben predicar con el ejemplo.
Esto implica eliminar subsidios estatales mal diseñados y perjudiciales (por ejemplo, subsidios que impulsan la sobreexplotación de pesquerías) y usar esos recursos públicos para financiar proyectos con impacto positivo sobre los océanos y cubrir los costos que supone la transición para los sectores que dependen de ellos.
Con la entrada en vigor del primer acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca, el mundo ha dado un histórico primer paso en dirección a frenar la pesca ilegal, no declarada y desregulada y proteger las pesquerías vulnerables; en tanto, continúan las negociaciones para la segunda fase del acuerdo, que se ocupará de las tecnologías que hacen posible la sobrepesca.
Los bancos públicos de desarrollo también deben hacer su parte para reforzar la confianza de los inversores y catalizar un cambio que abarque todo el mercado.
En el BEFF, más de veinte bancos públicos de desarrollo respaldaron la declaración conjunta de la Coalición Oceánica de la Cumbre de Finanzas en Común, que expresó un deseo colectivo de ampliar la financiación destinada a los océanos, alinear las carteras de inversión con una economía azul regenerativa y sostenible y apoyar el desarrollo de carteras de proyectos mediante la puesta en común de herramientas y metodologías.
Es necesario que estas instituciones conviertan sus compromisos en acciones, y que otras instituciones similares se sumen a ellas.
Finalmente, todos los flujos financieros deben alinearse con los objetivos climáticos, de biodiversidad y de equidad.
Para los gobiernos, esto implica incorporar las externalidades ambientales y sociales a los presupuestos públicos, de modo tal que los sistemas de contabilidad nacional tengan en cuenta el valor de los servicios ecosistémicos y los riesgos financieros derivados de la degradación del medioambiente.
A los actores financieros (incluidos inversores institucionales, empresas, gestoras de activos y aseguradoras) también les corresponde un papel fundamental, no sólo en el sentido de aportar fondos, sino también de convertirse en los arquitectos principales de una economía azul regenerativa y sostenible.
Para ello, deben crear taxonomías y métricas claras, que faciliten una toma de decisiones coherente y eviten el ecopostureo.
Los mecanismos de financiación mixta y los créditos y certificados de biodiversidad pueden ayudar a crear incentivos adecuados que pongan la financiación privada en línea con la búsqueda de resultados de sostenibilidad medibles.
La economía de los océanos comienza a tomar forma.
El BEFF hizo un importante trabajo preliminar; y existen instrumentos prometedores que comienzan a despertar interés, por ejemplo los fondos de capital riesgo orientados a la innovación oceánica, mecanismos de garantía para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a obtener impacto positivo en los océanos y los bonos azules soberanos.
Pero no hay que desperdiciar el impulso logrado este verano.
Hay que convertirlo en una estrategia clara y coordinada para toda la década.
Firman este comentario: Pascal Lamy, copresidente del Foro de Economía y Finanzas Azules; S.
E.
Bernard Fautrier, ministro plenipotenciario y asesor especial para temas ambientales de S.
A.
S.
el príncipe soberano; Robert Calcagno, director ejecutivo del Instituto Oceanográfico de Mónaco; Olivier Wenden, vicepresidente y director ejecutivo de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco; Razan Al Mubarak, presidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; Dona Bertarelli, presidenta ejecutiva de Dona Bertarelli Philanthropy; Thierry Deau, director ejecutivo de Meridiam; Dame Amelia Fawcett, copresidenta del Grupo Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad; Sylvie Goulard, copresidenta del Grupo Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad; Pradeep Kurukulasuriya, secretario ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización; Sanda Ojiambo, directora ejecutiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; Frederik Paulsen, presidente emérito en Ferring; Thomas Thune Andersen, presidente de la Lloyd’s Register Foundation; Célia Berche, directora de asociaciones en Blue Alliance; Angelique Brathwaite, directora de ciencia y conservación en Blue Alliance; Martin Callow, jefe interino de carteras en Nature Bonds, The Nature Conservancy; Alberto Cappato, vicepresidente de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos; Isabelle De Cremoux, directora ejecutiva de Seventure Partners; Vassilios Demetriades, director de estrategia en el UW Group; Marisa Drew, directora de sostenibilidad en Standard Chartered; Ambroise Fayolle, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones; Daniela V.
Fernández, fundadora y directora ejecutiva de Velamar; Melissa Garvey, asesora principal de gestión transformadora y protección en The Nature Conservancy; Jean-Pierre Gattuso, director de investigaciones del CNRS; Alfredo Girón, responsable de océanos del Foro Económico Mundial; François Houllier, presidente y director ejecutivo de Ifremer; Joe Kramek, presidente y director ejecutivo del Consejo Mundial del Transporte Marítimo; Gianpiero Leoncini, vicepresidente ejecutivo de la CAFBanco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; Nicolas Pascal, director ejecutivo de Blue Alliance; Francesco Prazzo, gerente general de SBM Offshore; Daniela Raik, directora ejecutiva interina en Conservation International; Kristin Rechberger, directora ejecutiva en Dynamic Planet y Revive Our Ocean; Rémy Rioux, presidente de Finanzas en Común; Jean-Jacques Risso, presidente del Centro Científico de Mónaco; Karen Sack, directora ejecutiva y presidenta de la Ocean Risk and Resilience Action Alliance; James Scriven, director ejecutivo de IDB Invest.
Copyright: Project Syndicate, 2025.
Alberto II es el príncipe soberano del Principado de Mónaco desde 2005.