Senado pone la mira en penas por extorsión; alistan su aprobación Excelsior

LETICIA ROBLES DE LA ROSAEl Senado se alista a aprobar esta semana la primera ley para combatir la extorsión con criterios iguales para todo el país, a fin de que las actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicios públicos o privados, incluso la vida interna de sindicatos dejen de ser rehenes de grupos delictivos o de delincuentes en lo individual.
Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado están citadas para las 18:00 horas de mañana, a fin de aprobar el dictamen modificado que originalmente iban a circularlo desde ayer; sin embargo, hasta el momento de este envío todavía no había sido distribuido entre los senadores integrantes de ambas comisiones.
De acuerdo con la información obtenida entre los senadores de ambas comisiones, la información que les han compartido sus presidentes de comisión es que las modificaciones se centran en las penalidades, porque la nueva ley general tiene parámetros de encarcelamiento menores a los que existen en, al menos, 13 entidades federativas, pero también están en la consideración de parámetros establecidos por la Suprema Corte para que las penalidades no sean excesivas.
La información proporcionada establece que el parámetro establecido para los integrantes de grupos policiacos, fiscales y de impartición de justicia que no denuncien los actos de corrupción de los que tienen conocimiento regresa al, parámetro establecido por la Presidencia de la República de manera inicial; es decir, de 10 a 20 años de prisión, y ya no el que puso la Cámara de Diputados, de cinco a 12 años de prisión.
Esta pena será para “la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la Policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta Ley”.
Respecto de las definiciones de los sujetos activos y la descripción de los delitos, se mantienen las agravantes como que “el sujeto activo por sí o en representación de un sindicato, agrupación o asociación sea real o simulada, coaccione a la víctima para que contrate, obtenga o adquiera de otra persona, ya sea física o moral, bienes, insumos o servicios para el desarrollo de su actividad comercial.
Esta agravante se consuma con independencia de que se concrete el acto de comercio coaccionado”.
También la relacionada con “el que utilice a dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, sindicatos, asociaciones, cámaras empresariales, organizaciones civiles, ganaderas, del ramo de la construcción y demás instituciones u organismos, indebidamente, para coaccionar, amedrentar o presionar para realizar prácticas que no permita el libre consumo de los bienes o servicios necesarios para su desarrollo”.
PUNTOS CLAVE: Nueva Ley General Contra la Extorsión:El Senado está por aprobar la primera ley general para combatir la extorsión, estableciendo criterios iguales para todo el país.
Servidores públicos que se abstengan de denunciar actos de corrupción de los que tienen conocimiento regresan a la propuesta inicial de la Presidencia: de 10 a 20 años de prisión.
La ley busca evitar que actividades clave como las comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicios, e incluso la vida interna de los sindicatos, sean rehenes de grupos delictivos.
Se mantiene como agravante cuando el sujeto activo coacciona a la víctima para que contrate o adquiera bienes o servicios, actuando por sí misma o en representación de un sindicato o agrupación.
Se están realizando modificaciones en el dictamen enfocadas en las penalidades, ya que los parámetros originales de encarcelamiento eran menores a los existentes en, al menos, 13 entidades.
Se considera una agravante el uso indebido de dependencias de la Administración Pública, cámaras empresariales, sindicatos u organismos civiles para coaccionar, amedrentar o presionar a las víctimas.
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