Procuraduría se pronunció sobre bombardeo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el que murieron menores de edad: “Condenamos el reclutamiento” Infobae
El 15 de noviembre de 2025 confirmaron la muerte de siete menores de edad en los combates entre las fuerzas armadas de la República y la estructura criminal bajo el mando de alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare.
Frente a los hechos, la Procuraduría General de la Nación expresó “su más profunda condena frente al crimen atroz del reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de estructuras criminales al margen de la ley, práctica que constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El Procurador General lamenta profundamente la pérdida de estas vidas inocentes y le envía un abrazo solidario a sus familiares y a toda la sociedad colombiana en este momento”, puntualiza el comunicado.
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El órgano de control denunció que entre los años 2024 y lo corrido de 2025, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, sigue presentando un incremento desmesurado que preocupa.
“En el 2024 se presentaron 578 víctimas (351 niños, 227 niñas). 277 de ellos eran indígenas. Esos niños, niñas y adolescentes fueron presuntamente reclutados por las estructuras denominadas “Estado Mayor Central”, “Disidencias” y el “ELN”. Los departamentos más afectados han sido Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Nariño, Arauca y, precisamente, Guaviare. Por su parte, el ICBF da cuenta de 370 menores de edad recuperados de esas estructuras criminales entre 2024 y lo corrido de 2025, con edades entre los 13 y los 17 años, de los cuales el 70 % serían niños y el 30 % niñas (sic)”.
Y agregó: “Ninguna causa ni ideología puede justificar el uso de menores en la guerra. Este delito infame, además de destruir el tejido social, deja una huella de dolor irreparable en las familias y comunidades del país. Los colombianos no toleramos que los criminales arrebaten de ese modo aleve la vida de nuestros hijos y nietos, ni aceptamos ninguna excusa para ese crimen horrendo, que no es jurídicamente amnistiable ni estamos socialmente dispuestos a perdonar”.
En este contexto, la entidad recordó a las Fuerzas Militares de la Nación su deber de observar y perfeccionar, de manera permanente, los protocolos y procedimientos operacionales que garanticen el pleno respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
A propósito, “el Ministerio Público reconoce la difícil labor y los sacrificios de las Fuerzas Militares en la defensa de la seguridad nacional y exhorta a continuar su misión dentro de los más altos estándares éticos y jurídicos, en armonía con la protección de la vida humana y la dignidad de las víctimas. Bajo esa óptica, la Procuraduría cumplirá con su deber de investigar con serenidad, imparcialidad y rigor los hechos ocurridos e imponer, si fuere del caso, las sanciones disciplinarias correspondientes”, según el documento.
La Procuraduría General reafirmó su compromiso de vigilar, prevenir y sancionar toda forma de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de acompañar a las instituciones del Estado en la consolidación de una paz basada en el respeto del derecho a la vida y de las normas humanitarias.
En efecto, sostuvo su intención de “perseguir y someter al imperio de la ley al narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento de menores, la minería ilegal, y las demás conductas que atentan contra el ejercicio pleno de los derechos de los colombianos, así como atentan contra su tranquilidad”.
Bajo la misma línea, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, lamentó el fallecimiento de los jóvenes que se encontraban en el campamento del Guaviare. Además, señaló que la principal labor del Estado es proteger a los niños, niñas y adolescentes bajo el control de las guerrillas.
“Con profundo dolor lamento cada muerte de un adolescente en la guerra que no les pertenece ya lo habíamos dicho en Guaviare y lo hemos repetido en el Cauca, donde la “Jaime Martínez” y las de “Mordisco” creen que entre 15 y 17 años pueden vincularlos, y lo repetimos en cada mesa de paz donde participamos: lo primero es sacar los niños de filas armadas y del uso y la utilización. Hoy aunque hemos trabajado porque se salven, en donde no hay diálogo no se logra”, escribió Cáceres en su cuenta de X.
