El “virus” que exhibe a la Fiscalía de Guanajuato Periódico Correo

1.- El “virus” que exhibe a la Fiscalía de Guanajuato

La gravedad del ataque cibernético contra la Fiscalía General del Estado de Guanajuato alcanza nuevas dimensiones, exhibiendo la vulnerabilidad de la institución. Un presunto grupo de hackers se adjudicó la intromisión y haber extraído 250 gigabytes de información. Ahora, presuntamente extorsiona a la institución para no hacerla pública.

La dependencia encabezada por Gerardo Vázquez Alatriste no ha confirmado ni desmentido con claridad la magnitud del hecho. Su hermetismo alimenta la incertidumbre. En un comunicado emitido el lunes, la Fiscalía intentó desestimar el hackeo, aunque colaboradores de la propia institución confirmaron que el sistema permanece comprometido desde hace días.

El ataque fue reivindicado por un grupo denominado Tekir APT, del que no existen antecedentes conocidos. Según la información difundida, los atacantes amenazan con liberar material sensible —incluido el contenido de carpetas de investigación y comunicaciones internas— el próximo 20 de noviembre si no reciben un pago. De ser cierto el volumen de datos robados y la eliminación de respaldos, estaríamos ante una de las vulneraciones más graves a una institución de procuración de justicia en México.

El propio nombre del grupo sugiere una “amenaza avanzada persistente” (APT), categoría que, según la empresa rusa de ciberseguridad Kaspersky, utiliza “técnicas de hackeo avanzadas para acceder y permanecer en un sistema durante un tiempo prolongado”. En otras palabras, no buscan un daño inmediato, sino penetrar y extenderse para extraer información.

Sin embargo, la “evidencia” difundida tampoco permite saber si realmente se obtuvo tal cantidad de información o si la vulneración fue total. Podría tratarse, incluso, de un “fake hacking”, una estrategia cada vez más usada para presionar a organizaciones a pagar sin que haya existido un daño real. Pero fuentes al interior de la Fiscalía relataron un ambiente caótico tras las fallas en sus sistemas internos. Esa versión, combinada con la falta de una postura oficial detallada, refuerza la sospecha de que la vulneración sí ocurrió.

El episodio deja al descubierto la fragilidad digital de una institución que se presume moderna y profesional. Lo resume con precisión el presidente del Clúster de Tecnologías de la Información de Guanajuato (CLUTIG), Diego González Almanza: “Aquí lo preocupante es que vemos que no están preparados, no tienen planes de recuperación de desastres, no hacen auditorías de ciberseguridad. Y como no hay esos programas de manera permanente, en el primer ataque caen.”

La crisis cibernética no sólo podría comprometer recursos públicos, confianza y reputación; lo más grave es que comprometería información muy delicada, de la que fue despojada la institución.

2.- ITL criminaliza a estudiantes: son citados por la FGR

Se agrava el conflicto en el Instituto Tecnológico de León. Tras los amagos de procesos legales ante la Fiscalía General de la República, ahora dos estudiantes —cabezas visibles del movimiento estudiantil— recibieron citatorios para el próximo jueves a las seis de la tarde.

Acusan que las denuncias fueron presentadas por la directora del ITL, María de Lourdes Almaguer Sánchez, que los alumnos exigen sea destituida por presuntas irregularidades y por las malas condiciones en que opera el plantel. También demandan la salida del subdirector administrativo, Edgar Omar Ponce Reyes.

Las mesas de diálogo realizadas la semana pasada fracasaron, en gran medida por la rigidez de los representantes jurídicos enviados desde las oficinas centrales del Tecnológico Nacional de México. A un mes de la toma de instalaciones, la presión se incrementa y la amenaza legal se concentra en dos jóvenes que, de no atender el citatorio, podrían enfrentar multas superiores a los diez mil pesos.

Mientras los estudiantes reclaman mejoras sustanciales —no sólo en infraestructura, sino también en los programas académicos— y plantean como condición de diálogo la renuncia de los directivos, la respuesta institucional ha sido la persecución legal, contra quienes ven como las cabezas.

Lo que ocurre en el ITL, como ya se vio con los campesinos denunciados por manifestarse, muestra un patrón preocupante: el uso del aparato legal para desalentar la protesta social. En lugar de atender las causas del descontento —y vaya que las hay en la institución—, las autoridades optan por criminalizar la inconformidad, una vez más.

3.- Manuel Doblado: ¿será que la cuarta es la vencida?

Por tercera ocasión, el gobierno del priista Adolfo Alfaro Reyes, en Manuel Doblado, declaró desierta la licitación para concesionar el alumbrado público. Ayer se publicó la cuarta convocatoria, y hasta el precio de las bases se redujo en un 60%.

Alfaro Reyes insiste en que la concesión —por diez años y que incluye la renovación de 7 mil 812 luminarias tipo LED— es necesaria y la vía más factible para corregir el deterioro del servicio, que mantiene a varias zonas en penumbras. Según las evaluaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), basadas en la percepción ciudadana, el alumbrado es una de las principales exigencias y donde el municipio obtiene las peores calificaciones.

El último dictamen sobre las empresas participantes fue negativo: ninguna de las tres cumplía con los requisitos técnicos ni con la capacidad financiera. En esa sesión, el alcalde priista reconoció el reclamo recurrente. Vaya, que cuando van a entregar alguna pavimentación, la pregunta es que el alumbrado para cuándo.

“No le veo por dónde más podemos atacar este tema. A donde quiera que vamos la petición es alumbrado público (…) ya viví esa experiencia en la administración 2018-2021 y no se pudo dar abasto a todo el servicio, y lo vimos en la administración pasada”.

La fracción panista en el Ayuntamiento mantiene su postura en contra de la concesión y propone otras vías, como la compra directa de luminarias. Sin embargo, en su intento por evitar “grillas”, el propio alcalde soltó una revelación nada menor: durante la gestión de la panista Blanca Preciado Pérez se compraron lámparas que, aunque económicas, ya no funcionan porque eran prácticamente desechables.

Uno de los proveedores ni siquiera hizo válida la garantía porque —según Alfaro— negó haber vendido al municipio:

“Yo no sé si hubo triangulación de empresas para la compra (…) no quiero indagar más. Nos preocupa más darle la solución a la ciudadanía”.

Ya se les fue un año al Ayuntamiento de Manuel Doblado y no se ve para cuándo logren resolver el problema del alumbrado.

Contra Retrato

Juan Mauro González Martínez

Guanajuato se mantiene como el estado con más homicidios dolosos entre enero y octubre de 2025. Sin embargo, en la comparación mensual, fue superado en octubre por Chihuahua. Las cifras fueron presentadas durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se destacó una disminución del 63 % en el promedio de homicidios diarios a nivel nacional.

Aunque la reducción de asesinatos ha sido sostenida durante los últimos ocho meses de gestión de Juan Mauro González Martínez al frente de la Secretaría de Seguridad y Paz, hay un indicador que evita cualquier optimismo oficial: la extorsión.

Hace unas semanas, el presidente de la Coparmex León, Michel Sojo Quiroz, reconocía la baja en homicidios, pero urgía al gobierno estatal a enfrentar con más contundencia la extorsión. Según datos de la propia administración, la extorsión ha aumentado 30 %. Desde el discurso oficial se intenta suavizar el dato bajo el argumento —debatible— de que el incremento responde a una mayor confianza ciudadana para denunciar.

La realidad se impone. Este martes, en Celaya, se reportaron autos incendiados y un ataque armado a un negocio, hechos que no se descartan la extorsión como móvil. En Irapuato, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons, reveló que productores agrícolas entregan hasta el 20 % de sus ganancias a grupos criminales, y que Guanajuato está entre los estados más afectados.

El señalamiento coincide con las peticiones hechas por campesinos en recientes mesas de diálogo con autoridades estatales, donde se prometió crear una mesa de trabajo en materia de seguridad rural.

Hoy, el secretario Juan Mauro González Martínez hace bien en no celebrar la baja de homicidios, que los números le dan para ello, pero como se ha sostenido en esta columna, ese indicador, por sí solo, no alcanza para sostener la narrativa de que Guanajuato es hoy un estado menos violento. La extorsión es quizá uno de esos factores determinantes para que la confianza en las autoridades no se mueva a su favor y sea uno de los objetivos centrales en el plan de seguridad estatal.