URGEN al GOBIERNO de MÉXICO a presentar compromisos concretos para REDUCCIÓN de EMISIÓN de GASES Punto Por Punto

Alianza Mexicana Contra el Fracking, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Conexiones Climáticas, Engenera A.C, Greenpeace México, Leave it in the Ground Initiative (LINGO), Nuestro Futuro, Oceana y Territorios Diversos para la Vida exigieron al gobierno mexicano presentar compromisos concretos y ambiciosos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que protejan los ecosistemas, garanticen los derechos humanos y la justicia climática.

Estas organizaciones de la sociedad civil señalaron que México debe comprometerse en la Conferencia de las Partes (COP-30) del Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC) a realizarse del 10 al 21 de este mes en Belém, Brasil con la protección integral de ecosistemas fundamentales para mitigar el cambio climático y presentar políticas de adaptación centradas en prevenir y atender el desplazamiento climático que incluyan las experiencias y saberes de las comunidades más vulnerables.

Suspensión inmediata de proyectos de hidrocarburos

• En un posicionamiento conjunto expresaron que México debe asistir a la COP-30 –la conferencia ambiental más importante del año- con medidas efectivas y realistas de mitigación que incluyan un alto a los planes extractivistas y la deforestación, así como la suspensión inmediata de proyectos de hidrocarburos incluyendo:
• Exploración y explotación petrolera en aguas profundas del Golfo de México; la construcción y operación de proyectos de gas licuado de importación y exportación, gas fósil y actividades de fracturación hidráulica (fracking).
• «Estos proyectos no solo disparan las emisiones de GEI, sino que desplazan comunidades enteras, generan pérdidas y daños ambientales irreversibles que afectan la calidad de vida de las y los mexicanos, su salud y su vida misma, por lo que hay que poner en el centro de las prioridades a las personas y al medio ambiente del cual todos dependemos”, sentenciaron.

Océanos y selvas: aliados contra la crisis climática

Los océanos mexicanos —que representan una extensión mayor que el territorio terrestre del país— y ecosistemas terrestres como el Amazonas y la Selva Maya son sumideros naturales de carbono amenazados por la industria extractiva. La destrucción de manglares, arrecifes de coral y ecosistemas costeros elimina barreras naturales de protección y acelera la crisis climática.

• La devastación de estas zonas junto con la deforestación de bosques y selvas liberan enormes cantidades de carbono almacenado, eliminan la capacidad de captura de CO, se destruye biodiversidad, desplaza a comunidades indígenas, campesinas y pesqueras y profundiza la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.
• La ausencia de políticas de mitigación y la continuidad de proyectos extractivos han generado desplazamiento forzado de comunidades, pérdidas económicas para sectores pesqueros y agrícolas, daños irreversibles a sitios naturales y culturales, violaciones a derechos humanos y afectaciones a la salud por contaminación.

Adaptación con justicia climática

«Es muy importante hablar de adaptación, pero esto no atiende la problemática de raíz y mucho menos con justicia si no se detienen las causas del problema. Hablamos de proteger la Selva Maya, y ecosistemas costeros y marinos tanto en aguas someras como profundas en el Golfo de México, el Golfo de California y los más de 11 mil kilómetros de costa mexicana. Cada metro que perdemos de bosques, selvas y manglares agudiza la crisis climática, y debilita las posibilidades de mitigación de sus peores impactos”, dijeron.

México requiere medidas que protejan los derechos humanos y el medio ambiente, acompañadas de:

• Eliminación progresiva y acelerada de combustibles fósiles
• Protección legalmente vinculante para océanos y ecosistemas terrestres
• Transición justa que garantice empleos dignos y sustentables y acceso efectivo a la energía a la población en situación de pobreza energética.
• Mitigación inmediata de emisiones de metano y cumplimiento de la regulación en la materia
• Participación efectiva de comunidades y pueblos indígenas
• Financiamiento climático transparente y accesible
• Justicia para comunidades afectadas por proyectos extractivos
• Asignación de presupuestos específicos y adecuados para atender la crisis climática.

«Existe el Anexo 16 del Presupuesto de Egresos Federal destinado a adaptación y mitigación al cambio climático, el cual debe usarse para fortalecer las acciones de adaptación, prevención y mitigación de los impactos climáticos a través de acciones medibles y verificables y no destinarlo únicamente a los proyectos prioritarios de las administraciones en turno, sin indicadores ni evaluaciones”, sentenciaron.

Exigencias al gobierno mexicano rumbo a la COP-30

Las organizaciones exhortaron al gobierno a:

• Presentar Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) renovadas y ambiciosas ante la COP-30.
• Crear una Zona de Salvaguarda que prohíba la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México.
• Prohibir por la vía legal el fracking en todo el territorio nacional.
• Crear un fondo de reparación para comunidades afectadas por proyectos extractivos y la crisis climática.
• Implementar un plan integral de protección de océanos y ecosistemas costeros.
• Garantizar la participación vinculante de la sociedad civil en políticas climáticas
• Informar el nivel de cumplimiento de los compromisos suscritos en el Acuerdo Global de Metano.
• Implementar un plan integral de protección de la selva maya, detener la deforestación, estableciendo una moratoria inmediata a la expansión de actividades industriales, granjas porcícolas, bancos de material pétreo, infraestructura ferroviaria y de turismo masivo en zonas forestales de la Península de Yucatán.
• Declarar en categoría reforzada de protección al Golfo de California para que no se impacte con buques metaneros este ecosistema, frente a la amenaza de la instalación de plantas de gas licuado para exportación al mercado asiático.
• Asegurar que el presupuesto público climático se orienta a acciones verificables y medibles de mitigación y adaptación al cambio climático.

«El futuro sostenible que necesitamos solo será posible cuando se ponga en el centro todas las formas de vida; los derechos de las personas y los ecosistemas, frente a la extracción de combustibles fósiles”, concluyeron las organizaciones.

México se compromete a reducir emisiones para 2030

En un esfuerzo por acelerar el financiamiento y la acción climática previo a la Conferencia de las Partes (COP30) en Brasil, la Iniciativa Climática de México (ICM) y la Embajada de Alemania inauguraron la conferencia «PreCOP30: Diálogos climáticos hacia la implementación».

• Durante el encuentro, el gobierno de México detalló las metas energéticas de la administración, aunque estas contrastan fuertemente con las críticas de organizaciones civiles sobre la política de combustibles fósiles y la falta de presupuesto para el sector ambiental.

Clemens von Goetze, embajador de Alemania en México, calificó al país como un «socio muy importante» y afirmó que la COP30 será fundamental para «aumentar las metas de financiamiento climático internacional» destinadas al sur global.

La nueva estrategia energética oficial

• El panel «Acción climática desde el gobierno mexicano» sirvió como plataforma para detallar las nuevas metas. Jorge Islas, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, remarcó que el gobierno busca reorganizar el sector y anunció que el 72% de toda la nueva capacidad energética que se instale durante esta administración provendrá de fuentes renovables.

México tiene un plan para reducir 225 millones de toneladas de emisiones de carbono para 2030. «Vamos a lograr que, en 2030, tengamos 38% de energía limpia y que en 2039 este porcentaje suba a 48%», afirmó Islas, añadiendo que se instalarán casi 5 GW de almacenamiento.

• Desde la Semarnat, Jorge Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible, reconoció que el principal desafío es lograr la meta de reducción del 64% de las emisiones de gases de efecto invernadero (225 millones de toneladas) hacia 2030. Para ello, señaló la necesidad de «reorientar el gasto público, mejorar los mecanismos regulatorios» y explotar la economía circular.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, presentó hace unos días las siete prioridades climáticas de México rumbo a la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém, Brasil. Durante la Semana del Clima en Ciudad de México, Bárcena reafirmó el compromiso del gobierno con una «acción climática basada en la justicia social» y anunció que el país trabaja en su nueva Contribución Determinada Nacional (NDC 3.0).

• La actualización de la NDC fijará una meta absoluta de reducción de emisiones al 2035, alineada con el objetivo de cero emisiones netas en 2050. El documento, actualmente en consulta con los sectores industrial, de construcción y agropecuario, se estructura en cinco pilares: mitigación, adaptación, pérdidas y daños, medios de implementación y perspectiva de género.
• Entre las prioridades que México llevará a la COP30 destacan el fortalecimiento del multilateralismo, el aumento del financiamiento para adaptación climática, la promoción de una transición justa desde el territorio y el reconocimiento de los conocimientos indígenas. «La COP30 será la COP de la verdad, México va con una agenda clara, realista y con la fuerza de su gente», enfatizó la funcionaria ante más de 250 participantes.

Bárcena presentó la Política Ecológica y Ambiental Humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum como un cambio de paradigma frente al «modelo extractivista y desigualador que ha agotado los ecosistemas».

La secretaria anunció que se trabaja en una Ley de Economía Circular que establecerá la responsabilidad extendida del productor, así como en el fortalecimiento de la Ley General de Cambio Climático para incorporar nuevos sectores regulados.

• El gobierno también impulsa el Acuerdo Nacional de Bosques, Selvas y Manglares, con la meta de reforestar 200,000 hectáreas de bosques y 18,000 de manglares. Además, la Semarnat y la SEP trabajan con Unicef para incorporar contenidos de cambio climático y economía circular en los programas escolares.
• La titular de Semarnat subrayó que la acción climática requiere la participación de mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y juventudes. «Las comunidades locales son las verdaderas guardianas de la biodiversidad, sin su conocimiento y participación, no habrá transformación posible», concluyó.

El Presupuesto de Egresos para 2025 mantiene un financiamiento «raquítico» para el sector ambiental. Y, aunque en 2024 se decretaron 20 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), el presupuesto para la comisión que las gestiona (Conanp) no aumentó.

La brecha: metas vs. presupuesto y política fósil

A pesar del discurso oficial, diversas organizaciones señalan contradicciones significativas en la política de México. El principal punto de fricción es la “paradoja energética”. Mientras se habla de transición, se siguen destinando miles de millones de dólares al sostén de Pemex. Organizaciones como Greenpeace han sido enfáticas al señalar que la política energética actual, centrada en fósiles, «no es compatible con las metas nacionales e internacionales en la reducción de emisiones».

• La ambición de las metas también choca con los recursos asignados. El Presupuesto de Egresos para 2025 mantiene un financiamiento «raquítico» para el sector ambiental. Y, aunque en 2024 se decretaron 20 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), el presupuesto para la comisión que las gestiona (Conanp) no aumentó, comprometiendo su operación real.

Esta falta de fondos también impacta la adaptación. «El Bosque» en Tabasco, la primera comunidad oficialmente reconocida como desplazada por el cambio climático en México, sigue sin protocolos claros o presupuesto para su reubicación. Un segundo análisis de organizaciones civiles revela que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 también reduce recursos para adaptación y mitigación climática.

• Además, el 93% de los fondos etiquetados para cambio climático se destinan a programas sin contribución clara al tema, como obras e infraestructura del Ejército, trenes de carga y pasajeros. Esta propuesta contrasta con el perfil de Sheinbaum, científica y académica especializada en cambio climático que formó parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU.
• La austeridad ambiental que caracterizó al sexenio de Andrés Manuel López Obrador continúa en el gobierno de Claudia Sheinbaum. El Proyecto de Presupuesto 2026 asigna a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) poco más de 103 millones de dólares, una reducción real del 4% respecto al año anterior. En contraste, Petróleos Mexicanos (Pemex) recibirá un aumento del 7.7%.

Daniel Antonio Martín Villar, coordinador de la alianza NOSSA, critica que el sector ambiental apenas representa el 0.1% del PIB. «Teníamos la idea, por el perfil de la Presidenta y también de la secretaria Alicia Bárcena de ver un aumento en el presupuesto ambiental y no es así.

• En realidad la voluntad política o las prioridades del Gobierno están en otro lado, alejadas del medio ambiente. Se sigue apostando por combustibles fósiles», afirma.

Según el análisis de NOSSA —que publicará su evaluación completa en octubre en el informe «Cuidar lo que importa»—, con este presupuesto cada una de las 98 millones de hectáreas protegidas del país recibirá en promedio 10.22 pesos, aproximadamente medio dólar.

Detalles de la nueva Contribución Nacional

En la conferencia, Andrea Hurtado, directora general de Políticas para la Acción Climática de la Semarnat, explicó que la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) que México presentará en la COP30 reafirma la neutralidad de carbono para mediados de siglo.

• Destacó que la NDC 3.0 no solo establecerá compromisos, sino «cómo van a lograrse», incluyendo financiamiento. Además, México incluirá acciones de adaptación y, por primera vez, componentes de «pérdidas y daños», como la atención humanitaria ante emergencias climáticas y el desplazamiento humano.

Mientras tanto, la SADER informó que se trabaja en 64 municipios que concentran la mitad de los incendios forestales y que se firmará un Acuerdo Nacional por los Bosques y los Manglares para reducir la deforestación, una problemática que, según la Fundación Rosa Luxemburg, persiste debido a la «impunidad en los cambios de uso de suelo ilegales» y la falta de protección a defensores ambientales. /PUNTOporPUNTO