La muerte de Manzo: un parteaguas político para el actual gobierno El Financiero
La república en problemas. La violencia desatada. La delincuencia desafiando al Estado mexicano. «No podemos tapar el sol con un dedo». Reconocer la dimensión del problema es parte de su solución. La política del avestruz conduce al fracaso.
Los asesinatos de Carlos Manzo, del líder limonero Bernardo Bravo y de varias decenas de presidentes municipales son una realidad lamentable que demuestra la indefensión en que se encuentran los estados y municipios, así como la ausencia de acciones oportunas por parte de las autoridades encargadas de la seguridad.
Estos trágicos acontecimientos han encendido la alarma y puesto en evidencia la fragilidad de la estrategia de seguridad nacional. La muerte de Manzo pone al gobierno contra las cuerdas. Es un parteaguas político. Es una situación muy delicada para el país. En este problema se juega el destino del actual gobierno. Esta batalla sólo se ganará con recursos, con voluntad política, con información de inteligencia, con determinación estratégica y con la unidad de todas y todos los mexicanos.
Restablecer el Estado de derecho y garantizar la paz debe ser la prioridad nacional y el gran compromiso de este gobierno. Es tan delicado el asunto que se debería convocar a un Acuerdo Nacional por la Seguridad. A pesar del importante esfuerzo gubernamental del último año, el discurso oficial, ante la realidad, se está desgastando y perdiendo credibilidad. Vale la pena pasar a una nueva etapa, con instrumentos nuevos, más recursos y responsables estatales.
Dada la magnitud del problema, se deberían asignar los recursos presupuestales suficientes para hacer frente a este desafío. Me parece que no ha sido así. Los recursos que se han autorizado en el presupuesto 2026 para este fin son similares o menores a los de hace doce años. Es una incongruencia total.
Otro elemento a revisar es la ausencia de una estructura formal y profesional en cada una de las entidades federativas y en los municipios. En consecuencia, hace falta construir, con urgencia, en cada estado y municipio, las instituciones de seguridad. Además, se debe pasar de una política indiscriminada a una discriminada. Un programa específico para cada estado, en el cual los gobernadores se responsabilicen y encabecen la lucha contra la inseguridad.
En Chiapas, el gobernador Ramírez Aguilar asumió el compromiso de pacificar el estado, así como restablecer el Estado de derecho y la seguridad. Para lograr este objetivo, creó un grupo élite profesional y especializado de policías para combatir la delincuencia y ha avanzado en la pacificación. Guardando las diferencias, se podría aplicar este modelo en algunos estados del país.
«El horno no está para bollos». A la tragedia de los asesinatos se suma la desventura del acoso sexual a la presidenta y se exhibe su pésima estructura de seguridad personal. Los ánimos están tan caldeados que corre el rumor en redes de que dicho acoso fue un montaje para victimizarla y contrarrestar el efecto del asesinato de Manzo. Como haya sido, lesiona gravemente a la figura presidencial. El montaje sería mucho más grave porque destruiría la calidad moral de la presidenta. «Haiga sido como haiga sido», como dice el clásico, la moneda está en el aire,
