Bonilla: el sombrero ajeno Libertadbajopalabra.com

Filiberto Vargas Rodríguez /

Prefacio.

Los abusos contra los empleados del gobierno estatal son recurrentes y nadie en la administración de Rocío Nahle muestra disposición para buscar soluciones apegadas a derecho. *** Ante ese escenario, llama la atención que nueve de las 10 organizaciones sindicales que se han formado para defender los derechos de la burocracia estatal, hayan decidido unirse y colocar como prioridad de sus acciones la defensa de los derechos que han sido vulnerados. *** Los dirigentes de SEPEV, SIDEPEV, SIEDIPEV, SLTSPEEV, SEPEVUD, SADTPEEV, PROFIEISSPEV, ASISTEV y ASTPEV conforman ahora una coalición para rescatar derechos y prestaciones pendientes, como la recategorización para que en un futuro los servidores públicos puedan jubilarse con un salario decoroso o, cuando menos, que no sea miserable como ha pasado con muchos pensionados y jubilados que el IPE tiene en su padrón. *** Uno de los temas que más preocupa a estas representaciones sindicales es la decisión del IPE de aplicar una modalidad de pago de cuota a los que pretendan jubilarse, con el llamado “sueldo regulador” que no es otra cosa más que un gravamen al pago por su jubilación. *** El consejo técnico del Instituto de Pensiones del Estado hace un cálculo poco claro para descontar del pago de jubilación hasta un 40%, con el pretexto de que cuando entró en vigor la Ley 287 del IPE el servidor público no tenía derechos adquiridos y lo califica como “transitorio”. *** No toman en cuenta, sin embargo, que les están aplicando, en su perjuicio, una legislación de manera retroactiva, y que -además- las pensiones están protegidas por resoluciones de la Corte, a pesar de lo cual les aplican un descuento injusto e indebido. *** Estas organizaciones sindicales tienen un fuerte compromiso con sus representados y deben aplicarse o los aplastan, porque no sólo lucharán contra prácticas muy frecuentes (acoso, hostigamiento laboral y despidos injustificados), sino que ahora les llega una violenta reforma para que sus registros sindicales pasen de un órgano autónomo como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a las Juntas de la Secretaría del Trabajo, un órgano que acata las órdenes del Poder Ejecutivo.

* * *

Soy un convencido de que, en el análisis periodístico, la inmediatez no es conveniente. Hay, sí, espacios en los que se compite por ser los primeros en dar una noticia, pero cuando se trata de profundizar en la trascendencia de un hecho, es pertinente esperar a que se generen las primeras consecuencias.

Me enteré del gesto ausente de modestia de la senadora Raquel Bonilla Herrera, oriunda de Poza Rica, quien se atrevió a colocar una etiqueta con su nombre y cargo a las despensas que donó la representación de Taiwán.

Esperé con calma que, en las horas posteriores a la exhibición de tal ruindad, la legisladora saliera a disculparse, a sugerir algún “error de comunicación”, o “la imprudencia de un colaborador”, pero nada de eso sucedió.

La senadora Raquel Bonilla (“muy cercana”, cuentan, a la gobernadora Rocío Nahle) decidió pasar por alto los mensajes en los que lo menos que le dicen es “carroñera”, en alusión a un término utilizado por la propia Rocío Nahle y hasta por la presidente Claudia Sheinbaum y dirigido a los que “pretenden sacar raja política de la desgracia ajena”.

Quienes la conocen mejor, argumentan que Raquel Bonilla “está ansiosa de reflector”, porque su primer año legislativo “lo ha nadado de muertito”.

Y es que fueron los propios ciudadanos de Poza Rica, esos que lo perdieron todo, los que reciben con gusto las expresiones de generosidad de México y el mundo, los que criticaron la actitud de la senadora veracruzana.

“Si Taiwán envió esta ayuda humanitaria, la legisladora debió respetar la procedencia y no poner su nombre y logotipo personal en las despensas, lo que es una acción de evidente oportunismo político”, afirmaron.

Pero su “gesto generoso” (repartir en las colonias de su pueblo las despensas que envió un gobierno amigo) no debía pasar desapercibido. En un video que subió a sus redes sociales, la legisladora morenista dijo: “Desde el otro lado del mundo, Taiwán tendió su mano a Veracruz con un gesto profundamente humano: apoyo, cercanía y solidaridad hacia las familias que perdieron tanto tras la inundación del 10 de octubre”.

Sí, pero en cada despensa, la etiqueta con su nombre destacado: Raquel Bonilla junto a la leyenda: “Apoyo humanitario a México y Veracruz. Taiwán solidario”.

Es tal su afán de protagonismo, que la legisladora cometió esta pifia que podría costarle un extrañamiento de las autoridades taiwanesas, ante un hecho de oportunismo político.

Lo que quedó en evidencia es que la legisladora requiere justificar su presencia en la Cámara Alta, en la que su aportación ha sido proponer que se declare el 18 de mayo como “Día Nacional de la Mujer en el Sector Marítimo” o que se derogue el párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución federal.

De muy poco le han servido los dos diplomados que presume —uno en Estrategia, Gestión y Administración Municipal y otro en Gestión y Política Pública— y su interrumpido paso por la facultad de Derecho.

Y pensar que ella es la que representa al pueblo de Veracruz.

* * *

Epílogo.

Faltan siete semanas para que concluya el presente año y, con ello, que se concrete el cambio en los gobiernos municipales. *** En Xalapa, los responsables de la obra pública hacen lo necesario para obtener su “bono de marcha” y por lo pronto están retrasando los pagos empresas constructoras y proveedores. *** En la Dirección de Obras Públicas, que encabeza el arquitecto Guillermo Ávila Devezze, hay una sola ruta para conseguir que salgan los pagos de obras concluidas y productos entregados: pasar con el subdirector de Planeación y Proyectos, Gerardo Lobato Guzmán, que es el encargado de poner una “tarifa” al trámite de cobro. *** ¿Cuánto piden? “Depende del sapo, la pedrada”. ¿Estará enterado de eso el secretario de Gobierno (y alcalde con licencia) Ricardo Ahued?