Habrá “comisionados presidenciales’’ en Michoacán, como con Peña
Obligada a volver la mirada a Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un programa de rescate de la entidad, azotada por el control del narco desde hace años.
El programa o plan, denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, llega a destiempo y presionado por la ciudadanía del estado, cansada de vivir entre extorsiones y asesinatos ante la ineficacia total del gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla.
Sheinbaum explicó que la estrategia tiene tres ejes: 1. Seguridad y Justicia; 2. Desarrollo Económico con Justicia; y 3. Educación y Cultura para la Paz.
Más que ambicioso, el programa suena muy pomposo.
La primera línea de ataque será llevar más elementos federales al estado, crear una fiscalía especializada en investigación de delitos de alto impacto, crear oficinas de representación ¡De la Presidencia de la República! en algunos municipios y, como se hace en Sinaloa desde que se desató la guerra entre Chapitos y Mayitos, que el Gabinete de Seguridad sesione una vez cada 15 días en la entidad.
La Presidenta no explicó por qué habrá que tener oficinas con su representación en algunos municipios.
Si se hacen, se estaría reconociendo que el gobierno estatal más que ayudar, estorba, y que tendría que haber un comisionado presidencial (varios, en este caso) para vigilar el cumplimiento de la estrategia, a contrapelo de lo que hagan o digan los encargados del Gabinete de Seguridad.
Mucho criticó la 4T a Enrique Peña por haber designado en el 2014 al exprocurador del estado de México, Alfredo Castillo, como titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, desde entonces víctima de los cárteles del narco.
La gestión de Castillo fue un fracaso.
Once años después, la Presidenta, de alguna manera, repite la fórmula proponiendo oficinas con su representación en los municipios más violentos.
Si el programa anunciado ayer fue para pacificar a los ciudadanos indignados por el asesinato de Carlos Manzo, quizá funcionó, pero a la larga, sin resultados tangibles, será un arma de doble filo.
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El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, hizo un recuento del número de funcionarios públicos asesinados en los siete años que lleva Morena en el gobierno: más de 300 funcionarios asesinados, 31 alcaldes ejecutados, y el crimen organizado controlando más del 60% del país.
“La violencia no para, la censura avanza y el Gobierno de Morena sigue mintiendo, protegiendo a delincuentes y reprimiendo a quien se atreve a señalar su fracaso.
“Este es un Estado fallido. Un régimen incapaz, corrupto y coludido con el crimen’’, dijo en el Senado.
Y aunque Morena y sus socios políticos aseguran que la oposición “está lucrando con la tragedia’’, ¿no hicieron lo mismo con el caso Aguas Blancas o Ayotzinapa?
¿O es que el oficialismo tiene la patente de la indignación?
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Con el escenario de Michoacán de fondo, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo una reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Ramírez Aguilar destacó que la coordinación con las fiscalías, en un marco de respeto a su autonomía, y el trabajo conjunto derivado de la Estrategia Nacional de Seguridad, han sido determinantes para que, en tan solo un año, Chiapas se consolide como una de las entidades más seguras y pacíficas del país.
El mandatario reconoció el respaldo que el fiscal Gertz Manero ha brindado a Chiapas desde el inicio de la actual administración estatal.
@adriantrejo
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