Reprueban atención a empleado de Plenitud Diario.mx
La muerte de Facundo Teófilo Martínez Robledo, uno de dos acusados de ocultar y almacenar cuerpos de manera ilegal, así como tratarlos de manera indigna en el crematorio Plenitud, demuestra “la incompetencia de la Fiscalía de Distrito Zona Norte” por no cuidar a un activo valioso en las investigaciones del caso, señaló Dora Elena Delgado Barraza, portavoz del colectivo Justicia para Nuestros Deudos.
“Esto que acaba de ocurrir evidencia nada más la incompetencia de la Fiscalía Zona Norte de resguardar la integridad física de un testigo potencialmente importante, porque él es el que tenía todo el conocimiento del manejo del crematorio Plenitud. Él era el que tenía el conocimiento de cuáles eran las funerarias que operaban el crematorio”, señaló la activista.
Desde el 30 de junio, Martínez Robledo se encontraba preso de manera preventiva luego de ser acusado formalmente de los delitos señalados. El 30 de octubre fue atendido por médicos del Centro de Reinserción Social número 3 por una afectación pulmonar, pero tuvo que ser trasladado al Hospital General, donde murió a las 8:10 de la noche.
“Falleció a consecuencia de complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar crónica que padecía de tiempo atrás. Esta persona tenía 64 años de edad al momento de su muerte”, informó Jorge Armendáriz, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dependencia encargada del Sistema Penitenciario del Estado.
De acuerdo con la formulación de imputación de la causa penal 3689/2025, aproximadamente entre el 7 de marzo de 2022 y el 27 de junio de 2025, José Luis A. C. y Martínez Robledo, el primero como propietario del crematorio Plenitud y el segundo como empleado, ocultaron 383 cadáveres (en la cuenta al 30 de junio, día de la audiencia inicial) en descomposición colocados uno encima del otro, en el suelo, en un ambiente con roedores, fauna nociva y fauna de la zona, y no cremaron los cuerpos dentro de los términos legales establecidos, ni tramitaron la documentación para su permanencia en el crematorio, así como operar sin dictamen de impacto ambiental, afectando la dignidad y el respeto hacia los cadáveres.
Dentro de la información que públicamente ha sido difundida está una declaración de Facundo Teófilo en sede ministerial, el día de su detención. Dijo que tenía más de 40 años trabajando para la familia de A. C., y acusó que sus empleadores lo tenían trabajando sin luz, sin agua, y sin lo primordial para operar un negocio donde se incineran restos humanos: gas.
Dijo entonces que iban un poco atrasados, y habló trastabillando de 30 cuerpos, luego de 80, luego de 160, y aseguró que no llevaban un registro de entrada y salida de cadáveres ni cenizas.
Delgado Barraza afirmó que “no nada más se trata de poder demandar y tener la facultad de demandar, con los elementos que tenemos, a las funerarias. Se trata de saber qué ocurría al interior del crematorio para poder llegar a la verdad, a esa verdad transparente por la que nosotros hemos luchado”, pero la muerte de Facundo afectaba ese propósito.
