Apellidos del poder, millonario negocio Sol Yucatán
- El gobernador adjudica contrato por 39 millones de pesos a Industriales del Vestido, cuya dirección financiera está encabezada por Alberto Sauri Riancho, hermano de la exgobernadora priísta Dulce María Sauri.
- Aunque hoy aparece como un fabricante de mochilas, uniformes y textiles, el origen de Industriales del Vestido no está en la industria del vestido, sino en la venta de insumos médicos.
- El parentesco, la transformación societaria y el repentino acceso a contratos de alto valor son señales de un posible conflicto de interés que debería ser investigado.
Redacción/Sol Yucatán
En un acto que expone la red de viejos apellidos del poder que sobreviven bajo la administración de Morena, el gobernador de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, adjudicó un contrato por 39 millones de pesos a la empresa Industriales del Vestido, S.A. de C.V., cuya dirección financiera está encabezada por Alberto Sauri Riancho, hermano de la exgobernadora priísta Dulce María Sauri Riancho, también exaspirante a la candidatura presidencial de la alianza PRI-PAN.
El contrato —número SBY-DAF-DBEF-01-2025— fue firmado a través de la Secretaría de Bienestar del Estado de Yucatán, encabezada por Fátima del Rosario Perera Salazar, y tiene por objeto la adquisición de mochilas escolares para el programa “Bienestar en tu Escuela”.
De acuerdo con los documentos oficiales, la adjudicación se realizó mediante licitación pública y fue ganada por Industriales del Vestido, S.A. de C.V., representada por Nadia de Atocha Martín Ramírez, con un monto máximo de 39 millones 155 mil pesos.
De Riviera Maya Medical a Industriales del Vestido. Aunque hoy aparece como un fabricante de mochilas, uniformes y textiles, el origen de Industriales del Vestido no está en la industria del vestido, sino en la venta de insumos médicos.
El folio mercantil 24010 del Registro Público de Comercio de Cancún revela que la empresa nació como Riviera Maya Medical Supplies, S. de R.L. de C.V., y en 2016 fue transformada y renombrada ante notario público Jorge Ramón Peniche Aznar, con cambio de domicilio social a Benito Juárez, Quintana Roo, y un nuevo objeto: la fabricación, compra y venta de ropa, calzado y uniformes, así como la participación en licitaciones públicas.
El consejo de administración quedó integrado por Pedro Enrique Góngora Medina (presidente), René Amílcar Brito Parra (secretario), Reynaldo Antonio Perdomo Castellanos (vocal) y Alberto Sauri Riancho como tesorero, con facultades plenas para actos de dominio y financieros, incluyendo la apertura de cuentas bancarias, suscripción de títulos de crédito y celebración de operaciones con autoridades.
Es decir, el hermano de la exgobernadora no solo forma parte de la estructura directiva, sino que administra y autoriza los movimientos financieros de la compañía.
El contrato de las “mochilas del bienestar”. El contrato suscrito con el gobierno estatal establece que la empresa surtirá entre 205 mil y 410 mil mochilas escolares fabricadas con poliéster importado, cintas de polipropileno y cierres reforzados tipo #5.
Cada mochila, con el logotipo del “Gobierno del Estado de Yucatán/Bienestar en tu Escuela”, fue cotizada entre 82.33 y 95.50 pesos por unidad, sin incluir IVA.
El monto máximo es de 39 millones 155 pesos, lo que convierte este acuerdo en uno de los más altos asignados por la Secretaría de Bienestar durante 2025.
La empresa se comprometió a entregar el total de mochilas antes del 31 de diciembre de 2025, en la bodega central de la Secretaría de Bienestar en Mérida, Yucatán.
El nombre Sauri Riancho vuelve a resonar en la política yucateca, aunque ahora desde las sombras del poder económico.
Mientras Dulce María Sauri intenta mantener presencia en la esfera nacional como voz opositora y figura moral del PRI tradicional, su hermano Alberto Sauri se coloca en el corazón de un contrato multimillonario otorgado por un gobierno emanado de la 4T, el mismo movimiento que durante años ha acusado al PRI de corrupción y nepotismo.
La operación revela una extraña confluencia entre adversarios políticos históricos, pues Díaz Mena —exdelegado federal y aliado del presidente López Obrador— favoreció con recursos públicos a una empresa dirigida por el entorno familiar de una exgobernadora priísta.
El parentesco, la transformación societaria y el repentino acceso a contratos de alto valor son señales de un posible conflicto de interés que debería ser investigado tanto por la Secretaría de la Contraloría del Estado como por la Auditoría Superior de la Federación, en caso de que se utilicen fondos federales.
Empresas de papel, mochilas de oro. Expertos consultados en materia administrativa explican que el uso de empresas transformadas o reactivadas es una práctica común para simular competencia y facilitar adjudicaciones previamente dirigidas.
En este caso, Industriales del Vestido carecía de historial público de contratos o producción antes de 2025, pese a estar constituida desde hace casi una década.
El cambio de objeto social en 2016 —de insumos médicos a ropa y uniformes— coincidió con la entrada de Alberto Sauri Riancho en su dirección financiera, lo que indica que la transformación fue planeada para participar en licitaciones públicas y obtener contratos del sector educativo o social, como el actual.
El caso de Industriales del Vestido refleja una constante en la política peninsular: los apellidos nunca se retiran, solo cambian de giro.
Dulce María Sauri —quien en su momento fue señalada por enriquecimiento durante su gobierno— reaparece ahora bajo el paraguas de una empresa familiar que factura al gobierno de la 4T, en un ciclo donde la vieja clase política priísta y los nuevos administradores de Morena comparten el mismo tablero económico.
Mientras tanto, las mochilas del “Bienestar en tu Escuela” se convierten en símbolo de otro tipo de bienestar: el de las familias políticas que siguen haciendo negocio con el erario público.
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