Revelan que Adán Augusto López y sus notarías constituyeron empresas involucradas en ‘La Estafa Maestra’ Vanguardia.com.mx

En el corazón del poder político tabasqueño, donde los lazos familiares se entretejen con los hilos del gobierno y la administración pública, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que los hermanos Adán Augusto López Hernández —actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado y exsecretario de Gobernación— y Melchor López Hernández —notario público en Tabasco— fueron pieza clave en la creación de empresas vinculadas con el desvío de más de 464 millones de pesos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Estas operaciones formaron parte del complejo entramado de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”, uno de los mayores escándalos del sexenio de Enrique Peña Nieto.
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Omar García Harfuch desmiente ataque en su contraLas notarías del clan López HernándezEn el centro del caso aparecen dos notarías tabasqueñas: la número 27, a cargo de Adán Augusto, y la número 13, bajo la titularidad de su hermano Melchor.
Ambas fueron el punto de origen de varias compañías fantasma, constituidas con prestanombres y posteriormente señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por su participación en triangulaciones de recursos públicos.
Desde la notaría 27, Adán Augusto dio fe de la creación de CCTI y Surface Technology, dos firmas que recibieron al menos 270 millones de pesos de Pemex por supuestos servicios que nunca fueron comprobados.
Por su parte, Melchor López Hernández, desde la notaría 13, constituyó E&P Solutions, otra empresa que obtuvo 194 millones de pesos mediante subcontratos con universidades públicas y dependencias de Pemex.
Las empresas fantasma y el patrón repetidoLa investigación de MCCI documentó que al menos trece empresas ligadas a las notarías de los hermanos López Hernández —y a la de un excolaborador suyo, Narciso Oropeza Andrade— fueron posteriormente incluidas por el SAT en su lista definitiva de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
Estas compañías, conocidas popularmente como “factureras”, han sido utilizadas durante años como vehículos de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de recursos públicos.
Entre las firmas registradas por la notaría de Adán Augusto aparecen:Grupo Consultor de Tabasco, S.
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, enlistada por el SAT en julio de 2017.
Grupo Crusa México, In Process By QA, Integración de Personal Activo del Sureste y Surface Technology, todas integradas a la lista negra entre 2018 y 2020.
Desde la notaría 13, Melchor López Hernández dio fe de la constitución de E&P Solutions y Canayok S.
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, ambas declaradas factureras en 2018.
El esquema se repite en la notaría del exsecretario de Movilidad de Tabasco, Narciso T.
Oropeza Andrade, donde se certificaron seis compañías más: Línea Tabasco, Enlaces Comerciales y Servicios de Tabasco, Prestadora de Bienes en General El Edén, Arrendador y Constructor Ringo del Sureste, Barrela Comercial y PCP Servicios Técnicos Especializados.
Todas fueron declaradas fantasmas entre 2017 y 2018.
El rastro de “La Estafa Maestra”El 11 de septiembre de 2017, Animal Político y MCCI publicaron el reportaje “La Estafa Maestra”, una investigación que sacudió los cimientos de la administración federal.
El trabajo reveló cómo 11 dependencias del gobierno federal desviaron 7.
760 millones de pesos a 128 empresas, la mayoría inexistentes o fantasmas, mediante universidades públicas que actuaban como intermediarias.
En el caso de los hermanos López Hernández, las firmas Surface Technology y E&P Solutions fueron piezas del mismo rompecabezas.
Surface Technology, constituida el 3 de agosto de 2011 ante la notaría de Adán Augusto, tenía como accionistas a prestanombres de escasos recursos, residentes de colonias marginadas de Villahermosa.
Una de las direcciones registradas correspondía a una vivienda con techo de lámina, ubicada junto a una casa de seguridad de una banda de secuestradores, donde días antes de la constitución de la empresa fue liberada una víctima.
La ASF documentó que Surface recibió 177.
6 millones de pesos de Pemex Exploración y Producción, a través de la Universidad Popular de la Chontalpa, sin comprobación alguna de los servicios supuestamente prestados.
E&P Solutions, fundada el 7 de mayo de 2010 ante la notaría de Melchor López, compartía socios y domicilios con Surface Technology.
En el acta constitutiva figuraban una ciudadana venezolana y un empleado domiciliado en una de las zonas más pobres de Villahermosa.
En 2013, esa empresa recibió 194 millones de pesos mediante triangulaciones con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco.
La dirección fiscal correspondía a un despacho diminuto de cinco metros cuadrados en Ciudad del Carmen, Campeche, sin muebles ni empleados visibles.
Allí también operaba Energy Oil and Gas Services, otra compañía declarada fantasma por el SAT.
Ambas empresas fueron disueltas formalmente en abril de 2023, años después de ser señaladas por irregularidades y desaparecer del mapa financiero.
El caso CCTI: una sombra que persiste Una tercera empresa, CCTI S.
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, también fue constituida en la notaría 27 de Adán Augusto López el 28 de mayo de 2004.
Aunque no figura en la lista de factureras del SAT, su nombre reapareció en una auditoría de la ASF que detectó pagos indebidos por 92.
6 millones de pesos de Pemex a través de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR).
El convenio, firmado en marzo de 2012, se extendía hasta 2024, pero la ASF concluyó que CCTI no presentó evidencia documental que comprobara los servicios por los que fue contratada.
Crusa México: del notariado tabasqueño al sector salud chiapaneco Otro caso ilustrativo es el de Grupo Crusa México S.
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, constituido el 10 de octubre de 2008 ante Adela Ramos López, notaria sustituta de Adán Augusto.
La empresa fue señalada por el SAT como facturera definitiva y posteriormente apareció en la investigación de Impunidad Cero titulada “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, donde se documentó que Crusa México recibió más de 2 millones de pesos del Instituto de Salud de Chiapas durante la administración de Manuel Velasco, hoy senador por el PVEM.
Entre 2014 y 2016, la empresa emitió 62 facturas por montos que sumaron más de 2 millones de pesos, todas por servicios que el órgano fiscalizador no pudo verificar.
Aunque las empresas constituidas en las notarías de los hermanos López Hernández han sido disueltas o liquidadas, los rastros de su participación en el esquema de corrupción permanecen documentados.
El caso exhibe una intersección entre poder político y función notarial, donde las notarías —instituciones creadas para dar fe y certeza jurídica— se convirtieron en plataformas para legalizar operaciones falsas que derivaron en uno de los desfalcos más grandes de la historia reciente de México.
Adán Augusto López Hernández, hoy figura prominente del movimiento lopezobradorista, no ha sido investigado formalmente por estos hechos.
Sin embargo, el registro público de las actas notariales, los informes de la ASF, y las listas del SAT, trazan un mapa incómodo que conecta su oficina con empresas fantasma y operaciones de desvío multimillonarias.
A más de una década del inicio de las triangulaciones que dieron vida a La Estafa Maestra, el caso sigue siendo un espejo del sistema político mexicano:los nombres cambian, los gobiernos se transforman, pero las redes de poder y encubrimiento permanecen intactas.
En Tabasco, donde los López Hernández construyeron su carrera política y su influencia jurídica, las notarías 13 y 27 siguen activas.
Y aunque sus archivos guardan actas constitutivas de empresas que ya no existen, su huella en la historia reciente del país continúa viva, como testimonio del costo de la impunidad y de cómo el poder puede transformar la ley en un instrumento del fraude.