Bitácora Política | LA TRAGEDIA AMBIENTAL QUE ACECHA A VERACRUZ: LA IRRESPONSABILIDAD DE PEMEX Y LA OMISIÓN DE LA ASEA Nius de Veracruz

Opinión de Miguel Ángel Cristiani G.

En un contexto donde la degradación ambiental parece ser una constante del régimen político y económico, el reciente derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, en el municipio veracruzano de Citlaltépetl, representa no solo una catástrofe ecológica, sino un alarmante recordatorio de la indolencia con la que algunas autoridades, como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Petróleos Mexicanos (Pemex), siguen gestionando los riesgos ambientales en nuestro país.

El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier Herrera Borunda, ha dado un paso firme al presentar un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados, exigiendo a la ASEA un informe detallado sobre el derrame y los posibles efectos de este desastre en las comunidades ribereñas. Su preocupación no es infundada. La magnitud del daño ambiental y las posibles afectaciones a la salud de los habitantes de la región son cuestiones que deben ser atendidas con urgencia y seriedad. Lo que está en juego no es solo la fauna y la flora que habitan en el río Pantepec, sino la vida misma de las personas que dependen de este ecosistema para su supervivencia.

Lo que resulta inquietante es que, a pesar de los reiterados incidentes de contaminación en ríos, mares y tierras que hemos vivido en las últimas décadas, las respuestas del gobierno y de las empresas responsables, como Pemex, siguen siendo reactivas, cuando no francamente negligentes. La falta de mantenimiento en las infraestructuras y la escasa previsión ante posibles accidentes se han convertido en una constante. Este derrame no es un accidente aislado; es un síntoma de una gestión que antepone los intereses económicos de las empresas a la vida de los ciudadanos.

La crítica de Herrera Borunda no podría ser más pertinente. La calidad del agua en la región está comprometida, y las comunidades afectadas corren el riesgo de sufrir una crisis sanitaria de proporciones devastadoras. El informe que la ASEA debe entregar no solo debe detallar el tamaño del daño ecológico, sino también esclarecer si se actuó con la diligencia que la ley exige para contener el derrame en tiempo y forma.

Más allá de la magnitud del incidente, el comportamiento de Pemex ante el problema es alarmante. A pesar de que la paraestatal ha sido responsable de múltiples accidentes en el pasado, la respuesta de las autoridades ha sido tibia, casi cómplice. La transparencia y la rendición de cuentas son, en este sentido, un derecho inalienable de la ciudadanía, que tiene el derecho de saber qué se está haciendo para remediar los efectos de este desastre, y si este es el resultado de una omisión o negligencia.

Ya se ha empezado a anunciar -prematuramente- que el daño ambiental está ¿controlado?

Y quien va a reponer los daños causados al medio ambiente, a los productores del campo, de cítricos principalmente y hasta en las viviendas.

Que no nos vayan a salir con la excusa -ya gastada- de que se cuenta con un seguro para pagar los daños.

El llamado de Herrera Borunda a la intervención de la ASEA y su colaboración con el gobierno estatal de Veracruz, encabezado por la ingeniera Rocío Nahle García, es acertado. La responsabilidad de atender el desastre no recae exclusivamente sobre la federación. El gobierno estatal debe hacer valer su autoridad y velar por los intereses de los ciudadanos, que, como ha sido evidente a lo largo de la historia, no pueden confiar ciegamente en las respuestas de un gobierno federal cada vez más alejado de la gente.

Es crucial que la ASEA actúe con contundencia, estableciendo sanciones claras en caso de que se determine que Pemex incurrió en negligencia o falta de mantenimiento. No podemos permitir que la impunidad siga prevaleciendo en un país donde las políticas ambientales son constantemente vulneradas por quienes deberían ser los primeros en respetarlas. La protección del medio ambiente y la salud de las comunidades no es negociable, y mucho menos cuando los responsables son actores clave en el sistema energético del país.

El Partido Verde, al igual que otros actores políticos y sociales, ha hecho del medio ambiente uno de sus ejes de lucha. Sin embargo, más allá de los discursos, lo que importa es la acción concreta. El verdadero compromiso con la defensa del medio ambiente no se mide en palabras, sino en actos. Este derrame de hidrocarburos es solo uno de los tantos ejemplos de que, aunque los discursos ecologistas abundan, las políticas públicas eficaces para prevenir estos desastres aún están muy lejos de ser una realidad.

El reto es claro: exigir que las empresas como Pemex rindan cuentas y actúen con responsabilidad, pero también demandar que las autoridades encargadas de la protección del medio ambiente no se escuden en la burocracia ni en la falta de recursos. No es posible que, a más de 30 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y a la vista de los desastres ambientales que han marcado nuestra historia, sigamos permitiendo que la contaminación y el daño ambiental sean consecuencias inevitables de la actividad industrial.

La política ambiental no debe ser un tema accesorio o una bandera vacía en tiempos electorales. Debe ser una cuestión de vida o muerte para las generaciones presentes y futuras. El desastre ocurrido en el río Pantepec nos obliga a reflexionar sobre el modelo de desarrollo que hemos adoptado, donde la extracción de recursos naturales y el beneficio económico parecen estar por encima del bienestar de las personas y de los ecosistemas.

Si realmente queremos transformar nuestra realidad, tenemos que entender que la lucha por la protección del medio ambiente no puede ser una lucha marginal. Es el momento de exigir, con la misma firmeza que lo ha hecho Herrera Borunda, una verdadera política pública que garantice el cuidado del medio ambiente, la salud de los ciudadanos y la transparencia en la gestión pública. La hora de la acción es ahora.

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