Un sentenciado por terrorismo, una parlamentaria a la que le corten las uñas y mochasueldos: los legisladores que Perú Libre metió al Congreso Infobae

La bancada de Perú Libre se encuentra en el centro del debate político peruano tras la acumulación de denuncias, investigaciones fiscales y hechos controvertidos que involucran a sus integrantes y exmiembros. Mientras la agrupación busca deslindar responsabilidades con casos recientes como el de Lucinda Vásquez Vela, lo cierto es que solo es uno más de los constantes escándalos que apuntan a parlamentarios que ingresaron al Congreso bajo el estandarte de ese partido.

El partido fundado por Vladimir Cerrón difundió este 27 de octubre de 2025 un comunicado en el que aclara: “La congresista Lucinda Vásquez Vela, actualmente integrante de la Bancada de Juntos por el Perú, no forma parte de nuestra bancada desde mayo de 2022”. Además, solicita a los medios evitar lo que denomina informaciones falsas respecto a su actual pertenencia. Sin embargo, independiente a en qué bancada esté actualmente, accedió al Parlamento en las elecciones generales de 2021 gracias a los filtros del ‘lápiz’.

La sucesión de irregularidades protagonizadas por congresistas vinculados a Perú Libre abarca desde delitos sancionados como terrorismo hasta prácticas de corrupción en la administración pública y delitos vinculados a la ética parlamentaria. Un repaso a los casos más relevantes permite observar el alcance del impacto que estos escándalos han tenido en la política nacional.

Entre los hechos de mayor gravedad figura la sentencia a Guillermo Bermejo Rojas, condenado a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación terrorista. El fallo, emitido por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, determinó su responsabilidad tras hallarlo culpable de mantener vínculos directos con cabecillas de Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entre 2008 y 2009.

‘Mocha sueldos’

El caso ‘mocha sueldos’ se consolidó como uno de los principales escándalos en el Congreso, involucrando a varias figuras de Perú Libre. María Agüero es una de las principales investigadas: la Fiscalía allanó su casa y despacho por el recorte del 10% del sueldo de sus trabajadores. A estas exigencias se sumaban conceptos adicionales para supuestos gastos logísticos e incluso para cubrir problemas personales como la reparación de vehículos.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud de extradición de César Alexis de la Cruz Canales, exasesor parlamentario de Agüero, para que responda ante la justicia peruana por su presunta participación en el esquema de recorte de sueldos.

Katy Ugarte, también electa por Perú Libre, fue suspendida por 30 días por un caso similar. Audios y chats difundidos por Cuarto Poder muestran cómo se recaudaban estos aportes para gastos en imagen pública. La Fiscalía impulsó una denuncia constitucional por los presuntos delitos de concusión.

Edgar Tello y Pasión Dávila también figuran entre los acusados por recortar el sueldo a sus trabajadores. El primero de ellos, incluso, afronta una denuncia constitucional por el presunto delito de concusión, donde se incluye la solicitud de donación de 8 mil dólares a la Oficina Económica y Cultural de Taipéi para una supuesta entrega de canas y víveres a ollas comunes. En ese contexto, fue denunciado por acoso laboral.

En este grupo también se puede considerar a Janet Rivas. No precisamente por ‘mocha sueldo’, sino por tener en su planilla a una trabajadora “fantasma”, de 74 años, que reside en un distrito lejano al Congreso sin registrar actividad efectiva en el hemiciclo.

Corrupción y contrataciones

Las investigaciones por corrupción y tráfico de influencias también son parte de Perú Libre. Elizabeth Medina Hermosilla es una de las legisladoras cuya vivienda y oficina parlamentaria fueron allanadas por presuntos cobros ilegales en licitaciones municipales de Huánuco.

A la par, Francis Paredes fue acusada de solicitar y recibir 45 mil soles a cambio de la designación de un funcionario en el INPE. Según testigos y documentos bancarios expuestos por “Panorama”, parte de esos montos se canalizaron por intermediarios para asegurar nombramientos de confianza.

Américo Gonza también se suma a la lista de investigados. Fue sindicado de pertenecer a una red criminal dedicada al cobro de sobornos a oficiales de la Policía Nacional para facilitar ascensos. Además, se le acusa de contratar en su despacho a tres amigos y a familiares de los sobrinos del expresidente Castillo, hecho por el que fue denunciado constitucionalmente.

Cabe mencionar que no es el único, Germán Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Oscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiróz, Edgard Tello y Gonza fueron señalados, junto a legisladores de otras bancadas, de presuntamente favorecer nombramientos y obras públicas a cambio de beneficios personales o políticos. El caso fue conocido como ‘los niños’.

Por hechos similares, la congresista Kelly Portalatino fue denunciada por el Ministerio Público. En su caso, por la presunta negociación incompatible tras la contratación de Rommy Vásquez Yáñez—hijastra de su medio hermano—en el Ministerio de Salud y el Congreso, por gestiones que habrían derivado en la función parlamentaria y ministerial de la legisladora. También se le acusa de estar detrás de las contrataciones de Cindy Ríos Chicchi (conviviente de su hermano) y Lesly Valverde Broncano (hija de la nana de sus hijos), quienes se habrían beneficiado con salarios que superan los 15 mil soles mensuales.

Escándalos de tráfico de influencias

Betssy Chávez Chino, sindicada como una de las participantes del intento de golpe de Estado, también fue acusada por negociación incompatible y tráfico de influencias en contratos de allegados. El Congreso aprobó la acusación constitucional que abre paso a su investigación penal. A Chávez se le imputa adjudicar contratos en el Ministerio de Trabajo y Cofopri en favor de la familia de su entonces pareja Abel Sotelo, así como interferir en designaciones en el entorno ministerial de Pedro Castillo.

En paralelo, José María Balcázar, también de origen perulibrista, quedó señalado en un caso de cohecho activo y pasivo específico, tras ser acusado de intercambiar favores con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides a cambio de archivar denuncias constitucionales. Además, causó indignación tras respaldar abiertamente el matrimonio infantil.

“La medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer (…). Todas las relaciones sexuales en esas edades no generan ninguna consecuencia traumática”, expresó motivando el repudio de la ciudadanía.

Cuestionamientos éticos

Pese a que es conocido que cada parlamentario cuenta con un gran número de asesores, se develó que el congresista Paul Gutiérrez Ticona presentó proyectos legislativos con fragmentos copiados directamente de respuestas generadas por inteligencia artificial sin revisión. Estos documentos reproducían frases como “como modelo de lenguaje AI, no tengo acceso a información en tiempo real…”.

Otro de sus cuestionamientos tiene que ver con su propia hija, a quien buscó anular la pensión porque no le gustó su nombre. También presentó un proyecto de ley que incluía nuevas causales para exonerar la pensión de alimentos, el cual retiró ante la ola de críticas.

Asimismo, Nieves Limachi fue condenada por incumplimiento de pagos, y Jorge Marticorena, señalado por contratar a asesores con investigaciones abiertas por crimen organizado; Alex Randu Flores Ramírez y Wilson Rusbel Quispe Mamani, ambos con procesos abiertos en la Fiscalía.