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Hora cero
La salud no puede esperar
Luis Alberto Romero
Las inundaciones que azotaron la zona norte de Veracruz dejaron una estampa dolorosa: comunidades enteras bajo el agua, caminos destruidos y miles de familias que lo perdieron todo. Lo más grave, según cifras oficiales, fue la pérdida de 34 vidas humanas y la desaparición de otras 18 personas.
Sin embargo, entre el lodo y la desesperanza también surgió una respuesta institucional sólida, encabezada por el Gobierno del Estado y, de manera especial, por la Secretaría de Salud de Veracruz, que ha mantenido presencia permanente en el territorio afectado.
El desastre puso a prueba la capacidad de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. En ese contexto, el acuerdo firmado entre la Secretaría de Salud federal y el Gobierno de Veracruz adquiere especial relevancia: se trata de un marco de cooperación que busca fortalecer los servicios de salubridad general y garantizar que, aun en medio de una emergencia, la atención médica no se interrumpa.
Publicado el 16 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, este acuerdo establece las bases para una colaboración operativa y administrativa más eficiente entre los niveles federal y estatal. Su propósito es claro: unir esfuerzos, compartir recursos técnicos, humanos y financieros, y asegurar que los servicios de salud lleguen con oportunidad y calidad a cada rincón de Veracruz.
En medio de la tragedia, esa coordinación ya se traduce en acciones concretas. Desde el Centro de Comando Permanente instalado en el Aeropuerto Nacional El Tajín de Poza Rica, la Secretaría de Salud estatal, a cargo del doctor Valentín Herrera Alarcón, desplegó un operativo sanitario integral en conjunto con IMSS–Bienestar. Módulos fijos, unidades móviles y brigadas médicas recorren las comunidades afectadas para prevenir brotes de enfermedades infecciosas derivadas del contacto con agua contaminada y lodo.
La tarea no es menor. La experiencia demuestra que después de una inundación los riesgos epidemiológicos se multiplican con rapidez. Por ello, el personal de salud ha priorizado la aplicación de vacunas como el toxoide tetánico y las dirigidas contra rotavirus e infecciones respiratorias, además de garantizar el abasto de medicamentos e insumos médicos para niñas, niños y adultos mayores, los sectores más vulnerables frente a la contingencia.
Las brigadas también refuerzan la vigilancia epidemiológica y promueven medidas básicas de prevención: hervir el agua antes de consumirla, desinfectar alimentos y evitar el contacto con aguas residuales. Gracias a esta labor, la mayor parte de la infraestructura médica se mantiene en funcionamiento: el 95 por ciento de las unidades de salud opera con normalidad, y las que resultaron afectadas fueron sustituidas temporalmente por unidades móviles y consultorios itinerantes.
En Poza Rica, Álamo y otros municipios del norte, el verdadero reto en materia de salud pública apenas comienza. Tras las lluvias, se prevé un repunte de enfermedades como diarreas infecciosas, dengue, infecciones respiratorias y dérmicas.
Hasta ahora, la atención mediática ha estado centrada en las viviendas destruidas, los caminos interrumpidos y los daños materiales. Pero hay otra batalla que se libra de manera silenciosa: la de proteger la salud de la población damnificada. En este frente, la respuesta del sistema estatal ha sido oportuna, profesional y humana, porque ante el desastre, cuando todo parece perdido, la salud no puede esperar.
@luisromero85
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