Causa Vialidad: exigieron que se realice el decomiso de casi $700 mil millones contra Cristina Kirchner y los condenados Infobae

En un incisivo dictamen presentado este miércoles, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) que avance de manera inmediata con la ejecución del decomiso contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $ 684.990.350.139,86.

El requerimiento, elaborado en un dictamen de 65 páginas, destaca que la sentencia que halló culpables a los imputados “adquirió firmeza en todos sus términos (incluso en lo concerniente al decomiso) el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar la quejas interpuestas por las defensas”. “Sin embargo -precisa-, transcurridos más de 4 meses desde que la decisión quedó firme, aún no se ha concretado la ejecución del decomiso”, aseguraron.

“Es cierto que, durante ese lapso, el tribunal llevó adelante la actualización del monto de perjuicio, que dio como resultado la suma de $684.990.350.139,86. Asimismo, luego intimó a los imputados para que depositaran, en el término de 10 días, la suma millonaria con la que perjudicaron a la sociedad argentina. Sin embargo, los condenados se negaron a devolver el dinero de la defraudación. Para decirlo claro: no depositaron ni un solo peso“, escribieron los fiscales del juicio que terminó con una serie de condenas a prisión por irregularidades en el direccionamiento de las obras públicas en Santa Cruz durante el paso del kirchnerismo por el gobierno.

Luego expresaron: “La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años, además de mostrar su falta de arrepentimiento, constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley (art. 16, CN). Esto obliga al tribunal a activar los mecanismos necesarios para ejecutar los bienes embargados, hasta cubrir la suma de la defraudación“.

El monto en cuestión surge de la actualización del daño económico a la Administración Pública determinado en la sentencia del 6 de diciembre de 2022 del TOF 2 -integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso-, que impuso penas de prisión y el decomiso de los efectos del delito por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La cifra originalmente fijada en $ 84.835 millones fue recalculada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y llevada a casi $ 685.000 millones, luego de que el fallo quedara firme por decisión del máximo tribunal el 10 de junio de 2025.

En el escrito, Luciani y Mola sostuvieron que “el primer paso” contra la “erradicación de la impunidad de un hecho de gran corrupción” ya estaba hecho, en tanto “las personas condenadas están cumpliendo la pena en prisión, según las modalidades que estableció el tribunal”. Ahora, dijeron, es el turno de una etapa procesal ligada a la “recuperación de los bienes de la defraudación para asignarlos a fines nobles, útiles y públicos. Es decir, para que ahora sí cumplan las finalidades originales: verdaderas inversiones del Estado en rutas, salud, educación, vivienda, jubilaciones, justicia, seguridad, etc”.

Luego remataron: “Para nuestra sociedad, cuyos intereses generales este Ministerio Público Fiscal representa, resulta fundamental vislumbrar que la Justicia exige el estricto acatamiento de la ley a todos por igual, incluso a los poderosos“.

En otro tramo del documento, los fiscales evocaron el caso de María Julia Alsogaray, donde se remató un inmueble para cumplir con el decomiso de una condena. Para los acusadores, ese trámite “guarda semejanzas notables con lo que viene sucediendo en este expediente, incluso con los planteos que vienen realizando las defensas". En esa línea, señalaron que les parecía “asombroso observar cómo, en uno y otro caso, las personas condenadas por corrupción echan mano de los mismos artilugios para intentar escabullirse y evitar devolver lo sustraído a la sociedad: negar que cuentan con los bienes o el dinero necesarios para responder; plantear incompetencias manifiestamente improcedentes, entre otros”.

En un mensaje dirigido a los jueces, Luciani y Mola afirmaron que el tribunal “no puede ni debe desentenderse de su obligación” ligada a “hacer cumplir su fallo”. “Se trata -explicaron- de una orden de decomiso firme que tiene que ser ejecutada sin más demoras. Y precisamente para cubrir el decomiso, hay múltiples bienes embargados desde antaño que fueron cautelados en su oportunidad”.

El TOF 2 delimitó que la maniobra juzgada ocurrió entre mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015 y definió que los bienes incorporados en ese intervalo podían ser alcanzados por la ejecución. Con ese parámetro, en el caso de la ex jefa de Estado, el Ministerio Público Fiscal reclamó la ejecución de veinte inmuebles atribuidos a la familia Kirchner -entre hoteles, terrenos, viviendas y complejos de departamentos-. La ex presidenta y sus hijos se opusieron al remate y, en sus presentaciones, cuestionaron la medida en términos políticos: “lo que se busca no es recuperar activos de la corrupción, sino antes bien castigar simbólicamente a toda una familia por su historia, por su apellido y por su rol en la vida política argentina".

Máximo y Florencia Kirchner también plantearon que ellos eran “terceros ajenos a los hechos investigados” y que desapoderarlos de los bienes cedidos a su favor en el marco de un proceso sucesorio implicaría una confiscación.

Frente a estos planteos, los fiscales respondieron: “Cabe señalar, en primer lugar, que el pedido de decomiso de esos bienes no responde a una supuesta participación de Máximo y Florencia Kirchner en los hechos. Nada de eso. El decomiso se solicitó porque son cesionarios de bienes de propiedad de uno de los individuos condenados en la causa. En efecto, Cristina Fernández de Kirchner se desprendió de los activos en cuestión mediante la cesión de bienes gananciales en favor de sus hijos el 10/03/16; es decir, con el colosal fraude ya consumado (recordemos que la maniobra defraudatoria por la que Fernández se encuentra cumpliendo pena de prisión cesó recién el 10 de diciembre de 2015)”.

A su vez, subrayaron: “Tampoco puede perderse de vista que, como quedó probado en esta causa, quien actuó en múltiples oportunidades en representación de Néstor C. Kirchner y de Cristina E. Fernández en buena parte de los negocios celebrados con Lázaro Báez y su conglomerado empresarial durante el período de comisión del fraude contra la Administración pública fue, ni más ni menos, su hijo, Máximo Kirchner (hoy pretenso cesionario ‘de buena fe’)“.

Y añadieron: “Por todo lo expuesto, entendemos que los bienes que fueron incorporados por Cristina Fernández a su patrimonio durante el período comprendido entre mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015 y que, una vez consumado el fraude en perjuicio de la Administración pública, la propia condenada cedió a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner (...), son activos que forman parte del acervo ejecutable para cubrir el monto total fijado como producto del delito”.

Por otro lado, los fiscales repasaron las distintas impugnaciones del empresario Lázaro Báez frente a los avances de la condena, como la alegada “carencia de competencia” del tribunal para ejecutar el decomiso. Todos los puntos fueron desestimados a lo largo del dictamen, al igual que los planteos del resto de los condenados.

Luciani y Mola cerraron el escrito con la solicitud para que “se ejecute el decomiso de los bienes” identificados en un dictamen anterior, del 12 de septiembre. También hicieron reserva de apelar a la Cámara Federal de Casación si el tribunal oral llegara a resolver de otra manera.