La corrupción dentro de las escuelas de Tabasco Excelsior

Raúl Flores MartínezEn Tabasco, el panorama educativo se ha convertido en un reflejo del fracaso gubernamental de la gestión de Javier May Rodríguez, donde las escuelas públicas no sólo padecen rezagos académicos, sino que sobreviven entre aulas deterioradas, carencia de mobiliario y un esquema de corrupción que, lejos de corregirse, se ha institucionalizado.
Las cooperativas escolares, en lugar de apoyar a los estudiantes, se han transformado en negocios millonarios que enriquecen a directores y funcionarios, mientras los niños estudian en condiciones indignas.
Lejos de combatir la corrupción, la administración de Javier May Rodríguez la ha tolerado e incluso normalizado dentro de los planteles los directores y funcionarios educativos operan negocios personales con total impunidad, amparados por la Secretaría de Educación estatal, que se ha convertido en cómplice silencioso de este saqueo.
El dinero que debería destinarse al bienestar de los alumnos termina engrosando los bolsillos de unos cuantos, perpetuando la desigualdad y el abandono en el sistema educativo tabasqueño.
En entrevista con Excélsior, el presidente de la Asociación Estatal de padres de familia del estado de Tabasco, Ismael Jiménez Xicoténcatl, denunció que las llamadas “cuotas voluntarias”, que en la práctica son obligatorias, se han convertido en la única vía para sostener el funcionamiento de muchas escuelas, pese a los compromisos oficiales de eliminar este cobro, el gobierno estatal no ha cumplido.
Agregó que, con ese dinero, los padres pagan desde papel de baño, intendentes, hasta maestros de inglés de lo contrario las escuelas simplemente no funcionan.
Hay que ejercer un presupuesto para las escuelas cuando menos para que estén limpias, para que no les falte mobiliario pero aunado a de que los papás están pagando todo eso a veces aquí en el estado hay papás y escuelas que pagan los intendentes que pagan las niñeras que asisten a los niños de preescolar a veces hasta maestros de inglés lo pagamos los papás”, detalló.
Destacó que, en al menos 500 secundarias de Tabasco, las cooperativas escolares generan ingresos millonarios que son manejados de manera discrecional por los directores y un pequeño grupo de funcionarios para beneficios de ellos mismos y no de la comunidad estudiantil, mucho menos de la infraestructura escolar.
En las escuelas secundarias de aquí, de aquí del estado de Tabasco, que son un poquito más de 500, quienes manejan las tiendas de consumo son los directores, un contralor y la Setab, pero ya les comprobé con un cheque y estado de cuenta que, en esas tiendas de consumo, hay un ingreso de más de un millón de pesos en todo el ejercicio.
Documentos bancarios en poder de Excélsior muestran que esos negocios llegan a acumular diariamente hasta 40 mil pesos, y más de un millón de pesos al año por escuela, dinero que debería destinarse a mejorar las instalaciones y que, en cambio, termina en oficinas climatizadas de directivos.
En lugar de ejercer el dinero en la escuela, la ejercen en la dirección, que tienen clima, que tienen computadora y las escuelas, la verdad que parecen más bonito el reclusorio, porque no podemos estar dejando que los directores sigan metiendo la mano en los dineros que son de los papás”, dijo.
Existen casos como el del CBTIS 32, en Villahermosa, donde se recaudan hasta 10 millones de pesos cada semestre gracias a cuotas, cafeterías y servicios internos, mientras los alumnos estudian en instalaciones deterioradas, sin ventiladores ni condiciones mínimas de higiene.
“En las cooperativas se venden productos prohibidos por los programas de salud escolar, pero nadie interviene porque los propios directores son juez y parte, ellos deciden qué se vende, cuánto se cobra y a dónde va el dinero.
Y todo a costa de los padres de familia”, aseguró Jiménez Xicoténcatl.
El reglamento escolar es claro: ni maestros ni directores deberían manejar recursos económicos de las cooperativas; sin embargo, en Tabasco esa norma se ignora sistemáticamente, con el aval tácito de las autoridades educativas, sobre todo con el aval del gobernador Javier May Rodríguez.
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