Despido con sospechas: Froylán Salas sale de la Secretaría de Economía Periódico Correo

1.- Despido con sospechas: Froylán Salas sale de la Secretaría de Economía

Se oficializó el despido de Froylán Salas Navarro de la Subsecretaría para el Desarrollo de las MIPyMES de la Secretaría de Economía. Su salida ocurre en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en su gestión y posibles favorecimientos a particulares mediante convenios para la entrega de recursos públicos.

Como Periódico Correo documentó previamente, al ahora exfuncionario se le acusaba de haber operado convenios de apoyo e incluso de entregar información empresarial sin autorización a Concamin Bajío, organismo liderado por Ismael Plascencia Núñez, que recibió financiamiento por millones de pesos a través de la Asociación de Industriales del Bajío A.C. (Indubaj), gestionados directamente por Salas Navarro.

Por estos hechos, Rogelio Santoyo —excolaborador de la Secretaría de Economía, cuya salida ocurrió tras disputas internas con Salas Navarro— denunció que se trataba de un esquema de triangulación de recursos mediante la contratación de empresas vinculadas con líderes empresariales. Esto derivó incluso en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, de la cual Salas Navarro aseguró no haber sido notificado, según declaró en medios de comunicación.

En el comunicado oficial que confirma su salida, la dependencia informó que se pidió a la Secretaría de la Honestidad —que supuestamente ya investiga los convenios con Indubaj— realizar una auditoría al área. “Esta medida forma parte del proceso ordinario de supervisión que impulsa el Gobierno de la Gente para fortalecer la integridad administrativa y asegurar que cada acción esté guiada por la ética y el servicio a la ciudadanía”, señala el documento.

Sin embargo, estas auditorías no habían sido informadas con anterioridad, lo que abre una lectura: que se intenta suavizar el alcance de una investigación específica sobre la gestión de Salas Navarro porque lo encontrado obliga a una revisión más profunda.

En cualquier caso, el llamado Nuevo Comienzo decidió cortar la relación con un funcionario que se había convertido en un lastre político y administrativo.

Como encargado de despacho queda Raúl Fabricio Ibarra Rocha, antes director de Programas de Empleo y Formación Laboral. También fueron removidos Luis Gabriel Escobedo García, titular de la Dirección General para el Desarrollo de Clústeres, y Diego Alfredo Anda Meza, de la Dirección General de Competitividad y Aceleración de Empresas. Como encargados de despacho quedan Jorge Alberto Esqueda Camarillo, que era director de Atención a Organismos y Cámaras Empresariales y Brenda Padilla Lozano, que ocupaba el cargo de Analista de Competitividad y Aceleración Económica.

2.- Romita, otro síntoma del deterioro policial

La Fiscalía General del Estado encabezó un operativo en las instalaciones de la Policía Municipal de Romita, con apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y elementos federales. La intervención derivó de trabajos de inteligencia e investigaciones ministeriales, en un esquema similar al aplicado anteriormente en las corporaciones de Villagrán y Cortazar.

En aquellos casos, los operativos se detonaron por investigaciones sobre presunta desaparición forzada en la que habrían participado elementos municipales, lo que derivó en la detención de varios policías y civiles.

Horas después de la intervención, el gobierno municipal de Romita, encabezado por el panista Pedro Tanamachi Reyes, difundió un comunicado en el que aseguró que se trataba del extinto “Operativo Trueno” y que la acción respondía a una revisión aleatoria del desempeño policial. Sin embargo, esa versión es falsa.

El operativo fue de carácter ministerial, dirigido a un objetivo específico y no a una inspección rutinaria de las instalaciones o del funcionamiento de la corporación, como se aseguró.

Fue hasta la noche de este viernes que la Fiscalía confirmó que hubo detenciones, aunque sin precisar el número, lo que sí se evidenció es que el operativo no obedeció a una revisión de rutina: “estas acciones están sustentadas en trabajos de investigación, no son aleatorias”.

Este es el tercer operativo en el que se interviene a corporaciones municipales. En todos los casos, se comparte algo en común: señalamientos ya muy públicos sobre presuntos vínculos entre algunos elementos de seguridad y estructuras criminales.

3.- Hecho en México: volver a creer en lo que producimos

Quedó instalado en Guanajuato el Comité Promotor de Inversiones (CPI) de la Secretaría de Economía federal. Ya solo restan cinco comités pendientes a nivel nacional: Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Jalisco y Veracruz.

La expresidenta de León y hoy responsable del Plan de Marca Nacional Hecho en México, Bárbara Botello Santibáñez, señaló que el objetivo es construir un catálogo nacional de proveeduría que permita enlazar a las grandes inversiones con los sectores productivos locales. Con esto se busca reducir la dependencia de insumos importados y fortalecer la red de pequeñas y medianas empresas que en buena medida sostienen parte del empleo en estados como Guanajuato.

Un punto que también deja ver el cambio de lógica en la política económica nacional es que el comité pretende agilizar trámites que frenan la llegada de inversiones —como los de Semarnat o Conagua, donde habría que precisar si es burocracia o incompetencia— y facilitar la relocalización industrial según las condiciones regionales: energía, agua, conectividad o capital humano.

Y entrados en materia de lo que le compete directamente a Botello Santibáñez, entregó certificaciones del distintivo Hecho en México a varias empresas guanajuatenses y planteó una meta ambiciosa: aumentar en un 30% la presencia de productos nacionales en tiendas de autoservicio y departamentales. El reto es mayúsculo al intentar reconectar la producción nacional con su propio consumo.

Un ejemplo práctico ocurre en León, según dice la funcionaria federal: la industria zapatera compra agujetas a China, pese a que en la misma ciudad existen proveedores capaces de surtir con calidad y precio competitivo. El desafío, entonces, no es solo producir, sino tejer las conexiones que devuelvan sentido al mercado interno, aunque para esto habrá que ver si el empresario zapatero local, tan rígido en sus márgenes de ganancia, está dispuesto a ofrecer mejores precios.

Contra Retrato

Guillermo Medina Plascencia

El regidor de Morena decidió ejercer su papel de oposición dentro del Ayuntamiento de León. En la sesión de este jueves lanzó una serie de señalamientos que pusieron en evidencia las fallas de transparencia en los procesos de licitación de obra pública y anticipó que presentará una denuncia ante la Contraloría municipal por presunta corrupción en la adjudicación de contratos.

Uno de los casos que mencionó fue el del Zoológico de León, donde el contratista responsable de construir dos nuevas áreas de juegos infantiles presuntamente no presentó la certificación que acredita el cumplimiento de normas de seguridad. La alcaldesa respondió que toda la información ha estado disponible, aunque aclaró que no puede hacerse pública por estar sujeta a procesos de reserva durante las licitaciones.

Medina replicó que el problema no es el acceso restringido, sino la entrega tardía de la información. Según explicó, los regidores —particularmente los de oposición— reciben los documentos apenas unas horas antes de las sesiones, sin posibilidad de revisar con profundidad los expedientes de adjudicación.

No es una queja nueva. Otros integrantes de Morena, de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde ya habían denunciado prácticas similares. Pero esta vez la discusión subió de tono cuando el panista Hidelberto Moreno Faba salió en defensa del gobierno municipal, acusando incongruencia y recordándole que él mismo ha firmado las actas del Comité de Obra Pública. Medina respondió con ironía: “Si has ido cinco veces a los comités son muchas, en lo que va de esta administración”. Moreno Faba no replicó este dicho.