¡¡¡La desgracia continuará!!! Elarsenal.net
Raúl Flores Martínez.
A un mes del siniestro que cobró la vida de 31 personas con la explosión de una pipa, los familiares de las víctimas siguen navegando entre el dolor, la incertidumbre y el silencio institucional.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha prometido claridad, pero hasta ahora sólo ha dejado una estela de dudas y desconfianza. Nadie les ha explicado, con certeza, cuál será el proceso para la reparación del daño, ni los montos finales que recibirán los deudos.
Mientras la dependencia prepara un mensaje público para anunciar supuestos avances, los familiares desconocen incluso que dicho pronunciamiento ocurrirá. No hay comunicación, no hay acompañamiento, sobre todo, no hay transparencia. Las víctimas, una vez más, parecen quedar fuera del discurso oficial.
Fuentes consultadas confirman que se analiza, junto con la empresa propietaria de la pipa involucrada, una posible homologación de dos millones de pesos como compensación por cada víctima mortal. Una cifra que suena más a cálculo administrativo que a reconocimiento del daño irreparable que sufrieron decenas de familias.
Y aunque la cantidad se encuentra “en valoración”, la falta de claridad sobre los criterios y tiempos alimenta la sospecha de que, tras los anuncios, prevalecerá la negociación política por encima de la justicia.
En la Fiscalía se han abierto 75 carpetas de investigación, la mayoría concentradas en un solo expediente —el CI-FIIZP/IZP-10/UI-3 S/D/00122/09-2025—, que reúne diligencias, dictámenes y actos de investigación. Sin embargo, detrás de esa cifra fría se esconde la lentitud y la falta de resultados concretos.
El dictamen oficial, revelado semanas atrás, establece que el conductor de la unidad siniestrada operaba sin la pericia técnica necesaria, en un carril distinto al permitido y a una velocidad cercana a los 50 kilómetros por hora, factores que derivaron en el doble impacto y la tragedia.
Pero ese documento, lejos de cerrar el caso, abre más interrogantes: ¿por qué la empresa permitió que una persona sin la capacitación adecuada manejara un vehículo de alto riesgo? ¿Dónde quedaron las inspecciones y controles que la autoridad debió ejercer?
Mientras las familias velan la memoria de sus seres queridos, la justicia avanza a paso burocrático. La tragedia del 10 de septiembre corre el riesgo de convertirse en una estadística más, diluida entre oficios, mesas de diálogo y promesas rotas.
En un país donde los accidentes se olvidan tan rápido como se anuncian los dictámenes, la exigencia no puede ser otra: verdad, justicia y reparación real, no discursos ni simulaciones.
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