Dina Boluarte: la abogada andina que llegó a la presidencia del Perú y terminó destituida

Dina Boluarte, la primera mujer en asumir la presidencia de Perú, fue destituida por el Congreso bajo la figura de “incapacidad moral permanente”, tras un mandato breve y turbulento. Su salida marca un nuevo episodio en la crisis política peruana, en un país que ha tenido seis presidentes en solo siete años.

Nacida en Chalhuanca, en la región andina de Apurímac, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, de 63 años, inició su carrera pública como abogada y funcionaria del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde ocupó cargos de asesoría y jefatura local y tentó una alcaldía en 2018, cuando postuló sin éxito a representar a la comuna de Surquillo

Su origen rural y dominio del quechua le permitieron conectar con votantes indígenas durante la campaña presidencial de 2021, cuando acompañó a Pedro Castillo como candidata a la vicepresidencia por el partido Perú Libre, de orientación marxista-leninista.

Un fallido golpe de Estado, su oportunidad para ascender al poder

El ascenso de Boluarte a la presidencia se produjo el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso en un acto considerado inconstitucional. Su llegada al poder, estuvo marcada por la promesa de restaurar la estabilidad y combatir la corrupción en un país sumido en crisis institucional.

“Soy una mujer de paz, dialogante, concertadora que cree en la democracia”, afirmó Boluarte en 2023. Sin embargo, su compromiso inicial de renunciar si Castillo era destituido nunca se cumplió, lo que fue percibido como una traición por los seguidores de Perú Libre y significó una ruptura con la izquierda andina que la había respaldado.

Una presidenta impopular

Durante los primeros cien días de su mandato, la desaprobación de Boluarte ya rondaba el 80%. La situación se agravó con el paso de los meses: una encuesta de Datum Internacional situó su rechazo en el 93%, mientras que el estudio de CPI le otorgó un 0% de popularidad entre los jóvenes de 18 a 24 años, una cifra inédita para un jefe de Estado peruano.

El periodo de Boluarte estuvo marcado por una ola de protestas en Perú que se extendió por todo el país, especialmente en regiones como Puno y Ayacucho. La represión estatal dejó un saldo de más de medio centenar de muertos y episodios como la jornada trágica en Juliaca, donde 17 civiles fallecieron en un solo día. Las autopsias confirmaron que las víctimas presentaban heridas de bala.

Organizaciones de derechos humanos acusaron a Boluarte de utilizar la violencia estatal para sofocar las manifestaciones, mientras que la Fiscalía abrió investigaciones por presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.

Dina Boluarte adoptó una postura desafiante ante las críticas. “¿Cuántas muertes más quieren?”, preguntó en una ocasión. Además, en un discurso televisado, aseguró: “No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú, no con ese pequeño grupo que hace sangrar al país”. En sus intervenciones, llegó a calificar a los manifestantes de “terroristas” y sugirió, sin pruebas, la intervención de fuerzas extranjeras.

La crisis de seguridad se agravó con el avance del crimen organizado, lo que llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia en Lima y Callao tras el asesinato de un conocido músico de cumbia. El Congreso censuró al ministro del Interior, Juan José Santivañez, por su gestión de la ola de violencia, mientras que la inseguridad afectó incluso a figuras públicas, como los integrantes de la banda Agua Marina, heridos por disparos durante un concierto en Lima.

Los escándalos de corrupción que acompañaron su gobierno

El desgaste de Boluarte se acentuó por los escándalos de corrupción. La mandataria fue investigada por presunto enriquecimiento ilícito, incluyendo el caso de relojes Rolex de lujo que, según la acusación, habría recibido como sobornos a cambio de favores presupuestales, aunque ella negó rotundamente estos señalamientos. También se le cuestionó por su supuesta frivolidad, reflejada en operaciones estéticas y la ostentación de joyas.

En el plano político, Boluarte se distanció de su base rural e indígena y buscó alianzas con sectores conservadores, en particular con los partidos políticos Fuerza Popular (FP) y Alianza Para el Progreso (APP). Permitió el indulto al expresidente Alberto Fujimori en 2023 y decretó tres días de duelo nacional tras su muerte en 2024. Sin embargo, ni siquiera el respaldo de estas agrupaciones partidarias logró sostener su gobierno ante el avance de la criminalidad y el creciente descontento social.

La vacancia por “incapacidad moral permanente” aprobada por el Congreso se sustentó en la percepción de inacción frente a la inseguridad, la represión de las protestas y los escándalos de corrupción.

Perú tras Boluarte: polarización, desencanto y aislamiento

El balance de su gestión deja un país más polarizado, con instituciones debilitadas y una ciudadanía profundamente desencantada. Colectivos feministas, organizaciones sociales y amplios sectores de la población se movilizaron en su contra, mientras la mandataria se mantuvo aislada, con largos silencios ante la prensa y enfrentamientos diplomáticos con líderes regionales como Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador.

Al concluir su mandato, Boluarte se retira sin haber logrado reconciliarse con la sociedad peruana ni revertir la percepción de ilegitimidad que la acompañó desde el inicio. En las calles, su figura queda asociada a la represión y al distanciamiento de las demandas populares, mientras el apodo que le asignaron sus detractores resuena como símbolo de su paso por el poder.