Bitácora política | VERACRUZ EN LA ENCRUCIJADA: AMPAROS PENDIENTES, REFORMAS Y DERECHOS EN RIESGO Nius de Veracruz
Opinión de Miguel Ángel Cristiani
En Veracruz, los amparos no solo son trámites legales: representan esperanzas, retrasos y en muchos casos, silencios. Hoy la reforma a la Ley de Amparo, propuesta por el Senado, promete cambios sustanciales en figuras clave como el interés legítimo, los efectos de las suspensiones y la posible retroactividad en los procedimientos en curso.
Juristas y abogados veracruzanos observan con preocupación. Por ejemplo, preocupa que estas modificaciones limiten la capacidad de ciudadanos y colectivos locales para impugnar actos de autoridad que consideran injustos, especialmente cuando ya hay procesos iniciados.
El daño inmediato ya es palpable. Hay más de mil solicitudes de amparo en tribunales de Veracruz que permanecen sin resolverse por más de dos años, pese a que las normas internacionales y constitucionales marcan otros plazos razonables. Esto significa que quienes esperan justicia —ya sea para proteger derechos laborales, ambientales, universitarios o políticos— enfrentan no solo la lentitud, sino el riesgo de que su amparo sea regulado por la nueva ley en lugar de la vigente al momento de su inicio. Con la retroactividad, estos casos podrían verse afectados en términos de garantías procesales.
Un caso concreto: la aspirante a la rectoría de la Universidad Veracruzana, Marisol Luna Leal, tramitó un amparo contra la prórroga otorgada al rector actual, alegando que no fue un proceso debidamente fundamentado o regulado por la normativa orgánica aplicable. Este amparo fue admitido, aunque la suspensión provisional del acto reclamado fue negada. E-Tal situación refleja cómo, aunque la vía legal existe, su eficacia depende de muchos factores —tiempos, interpretación judicial, y ahora, el marco legal que podría cambiar mientras el caso está en trámite.
Otro ejemplo es la denuncia de la inejecución de amparo en el caso de Rogelio Franco Castán, quien ganó un amparo que declara inexistente el delito de retención de menores. A pesar del fallo, permanece bajo restricciones como el resguardo domiciliario.
Si la reforma se aprueba tal como está, con retroactividad, podría generar casos en los que quienes ya tramitan amparo vean modificadas las reglas bajo las cuales acudieron a la justicia, lo cual bajo el principio constitucional de seguridad jurídica y no retroactividad podría generar litigiosidad adicional e incertidumbre.
La justicia no debe llegar tarde, ni bajo leyes cambiadas a mitad del partido. Veracruz tiene casos reales, personas reales que han depositado confianza en el amparo como recurso de defensa, y cuyas expectativas podrían ser transformadas por reformas apresuradas.
Si se legisla, debe hacerse con claridad: garantizando que los casos en curso respeten las reglas anteriores; asegurando que los derechos adquiridos no se vean menoscabados; dotando de recursos a los tribunales para evitar rezagos; y promoviendo que la ciudadanía participe, vigile y demande transparencia.
Porque más que cambiar leyes, lo que Veracruz necesita es que los derechos se sostengan, y que la esperanza no muera en espera de una sentencia.
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