Condenan a 10 y ocho años a los autores del intento de asesinato contra Cristina Kirchner Excelsior

Leila MacorLos dos acusados por el intento de asesinato de la expresidenta argentina Cristina Kirchner en 2022 fueron condenados este miércoles a 10 y ocho años de prisión, lo que pone punto final a un juicio que sacudió al país.
El 1 de septiembre de ese año, Fernando Sabag Montiel, de 38 años, se camufló entre los cientos de simpatizantes que saludaban a la entonces vicepresidenta (2019-2023) frente a su casa y gatilló dos veces a la cabeza, sin que las balas salieran.
  Fue condenado a 10 años de prisión por intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego, pena que, unificada con otras previas por pornografía infantil, eleva su total a 14 años, dijo la jueza en un tribunal al norte de Buenos Aires.
Su entonces novia, Brenda Uliarte, de 26 años, deberá cumplir ocho años de prisión por haber sido "partícipe necesaria" del atentado, añadió la magistrada.
Declaraciones y desarrollo del juicioEn sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, Sabag se refirió a otros casos vinculados a la política y evocó conspiraciones de forma confusa: "Toda esta causa estuvo armada y eso se sabe", dijo.
También aseguró que no había recibido ningún pago por hacerlo.
Si me piensan desaparecer (al enviarlo a prisión), es algo que tienen que pensar porque no puede pasar a la ligera", prosiguió.
Por su parte, Uliarte se negó a hablar.
A lo largo del juicio, iniciado en junio del año pasado, Sabag Montiel admitió que había querido matar a Kirchner como "un acto de justicia" ya que, según él, ella "es corrupta, roba y hace daño a la sociedad".
El atentado a Kirchner movilizó a cientos de miles de personas que salieron a las calles en apoyo a la expresidenta (2007-2015), principal referente de la oposición peronista.
Impacto político y socialEl caso "refrescó la oscura memoria de que se puede apelar a la violencia para resolver diferencias políticas", dijo a la AFP el analista y consultor Facundo Cruz.
"e hizo palpable que en el siglo XXI puede ocurrir algo que se creía que estaba desterrado de las prácticas argentinas", agregó, en alusión al asesinato de militantes políticos durante la dictadura cívico-militar (1976-1983).
El atentado ocurrió en el marco del inicio del juicio por corrupción en la adjudicación de obras viales contra la exmandataria, por el que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua en diciembre de 2022.
Durante ese proceso, cientos de personas acudían al domicilio de Kirchner para manifestarle su solidaridad.
El tumulto sirvió de pantalla para Sabag Montiel, que se infiltró entre los simpatizantes para tratar de asesinarla.
Consecuencias y casos relacionadosEn junio de 2025, la Corte Suprema confirmó la condena y desde entonces la expresidenta de 72 años cumple prisión domiciliaria en un apartamento en Buenos Aires, desde cuyo balcón ocasionalmente saluda a sus simpatizantes.
La justicia absolvió este miércoles a un tercer imputado, Nicolás Carrizo, acusado de planificar el ataque.
"Estos tres años nadie me los va a devolver", lamentó.
Carrizo era el jefe de Sabag Montiel y Uliarte, a quienes contrataba como vendedores callejeros de algodón de azúcar.
El pedido de Kirchner de investigar en este juicio a los supuestos financistas del atentado fue desestimado y se investiga como una causa separada.
Hay un intento de Kirchner de mantener el tema en agenda, haciendo alusión a lo sucedido y recordándolo.
Rememorar lo sucedido y pedir justicia es parte de su capital político: haber sobrevivido", señaló el analista Cruz.
 No fue un hecho menor El intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022 representó uno de los hechos políticos y judiciales más graves en la historia democrática reciente de Argentina.
Según registros del expediente judicial, el arma utilizada por Fernando Sabag Montiel era una pistola Bersa calibre .
32, que tenía cinco balas en el cargador, aunque ninguna fue disparada debido a una falla mecánica o a un posible error del atacante al manipularla.
El juicio, que concluyó con condenas de 10 y 8 años de prisión para los principales acusados, se desarrolló bajo una fuerte cobertura mediática y con constante tensión política.
Brenda Uliarte, coautora del hecho, fue declarada partícipe necesaria tras comprobarse su involucramiento previo y conocimiento del plan.
El ataque ocurrió mientras la entonces vicepresidenta enfrentaba causas judiciales por presunta corrupción.
En particular, el juicio conocido como Causa Vialidad culminó en diciembre de 2022 con una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al hallarla culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Este fallo fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025, y por ello Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria actualmente.
Nicolás Carrizo, absuelto esta semana, era conocido por ser el jefe de un grupo informal de venta callejera llamado “la banda de los copitos”, nombre con el que se identificaban los involucrados en redes sociales.
Aunque inicialmente se le acusó de tener un rol clave en la planificación del ataque, la falta de pruebas concluyentes llevó a su absolución.
La fiscalía evalúa si presentará un recurso contra el fallo.
La causa por los presuntos financistas o instigadores intelectuales del atentado permanece abierta en otro expediente judicial.
Cristina Fernández ha insistido en la necesidad de investigar si existieron vínculos con sectores políticos o empresariales que pudieran haber apoyado o financiado el intento de asesinato, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes que lo acrediten.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, este intento de magnicidio fue el primero fallido contra un alto cargo institucional en funciones desde el retorno de la democracia en 1983.
El hecho generó un repudio masivo tanto en Argentina como en organismos internacionales, incluyendo pronunciamientos de la ONU y la CIDH.
El atentado también provocó un aumento en las medidas de seguridad de funcionarios y reactivó debates sobre los discursos de odio y su rol en la radicalización política.
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