Retraso en reglamentos energéticos frena inversiones pese a apertura en contratos con privados Expansión

La reforma energética de 2024 trajo consigo un cambio estructural que todavía está en proceso de consolidación. El nuevo marco regulatorio , que se articula alrededor de un Estado con mayor control sobre hidrocarburos y electricidad, enfrenta el reto de garantizar simultáneamente seguridad energética, sustentabilidad e incentivos suficientes para la inversión privada. El Consejo Mexicano de la Energía (Comener) realizó una evaluación de este esquema normativo, aún incompleto, y puso sobre la mesa una serie de condiciones indispensables para que el modelo funcione. “Es esencial asegurar que esta transformación se traduzca en una mejora tangible para la seguridad energética, el acceso equitativo a la energía y la sostenibilidad a largo plazo”, señaló el Consejo.

El diagnóstico parte de reconocer que Pemex y la CFE dejaron de ser empresas productivas del Estado para convertirse nuevamente en empresas públicas con vocación social. Su misión ya no es generar valor económico como una corporación privada, sino garantizar el acceso universal a los servicios de energía. El cambio de paradigma implica que los proyectos del sector deberán encontrar nuevas fórmulas de cooperación. De ahí que la legislación haya abierto espacio a esquemas de participación mixta en hidrocarburos y electricidad. En el caso petrolero, se estableció que Pemex conservará al menos 40% de participación en cada asignación, mientras que los privados podrán asociarse en áreas que garanticen volúmenes de extracción definidos. La lógica es que la producción y las utilidades beneficien tanto a Pemex y al Estado como a los inversionistas. En el sector eléctrico, la CFE también contempla asociaciones mixtas para el desarrollo de centrales de generación. Aunque no se han dado a conocer detalles, se espera que los primeros proyectos puedan anunciarse antes de que termine el año. Para que estos esquemas funcionen, advierten los especialistas, se requiere un andamiaje regulatorio sólido. “No obstante, se requiere un diseño normativo que brinde certidumbre operativa y financiera a los inversionistas, asegurando reglas claras, procesos transparentes y mecanismos de resolución de controversias eficientes”, dijo Juan Acra, presidente de Comener. Los pendientes regulatorios pesan sobre el sector. Tras la promulgación de las leyes secundarias el 19 de marzo, se otorgó un plazo de 180 días naturales para la publicación de reglamentos en hidrocarburos, Planeación y Transición Energética, y Biocombustibles. Ese periodo concluyó en septiembre, pero ninguno de los reglamentos ha visto la luz. El retraso es ya mayor a dos semanas, y aunque para el reglamento en materia eléctrica no había plazo fijo, la ausencia de reglas genera incertidumbre en los participantes. Según Comener, esta demora se convierte en un factor de riesgo que puede frenar inversiones clave. Acra ha insistido en que los contenidos de los reglamentos y de las disposiciones administrativas asociadas marcarán la diferencia entre un sector predecible y uno expuesto a discrecionalidad. “La consolidación de una planeación energética vinculante exige criterios técnicos objetivos, accesibles y predecibles para los actores del sector”, añadió. En paralelo, se definió la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo que sustituirá a la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE). Su papel será crucial para garantizar imparcialidad en la aplicación de las reglas del juego. El Consejo subraya que la nueva institución debe contar con independencia técnica y eficiencia administrativa. La expectativa es que sus procesos sean ágiles, justos y técnicamente fundamentados, de modo que las decisiones regulatorias no estén sujetas a vaivenes políticos. “Este esfuerzo de análisis y retroalimentación debe orientarse en propiciar de buena fe el éxito de la nueva reforma energética, asegurando una adecuada interpretación, aplicación, evaluación, normativa en beneficio del sector energético, bajo los principios de certeza jurídica, eficiencia operativa y sostenibilidad”, aseguró Acra en entrevista con Expansión. En la práctica, la combinación de control estatal y apertura limitada a privados busca resolver el dilema de garantizar seguridad energética y al mismo tiempo mantener condiciones de rentabilidad. El riesgo, advierten analistas, es que la falta de claridad en las reglas frene inversiones que son necesarias para cubrir la demanda futura. México enfrenta un doble reto. Por un lado, incrementar la producción petrolera y gasífera, que lleva más de una década en declive. Por otro, asegurar capacidad de generación eléctrica suficiente para atender un crecimiento económico que demanda más energía limpia y confiable. El retraso en los reglamentos y la definición de la CNE son apenas dos piezas de un rompecabezas más amplio. La velocidad con la que se resuelvan marcará si la reforma energética logra un equilibrio entre soberanía, eficiencia y certidumbre para el capital privado. Al cierre de su evaluación, el Comener envió un mensaje directo a las autoridades. “Desde el Consejo Mexicano de la Energía es muy importante que una vez más el sector energético se pondere en la consolidación de inversiones, porque sin energía no hay desarrollo en ningún otro rubro”, aseguró Acra.