Masacres NO PARAN en MÉXICO: TLATELOLCO, ACTEAL y AYOTZINAPA, entre los EXTERMINIOS SOCIALES Punto Por Punto

Si bien toda matanza tiene un impacto permanente en la vida de las víctimas y sus allegados, algunos sucesos violentos han marcado más que otros la sociedad mexicana, por ejemplo, por su magnitud, las circunstancias o los actores involucrados.

Masacre de Tlatelolco (1968)

El dos de octubre de 1968, elementos del Ejército mexicano y paramilitares atacaron a los miembros de un movimiento estudiantil reunidos en la Plaza de Las Tres Culturas, en la Ciudad de México.

• Algunas fuentes calculan que la matanza dejó entre 300 y 400 víctimas mortales. En el cincuenta aniversario de la masacre, Méxicoadmitió la masacre como un «crimen de estado» y las autoridades instituciones, incluida la Cámara de Diputados, recordaron a las víctimas.
• La masacre fue cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una gran manifestación pacífica que se estaba realizando en la Plaza de las Tres Culturas, de Tlatelolco.
• De acuerdo con la CNDH, la presencia de este batallón en el lugar de los hechos, fue negada inicialmente por el Presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), argumentando que su función en ese momento era la custodia de las instalaciones para los Juegos Olímpicos.

Testimonios de sobrevivientes y reportajes que se han realizado a lo largo de estos 56 años, sugieren que el ejército y el Batallón Olimpia, se identificaron aquel 2 de octubre de 1968 por portar un guante blanco, horas después de la manifestación de los estudiantes en Tlatelolco, se inició la conocida “Operación Galeana” para detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga (CNH).

Tras la masacre, se impuso un bloqueo informativo. Los principales diarios minimizaron los hechos, reproduciendo versiones oficiales que culpaban a los propios estudiantes de provocar el enfrentamiento. Documentos desclasificados décadas después confirmaron que la represión fue una acción planificada desde el Estado.

«El Halconazo» (1971)

El 10 de junio de 1971, el grupo paramilitar «Los Halcones» reprimió de manera violenta, con total impunidad, una manifestación estudiantil en la Ciudad de México. Se estima que unas 120 personas murieron en la masacre.

• Los integrantes del grupo paramilitar utilizado para reprimir a los estudiantes eran conocidos como ‘halcones‘.
• En su mayoría eran militares y jóvenes reclutados en zonas con un alto índice de pobreza y violencia del entonces Distrito Federal.

Se sabe que el grupo paramilitar fue entrenado por los gobiernos de México y Estados Unidos a finales de los años 60, y financiado por el Gobierno federal en turno para desplegarlo en manifestaciones y organizaciones sociales.

• Los ‘halcones’ dispararon armas calibre 45 y carabinas 30 M-2 contra los estudiantes. También los golpearon hasta la muerte.

Actuaron frente a policías locales, quienes se limitaron a observar sin intervenir.

Masacre de Aguas Blancas (1995)

El 28 de junio de 1995, policías y agentes judiciales del estado de Guerrero detuvieron dos camiones en los que viajaban miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. En esa emboscada, a tres kilómetros de la localidad de Aguas Blancas, fueron asesinados 17 campesinos. Otros 14 resultaron heridos.

• Las víctimas se dirigían a la ciudad de Coyuca de Benítez para protestar por demandas básicas, como el otorgamiento de fertilizantes para sembrar sus terrenos y también para exigir la presentación con vida de uno de sus dirigentes, cuenta a DW Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Tres décadas después, el caso sigue siendo símbolo de la represión estatal y de la impunidad durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.

• Aunque en su momento provocó la caída del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer y originó investigaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ninguna figura de alto nivel ha sido juzgada por el crimen.

Las familias de las víctimas aún esperan justicia y reparación del daño, mientras el caso permanece impune en los archivos de la historia nacional.

• La masacre de Aguas Blancas no solo evidenció la brutalidad policial, sino también la indiferencia histórica del Estado mexicano ante las demandas sociales más elementales.
• Los masacrados no portaban armas, sino peticiones: fertilizantes, apoyo al campo y justicia por la desaparición de uno de sus compañeros.
• Su crimen fue alzar la voz en un país donde la protesta rural era sistemáticamente criminalizada.
• A 30 años del ataque, la falta de castigo a los responsables políticos revela un patrón de impunidad que se repite con nuevas víctimas y nuevos silencios oficiales.
• La reacción institucional tras la masacre —una renuncia obligada y promesas vacías— fue insuficiente para responder al profundo dolor que dejó el operativo.

En lugar de abrir una ruta de reconciliación con los pueblos agraviados, las autoridades apostaron por el olvido, relegándolo a un archivo polvoriento. Sin justicia ni verdad completa.

El asunto no solo evidenció la brutalidad policial, sino también la indiferencia histórica del Estado mexicano ante las demandas sociales más elementales. Los campesinos asesinados no portaban armas, sino peticiones:

• Fertilizantes, apoyo al campo y justicia por la desaparición de uno de sus compañeros. Su crimen fue alzar la voz en un país donde la protesta rural ha sido sistemáticamente criminalizada.

Matanza de Acteal (1997)

El 22 de diciembre de 1997, 45 integrantes de la organización pacífica «Las abejas» murieron a manos de un comando de alrededor de 60 paramilitares, que dispararon contra hombres, mujeres y niños, en el poblado de Acteal, en el estado de Chiapas.

«La matanza fue consecuencia de la política oficial seguida para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio», se lee en la página web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.

• Tras la liberación de los autores materiales de la masacre de 45 indígenas tsotsiles, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en una ermita de la comunidad de Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, en la región Altos de Chiapas,
• En ese lugar, se desató una fuerte ola de indignación entre sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes acusaron a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de favorecer la impunidad.

La mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, junto con habitantes del municipio, señalaron que los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero resolvieron a favor de los paramilitares, a quienes consideran responsables directos de la matanza en Chenalhó.

• Los denunciantes calificaron a la SCJN como la “Suprema Corte de Injusticia de la Nación”, y afirmaron que los nombres de los ministros ya están documentados en comunicados, libros y videos como parte de su denuncia pública.

Primera masacre de San Fernando (2010)

Entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, miembros del cártel de los Zetas ejecutaron a 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres-, en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. Los cadáveres tenían las manos maniatadas y habían sido amontonados y abandonados a la intemperie.

Sin embargo, el paso del tiempo no ha traído justicia. Las familias de las víctimas denuncian que siguen enfrentándose a la impunidad y los procesos judiciales estancados.

• En el foro organizado por el Colegio de la Frontera Norte sobre la conmemoración de la masacre, Leslie Freitas, familiar de una de las víctimas denunció que no fue sino hasta el año pasado cuando pudo comprobar que el cadáver que recibió en Brasil en una caja cerrada, efectivamente era el de su hermano.
• Pérez indicó que lo ocurrido en Tamaulipas pone en tela de juicio la protección de los derechos humanos, donde se ha acrecentado las persecuciones de los migrantes.También pone en evidencia la negligencia por parte del Estado de esclarecer los hechos.

Para el académico esta masacre y las políticas de Trump reflejan que los migrantes son tratados como “cuerpos descartables”, sin protección efectiva y en contextos donde la seguridad y la justicia no están garantizadas.

“Para Trump los migrantes deben ser tratados como criminales y terroristas y por ello, son blanco de narrativas xenófobas, son acosados y objeto de detenciones y expulsiones por el régimen estadounidense”, dijo.

Segunda masacre de San Fernando (2011)

Un año después, se hizo otro descubrimiento aterrador en una fosa clandestina en el mismo municipio, donde se hallaron los restos mortales de 193 migrantes, que habían intentado llegar a Estados Unidos. Los cuerpos con tórax y cráneos fracturados evidencian una violencia extrema.

Masacres de Durango (2011)

Tras una serie de asesinatos relacionados con el crimen organizado en el estado de Durango, en 2011 y 2012, se descubrieron varias fosas comunes cerca de la ciudad de Durango. Casi 400 cuerpos fueron exhumados.

Masacre de Allende (2011)

El 18 de marzo de 2011, sicarios del cártel Los Zetas entraron al municipio de Allende, en el estado de Coahuila, para castigar a presuntos traidores.

• Los secuestros y saqueos duraron tres días, y, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos se llegaron a identificar 49 víctimas mortales. No obstante, de acuerdo con otras estimaciones, unas 300 personas desaparecieron tras la masacre.
• Una versión muy extendida, se dice en el estudio «En el desamparo», es que en Allende desaparecieron 300 personas y «es posible que así sea», pero el expediente de la fiscalía sólo tiene información sobre 42 desaparecidos entre enero de 2011 y agosto de 2012.

La investigación se centra en la desaparición de 26 personas entre las 19 horas del viernes 18 de marzo y las 20 horas del domingo 20.

• Piedras Negras, en la frontera con Texas, se había convertido en un enclave esencial para el narcotráfico y desde allí Los Zetas controlaban lo que ocurría en Allende, 60 kilómetros al sur.
• Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales (el Z40) y Omar Treviño Morales (el Z42), exlíderes de Los Zetas ahora detenidos, pensaban que había tres traidores a su organización que estaban colaborando con las autoridades en Estados Unidos y se habían llevado hasta US$10 millones en ganancias por la venta de drogas.

El principal era Alfonso Poncho Cuéllar, quien tenía como empleados a Héctor «El Negro» Moreno y Luis «La Güiche» Garza.

Este último era residente de Allende, y «para castigar su deslealtad», explican los investigadores, «Los Zetas ocuparon el poblado» ese fin de semana del horror.

• El resultado: desaparecieron a 26 personas, 20 familiares y allegados de Garza, tres amigos de Cuéllar y dos trabajadores de Héctor, y destruyeron 32 casas y dos ranchos «Los Garza» y «Los Tres hermanos».

El ataque de Los Zetas evidencia la colusión con las autoridades locales pues los 20 agentes de la policía municipal fueron instruidos para «no salir a patrullar, ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran» y «levantar a cualquiera de apellido Garza» para entregarlo al grupo criminal.

El día que empezó todo entraron tirando balazos y agarrando a quien se encontraba en el lugar, incluyendo cuatro mujeres de edad mayor y dos niños, y el domingo llegaron a la casa de un Garza, donde capturaron a un hombre, su esposa y un hijo menor de edad.

Matanza de Tlatlaya (2014)

El 30 de junio de 2014, militares asesinaron a 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Mientras que los miembros del Ejército aseguraron que las víctimas murieron en un enfrentamiento de fuego cruzado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostiene que la escena del crimen fue alterada posteriormente para hacer creer que los civiles habían atacado primero a los militares. Los soldados, inicialmente exculpados, fueron de nuevo detenidos en abril de 2021.

• Según la historia oficial sobre la masacre, los soldados habían estado patrullando la zona cuando fueron atacados por presuntos secuestradores, provocando un tiroteo que dejó 22 muertos. Sin embargo, el análisis forense demostró que muchas de las víctimas fueron ejecutadas, lo que corrobora el testimonio de testigos presenciales.
• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) más tarde llegó a la conclusión de que al menos 12 de las personas que murieron fueron ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena del crimen para que pareciera como una confrontación.

El gobierno mexicano ha, desde entonces, ejercitado acción penal en contra de siete soldados por el homicidio de ocho de las víctimas.

• Como se describe en el informe del Centro Prodh, las comunicaciones de la policía y militares posteriores al incidente establecen que 22 personas habían sido «abatidas», usando el término de la orden original.
• «El gobierno mexicano primero pintó esto como una confrontación y luego como un incidente aislado. La evidencia que se hizo pública hoy demuestra que los soldados fueron enviados con la misión de matar a los delincuentes», dijo Meyer.

Entre 2006 y septiembre de 2014, al menos 3,600 civiles fueron asesinados en confrontaciones con las fuerzas armadas mexicanas. «Es alarmante pensar que si no fuera por las sobrevivientes y la atención de los medios internacionales, Tlatlaya podría haber sido registrado como uno de los muchos enfrentamientos armados», afirma Meyer.

“¿Cuántas otras muertes son en realidad producto de ejecuciones ilegales. La meta debe ser detener y procesar a las personas, no eliminarlas.»

Ayotzinapa (2014)

• En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron y otros tres fueron asesinados en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.
• «Vemos una mezcla de actores, en donde está involucrado el gobierno, sobre todo a nivel municipal, y ya después fue escalando a nivel estatal y federal», dice a DW el analista político Carlos López Portillo, y agrega que, además, «están involucrados el crimen organizado y el Ejército».

El cártel Guerreros Unidos es acusado de haber cometido el crimen en colusión con policías y ante la pasividad de autoridades locales y elementos del Ejército.

• Según diversas investigaciones, los estudiantes fueron interceptados y atacados a tiros por policías municipales de Iguala y Cocula, quienes actuaron en presunta complicidad con el crimen organizado.

En el operativo murieron al menos seis personas y varios estudiantes fueron detenidos arbitrariamente.

• Durante años, la versión oficial del gobierno mexicano —conocida como la “verdad histórica“— sostenía que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

No obstante, esta versión fue desacreditada por organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quienes señalaron inconsistencias, manipulación de pruebas y casos de tortura en los testimonios.

El caso Ayotzinapa generó una fuerte movilización social en México y en el extranjero, con protestas masivas exigiendo justicia y verdad. Las familias de los desaparecidos se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia del Estado.

México registró +1,000 crímenes “atroces” durante primer trimestre de 2025

La organización Causa en Común informó que de enero a marzo del 2025 se han registrado mil 321 crímenes atroces, es decir, casos de violencia extrema en todo el país, entre los cuales destacan asesinatos con tortura, masacres y feminicidios.

• En su su informe: Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos, la organización explicó que se define como atrocidad “el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo” de un alto número de personas, principalmente de grupos vulnerables o que sean de interés político.

Acusó que esto último tiene el objetivo de “provocar terror, entre otros casos que por su brutalidad o naturaleza extrema deben ser visibilizados y documentados”.

• En el mismo documento detalló que durante el primer trimestre del 2025 se registraron al menos 338 casos de asesinatos con tortura, 152 mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres, así como 134 actos violentos contra la autoridad y 109 casos de masacres y asesinatos de mujeres con crueldad extrema.
• Resaltó que en promedio se registraron 14 atrocidades y 21 víctimas al día para un total de 1,914 víctimas de alguna atrocidad durante el periodo. Precisó que por tipo de atrocidad, en promedio se registró una masacre al día, 1.6 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres y 3.7 casos de asesinatos con tortura.

De acuerdo con el informe, la tercera atrocidad con más número de casos a nivel nacional es el asesinato de mujeres, con al menos 109 víctimas, lo que representa un promedio de 8.3 casos cada semana. De igual forma se acumularon, al menos, 84 registros de fosas clandestinas, es decir, 28 al mes.

Afirmó que los registros de atrocidades abarcan todo el país; sin embargo, las cinco entidades con mayor incidencia durante el periodo fueron:

• Sinaloa, con 176 casos.
• Guanajuato, con 152 casos.
• Puebla, con 98 casos.

Sin embargo, puntualizó que hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa.

• En el documento, la organización hizo un llamado a que la ciudadanía en general exija a las autoridades locales y federales hacer “investigaciones sólidas”, y hacer propuestas para prevenir y atender los casos de violencia.
• “Cada ciudadano y cada comunidad tienen la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas.

“Son indispensables las aproximaciones sociológicas y psicológicas que permitan la comprensión de las distintas realidades locales, y generar propuestas de prevención y atención a la violencia”, se lee en el reporte.

• De igual forma, propuso “dotar de presupuesto, medios técnicos y humanos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda”, para garantizar los servicios esenciales, así como la atención jurídica y económica a las víctimas de atrocidades.
• Asimismo, aseveró que “es necesario financiar proyectos que ayuden a documentar, visibilizar y explicar las violencias que se ejercen en el país a fin de generar propuestas que prevengan y atiendan la grave situación de criminalidad que atraviesa el país”.
• Finalmente, exhortó a que s generen alianzas con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos a fin de colaborar en la construcción de programas y proyectos de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.

Llegó al poder el movimiento estudiantil de 1968 de tres generaciones

A 57 años del movimiento estudiantil de 1968, 39 años del acaecido en 1986 y 26 del ocurrido en 1999, todos con epicentro en la UNAM, algunos de quienes participaron en esas luchas sociales hoy ejercen el poder como miembros de la Cuarta Transformación.

• De enfrentarse al Gobierno, las autoridades universitarias, la Policía y el Ejército, de la mano de la izquierda han llegado al Gobierno federal tras años de lucha política y en las calles, haciendo justicia a la canción “que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía”, de Violeta Parra.
• El ejemplo más relevante es la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde sus épocas de estudiante participó en protestas sociales en favor de causas educativas, siendo sus padres científicos que participaron en el 68, que fue la punta de lanza para los siguientes movimientos estudiantiles.

“Participé en el movimiento estudiantil de 1986 para evitar el Plan Carpizo”, dijo la mandataria hace unos meses, en referencia a la propuesta de Jorge Carpizo, entonces rector de la UNAM, que buscaba imponer cuotas monetarias a los estudiantes.

• La ahora mandataria nacional participó en asambleas y protestas en defensa de la gratuidad de la educación superior, como integrante del Consejo Estudiantil Universitario.

En la Mañanera del 3 de enero pasado, dijo que el movimiento fue en contra “de estas reformas que, además, las habían pasado en el Consejo Universitario, le decían por obvia resolución, o sea, en vacaciones pasaron la reforma” sobre imposición de cuotas.

Presidenta conoció en el movimiento a Jesús Ramírez Cuevas y a Édgar Amador

La mandataria nacional relató que en el movimiento estudiantil de 1986 conoció a Jesús Ramírez Cuevas y a Édgar Amador, quienes ahora son altos mandos del Gobierno federal.

• Amador estudiaba en la Facultad de Economía de la UNAM y fue parte del movimiento estudiantil contra el llamado Plan Carpizo y ahora es el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es decir, maneja las finanzas del país.
• A su vez, Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de Asesores de la Presidencia, era estudiante del CCH Naucalpan y después de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
• Otros de los participantes de aquél movimiento son Martí Batres, ahora director del ISSSTE, y su hermana, Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otro ejemplo es Hugo López-Gatell, actual representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, quien fue otros de los participantes en el movimiento de 1986.

“Cerramos la rectoría, en ese tiempo la discusión universitaria era la defensa de la educación pública, porque querían poner cuotas”, dijo hace años en la televisión pública.

• Del movimiento estudiantil del 68, aún está vigente en la escena política Pablo Gómez, quien fue uno de los líderes del Consejo Nacional de Huelga.
• Por ello, ha ocupado cargos federales hasta hoy que es presidente de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, desde donde se busca desaparecer a los legisladores plurinominales.
• A su vez, Rosaura Ruiz, quien iba en bachillerato participó en el movimiento de hace 57 años y hoy es secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

De la huelga de 1999 de la UNAM, Ariadna Montiel, hoy secretaria de Bienestar, quien tendrá a su cargo el manejo de un billón de pesos en 2026 para la dispersión de pagos de programas de Bienestar, en ese año fue integrante activa del Consejo General de Huelga. /PUNTOporPUNTO