Reforma del Código Penal: Milei lanzará el proyecto en la cárcel de Ezeiza con ministros y magistrados Infobae
Con la cuenta regresiva de las elecciones legislativas en marcha, el presidente Javier Milei encabezará este jueves en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza la presentación oficial del proyecto de reforma integral del Código Penal, acompañado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El acto está previsto para las 18 y contará, además, con la presencia de magistrados que participaron en la redacción de la iniciativa, como el camarista Mariano Borinsky.
De acuerdo con un documento explicativo del Ministerio de Justicia, el proyecto tiene como objetivo adecuar la legislación del código operativo desde hace más de 100 años a la realidad actual. En este sentido, propone incorporar figuras delictivas emergentes, agravar penas para ilícitos graves y, al mismo tiempo, consolidar en un solo cuerpo normativo más de mil leyes penales especiales.
El Código Penal, en efecto, fue sancionado en el año 1921 y, desde entonces, acumuló múltiples reformas parciales. Sin embargo, muchas de ellas quedaron atrasadas o resultaron insuficientes frente a fenómenos como internet, los medios de pago digitales, el crimen organizado transnacional e hiperconectado y la inteligencia artificial. En ese sentido, la propuesta apunta a ordenar el sistema penal añadiendo nuevos ilícitos y modalidades delictivas que hoy no cuentan con regulación. A su vez, incorpora como bienes jurídicos protegidos la familia, el honor y el equilibrio fiscal.
En cuanto a su elaboración, el texto fue redactado por un grupo especialistas que conformó una comisión integrada por Jorge Boumpadre; el juez de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky; la jueza María Eugenia Capuchetti; los jueces Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez; y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.
Además, se consultó a referentes internacionales, como el profesor alemán Eric Hilgendorf en materia de delitos informáticos, y a organizaciones locales de la sociedad civil, como la AMIA, la DAIA y Madres del Dolor. De este modo, los ejes centrales se orientaron a fortalecer la protección de la vida, la libertad y la propiedad; aumentar los castigos en delitos cometidos contra menores, mayores de 65 años y personas vulnerables; y otorgar un rol más activo a las víctimas durante el transcurso del proceso penal.
En relación con las penas, la reforma plantea elevar a 30 años la sanción máxima para el homicidio simple y ampliar los supuestos de homicidio agravado, castigado con prisión perpetua. Asimismo, propone reprimir los homicidios culposos vinculados con la conducción imprudente y elevar las penas para las lesiones cometidas en accidentes viales.
Por otra parte, en materia sexual, busca incrementar las penas por “grooming”, difusión de material de abuso infantil y trata de personas, y crear nuevas figuras a perseguir penalmente como el “stealthing” (retiro del preservativo sin consentimiento), el acoso en ámbitos laborales y educativos y la pornovenganza.
Del mismo modo, se tipifican modalidades delictivas como el robo de celulares, el accionar de “motochorros” y “viudas negras”, los secuestros virtuales, el fraude procesal y las estafas piramidales. También se incorporan figuras específicas para el hostigamiento, el mobbing laboral y el incumplimiento de medidas de restricción.
Otro de los puntos centrales en el proyecto preparado por la comisión de juristas y magistrados aborda la inclusión de un régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas, aplicable a cualquier delito. Para eso, se estipularon criterios de imputación, graduación de penas y posibles beneficios en caso de cooperación con la justicia. En tanto, en materia de corrupción, se agravaron las penas para el cohecho y se incorporó el delito de soborno entre privados. También se introdujo una nueva redacción del delito de enriquecimiento ilícito y se tipificaron otros fraudes contra el Estado, como el desvío de planes sociales o subsidios.
La presentación en el complejo penitenciario de Ezeiza será el punto de partida para llevar la discusión al Congreso Nacional, encargado de sancionar los códigos de fondo que rigen en el país.
