La AN deja visto para sentencia el juicio por irregularidades en contratos de "Púnica" por 224 millones con Cofely Infobae

La Audiencia Nacional (AN) ha dejado este viernes visto para sentencia el juicio de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely por valor de 224 millones de euros, en el que buena parte de los acusados pactaron con la Fiscalía reconocer los hechos a cambio de penas menores.

Fue en la primera sesión sobre esta pieza separada de la trama de corrupción "Púnica" cuando, entre los más de 30 acusados, se escenificaron hasta 14 acuerdos de conformidad con la Fiscalía, entre ellos el constructor David Marjaliza, para quien finalmente pide 7 años de cárcel, así como varios exalcaldes de municipios madrileños.

Las defensas de los conformados anunciaron esa adhesión a la acusación del Ministerio Público, que ha aplicado a los acusados en su petición final la atenuante de dilaciones indebidas.

Marjaliza afirmó en su declaración en el juicio que su "labor era abrir la puerta" a Cofely y "que se adjudicara". "Llevo 30 años haciendo regalos", aseguró, además de señalar que "conocía hasta a la que barría" en Valdemoro y que pagó desde un concierto de Julio Iglesias hasta el día del pulpo, subrayando: "Es mi municipio".

UNA "PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

El juez instructor envió a juicio esta línea de investigación imputando a 37 acusados hasta ocho delitos, entre los que se contaban los de organización criminal, prevaricación y revelación de información reservada, tráfico de influencias, fraude o cohecho.

La investigación judicial giró sobre los contratos adjudicados a Cofely en los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros); Moraleja de Enmedio (2.862.975 euros); Parla (54.659.019 euros); Alcalá de Henares (11.847.479 euros); Valdemoro (50.280.748 euros); Collado Villalba (35.467.135 euros); Móstoles (60.449.119 euros) y Serranillos del Valle (4.205.589 euros), lo que eleva el total a casi 224 millones de euros.

García Castellón, ahora magistrado jubilado, explicaba en un auto que, entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los investigados de la empresa Cofely y Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron "como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos, con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban".

Para darle una apariencia comercial estándar al acuerdo fraudulento que alcanzaron todos ellos, el director general de Cofely Maurice Didier Roger contrató a Marjaliza bajo la figura jurídica de asesor comercial. Todo ello a sabiendas de que lo que se esperaba de él era que utilizase en sus trabajos de asesor comercial la misma red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que venía utilizando de su etapa anterior de promotor urbanista, indicaba.

El instructor detallaba que la relación entre Cofely y el empresario se instrumentó a través de un contrato de asesoría comercial que fue suscrito el día 1 de mayo de 2012 por la mercantil. Por dicho contrato la empresa entregaba mensualmente al empresario una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable, según fueran las oportunidades de negocio y contratos que se obtenían, hasta un máximo de 155.000 euros.

"El éxito de los contratos conseguidos por Marjaliza llevó a Cofely a preparar un nuevo borrador de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 unos honorarios con la posibilidad de unas cuotas variables por 5.500.000 euros, que las actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2014 abortaron", señaló el instructor.

En este sentido, exponía que la dirección jerárquica habría estado ejercida por Didier, considerado el "círculo 0", quien apoyaba las ofertas, las negociaciones de corrupción y los pagos directos por transferencias a las sociedades de Marjaliza.

Y en la siguiente esfera situaba al departamento comercial de Cofely dirigido por Constantino Álvarez, quien apoyaba las negociaciones de cohechos que instrumentaban Marjaliza y Pedro García Pérez, responsable de terciario de Mercado Público del Departamento Comercial.

COMISIONES A CAMBIO DE CONTRATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

García Castellón identificaba en otro círculo distinto a Gaela Hamon como responsable de la Oficina Técnica del Departamento Comercial quien, bien a la par, o tras las negociaciones de Marjaliza y García Pérez, "se infiltraba en los departamentos técnicos de los ayuntamientos, redactando los pliegos de la adjudicación o los informes de necesidad del contrato".

En otro peldaño se encontrarían, añadía, los negociadores Marjaliza y García Pérez en contacto directo con alcaldes, ediles y técnicos, "que se avinieron a adjudicar a Cofely los contratos de eficiencia energética a cambio de recibir comisiones".

Así las cosas, los investigados habrían diseñado un plan para recuperar el gasto que realizaban con los pagos de comisiones en perjuicio de los consistorios, que García Castellón consideraba que preveía el reembolso de las dádivas a costa de posibles sobreprecios en los contratos de eficiencia, inflados con facturaciones de prestaciones ficticias o inexistentes de las sociedades instrumentales de Marjaliza que enmascaraban como gastos del contrato, "lo que no era más que los fondos comprometidos como comisiones".

Para ello, siguiendo los propios protocolos de actuación comercial fijados por Cofely, idearon que el importe de las comisiones que les venía solicitado por cada ayuntamiento se recogiese en el Plan de Negocio como un gasto más del contrato y así pasasen a formar parte de la oferta que la empresa presentaba al consistorio, apuntaba.

EL PLAN "NO FUE VIABLE" EN CASI NINGUNO DE LOS AYUNTAMIENTOS

Los investigados --continuaba-- añadieron un nuevo epígrafe al Plan de Negocio, que iba a recoger los gastos solicitados por el conseguidor para ganar la licitación pública, gastos que llamaron complemento de éxito. Como ese concepto delataba en parte la finalidad de dicho gasto, cambiaron su nombre por el de gestión del proyecto. Desde ese momento, los gastos comprometidos con los colaboradores para el pago a los alcaldes y funcionarios públicos se asentaron en los nuevos epígrafes creados.

Sin embargo, el auto reflejaba que, pese al esfuerzo de los investigados, el plan "no fue viable" en casi ninguno de los ayuntamientos, ni siquiera en aquellos en los que se contó con el acuerdo de los alcaldes y ediles. Se frustró, manifestaba el juez, por la situación de insolvencia y severa morosidad de la mayoría de los consistorios y los reparos de algunos de los interventores de las instituciones implicadas.

La resolución detallaba que los ayuntamientos que adjudicaron en 2012 y 2013 no pagaron casi ninguna de las facturas de Cofely, que sí facturó por los primeros servicios iniciales de prestación efectiva por sus propios equipos de trabajo, como la compra de energía. Por otro lado, los ayuntamientos que adjudicaron en 2014 se vieron afectados por la actuación del juzgado en la Operación Púnica, que "desactivó toda la organización criminal".

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