El titular de ARCA respondió a las quejas de productores por retenciones: “Siempre que tomamos una medida nadie la sabe” Infobae
El debate por la breve duración de las retenciones cero a la exportación de granos volvió al centro de la escena tras la reacción de Juan Pazo, titular de la Agencia de Regulación y Control Agropecuario (ARCA), frente a las acusaciones por parte del sector agropecuario. El funcionario negó que la decisión que permitió suspender el cobro transitorio de tributos a las ventas al exterior se haya conocido en el círculo de las grandes cerealeras antes de su anuncio formal, y sostuvo que la asignación de cupos no benefició a ciertos jugadores de forma exclusiva.
El Gobierno nacional anunció el lunes una medida que dispuso retenciones cero para la exportación de todos los granos. Por decreto, la vigencia de la política quedó atada a una condición: se mantendría hasta el 31 de octubre o hasta cubrir un cupo de 7.000 millones de dólares, lo que sucediera antes. Desde ese momento, el sector exportador dispuso con rapidez la presentación de solicitudes de ventas, proceso que finalizó en sólo 72 horas con la totalidad del cupo comprometido.
La situación generó un inmediato malestar entre dirigentes rurales y productores. En ese contexto, Juan Pazo se presentó en un canal de streaming oficialista y afirmó: “Cuando tomamos una medida, no la sabe nadie”. Explicó que las empresas exportadoras no contaban con el volumen de stock para cumplir los compromisos, por lo que durante los próximos noventa días deberán adquirir aproximadamente 4.000 millones de dólares en granos a los productores.
El jefe de ARCA remarcó la importancia de la transparencia y aseguró que “siempre que tomamos una medida de fondo, nunca nadie sabía”. Sostuvo que el proceso no incluyó filtraciones ni preferencias, alejándose de versiones que atribuían a empresas del sector ventajas para anticipar movimientos y operar en beneficio propio.
A las declaraciones oficiales se sumaron voceros de la estructura económica nacional. Felipe Núñez, asesor en el Ministerio de Economía, coincidió y explicó que no hubo acuerdos previos con operadores. Núñez sostuvo que “no hay ninguna complicidad”, y reiteró que las definiciones económicas corresponden a equipos cerrados donde solo participan unos pocos funcionarios antes de su anuncio público. Subrayó que “nadie sabía de la medida, se tomó el domingo”. Insistió en que el equipo que lidera Caputo no utiliza prácticas de filtraciones o negociaciones fuera de agenda. Como ejemplo de su política mencionó el caso del cepo, cuando el Gobierno tomó decisiones relevantes bajo la misma lógica de confidencialidad.
El martes y el miércoles, las principales seis empresas cerealeras registraron casi el 90% de las toneladas solicitadas para exportación en las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE). En ese corto período, la totalidad del cupo de 7.000 millones de dólares se agotó. Ese desenlace dejó fuera a una amplia cantidad de productores, tanto pequeños como medianos, que no lograron aprovechar el esquema excepcional de retenciones cero. Las críticas desde el agro no se hicieron esperar, y dirigentes de diferentes entidades reclamaron explicaciones sobre la metodología y la equidad de la asignación.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, manifestó su preocupación por el escenario. En distintas declaraciones cuestionó que los beneficios de la medida no alcanzaron a todos los actores del sector y puso en duda la forma en que la exportación presentó tantas declaraciones en un lapso tan acotado. Dijo: “Queremos ver si el productor realmente pudo aprovechar este beneficio. ¿Cómo puede ser que la exportación haya emitido en tan poco tiempo tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero?”. Pino también expresó que muchos quedaron excluidos del sistema y el ánimo favorable entre los productores solo duró unos días. Expresó la sorpresa del gremio por la velocidad con la que el sistema alcanzó el tope, dejando la situación igual que antes del decreto.
En la misma línea, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria, consideró que “al productor pequeño y mediano no lo benefició, y ni siquiera cerca le pasó de la tranquera”. Sarnari subrayó que la última cosecha estuvo fuera de disponibilidad al momento de la medida, y que el grueso de los beneficiados provino de los grandes operadores con mayor capacidad y acceso inmediato a los documentos y las bolsas de cereal.
Carlos Castagnani de Confederaciones Rurales Argentinas también opinó que la mayoría de los productores quedó al margen y que la metodología de cupos no contempló vías de acceso directo a la rebaja de retenciones.
El tema continuó con repercusiones y defensas desde la administración pública. Juan Pazo insistió en que el procedimiento obliga a las cerealeras a acudir al mercado para comprar los granos prometidos, permitiendo así que los productores participen en defensa de precios y condiciones. En sus intervenciones, reiteró que lo diferente respecto a experiencias anteriores -como las ventanillas de dólar soja 1, 2 y 3- radicó en que no hubo alertas previas ni arreglos informales previos con sectores corporativos. Señaló que la transparencia en la asignación y la igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios continúan como premisas del equipo económico.
Desde el Ministerio de Economía resaltaron que el Gobierno mantuvo la eliminación de retenciones para exportaciones de carne aviar y bovina, una modalidad que, según sostienen los funcionarios, puede alcanzar a mayor cantidad de productores que el segmento de cereales beneficiado inicialmente por el decreto.
El debate por la metodología de cupos y la capacidad de los principales operadores para acceder a los beneficios fiscales sigue en el centro de la discusión. El reparto de los resultados, la rapidez de las transacciones y la posibilidad de participación real de pequeños y medianos productores son ahora eje de reclamos dentro del sector agrícola. Mientras tanto, exportadores y representantes de entidades gremiales aguardan nuevas definiciones y la evolución de los contratos de compra correspondientes a los próximos meses.
