Revisarán legalidad del uso de videograbaciones de Body Cams de Policía Municipal El Imparcial
Mexicali, Baja California.- El diputado Jorge Ramos Hernández felicitó a la alcaldesa por la medida, considerando que las cámaras ofrecen beneficios tanto para los ciudadanos como para los oficiales. El uso de cámaras corporales (body cams) en la Policía Municipal de Mexicali representa un avance en la transparencia y la rendición de cuentas, coincidieron autoridades y legisladores locales.
“Es una herramienta valiosa para que el ciudadano pueda estar tranquilo de que se está registrando toda la relación con la autoridad, y también para que el policía tenga evidencia de sus intervenciones, evitando acusaciones injustas”, dijo Ramos Hernández.
El legislador destacó que la medida fortalece la confianza en la policía y puede replicarse en otros municipios de Baja California, garantizando mayor seguridad y vigilancia en la actuación de los oficiales.
Además, subrayó que la implementación de body cams podría ayudar a documentar excesos de fuerza y actos de corrupción, protegiendo tanto a la ciudadanía como a los servidores públicos.
Pese a los avances, Ramos Hernández y la oposición han señalado limitaciones legales y prácticas en la implementación del protocolo.
Actualmente, las grabaciones de las cámaras corporales no tienen valor probatorio en los procesos judiciales, lo que restringe su eficacia en casos de denuncias por abuso de autoridad, extorsión o corrupción.
La oposición también criticó que la medida se estableció únicamente mediante un protocolo, y no mediante un reglamento más robusto o una ley. Esto, sostienen, deja la regulación del uso de las cámaras a la discreción de los oficiales y del director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), limitando la uniformidad y el control del cumplimiento.
Ramos Hernández señaló que su trabajo se centrará ahora en evaluar, junto con el Poder Judicial y la Fiscalía, el valor legal de las grabaciones y, de ser necesario, promover reformas que eleven la norma a un rango legal superior.
“Si es necesario, haremos la reforma para que no se nos vaya ningún delincuente, y para que ningún policía incurra en extorsiones o desacato afectando a la comunidad”, dijo.
Actualmente, el protocolo establece que las cámaras deben estar encendidas y grabar cada intervención de los oficiales, mientras pueden permanecer apagadas en situaciones no relacionadas con el servicio.
Las grabaciones se almacenan en memoria externa por aproximadamente 20 días, ampliable en caso de denuncias ciudadanas, y los oficiales que incumplan el protocolo pueden ser sancionados o separados de su cargo.
El titular de la DSPM, Luis Felipe Chan Baltazar, informó que se distribuirán alrededor de 200 cámaras corporales, principalmente al área de tránsito. La capacitación del personal en el uso de las cámaras y la notificación del protocolo se completó recientemente, luego de que la creación de la norma se retrasara más de un año tras la adquisición de los dispositivos a inicios del año anterior.
El objetivo, según las autoridades, es garantizar un registro confiable de las intervenciones policiales, fortalecer la rendición de cuentas y prevenir abusos de autoridad, mientras se evalúa la posibilidad de que las grabaciones tengan un mayor peso legal en procesos judiciales.
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