Comunidad en Neiva incinera camioneta de la UNP tras denuncias de presuntas extorsiones Infobae
La tranquilidad del corregimiento de San Luis, en la zona rural de Neiva, se vio alterada por un hecho que terminó con la incineración de una camioneta perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El episodio ocurrió cuando seis personas, entre ellas un firmante de paz proveniente del Caquetá y dos escoltas de la entidad, fueron señaladas por la comunidad de supuestamente estar involucradas en actividades de extorsión.
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De acuerdo con lo que informaron los habitantes, el grupo habría ingresado a una vivienda en la vereda Omega con la intención de exigir dinero. Esa versión generó indignación entre los residentes, quienes reaccionaron de manera violenta y buscaron retener a los ocupantes del vehículo, lo que llevó a que estos se dirigieran por voluntad propia a la Estación de Policía del corregimiento.
Mientras los seis permanecían dentro de las instalaciones policiales, decenas de pobladores llegaron hasta el lugar con el objetivo de acceder a ellos. El ambiente se tornó tenso y obligó a la intervención de la fuerza pública para contener a la multitud.
En medio de esos hechos, el vehículo en el que se transportaban fue incendiado por la comunidad, según registraron videos difundidos en redes locales.
El alcalde de Neiva, Germán Casagua, explicó la situación y resaltó el papel de las autoridades para controlar la alteración del orden público. “En el corregimiento de San Luis se presentó una afectación al orden público, cuando seis ciudadanos llegaron a la estación de Policía buscando resguardarse. Mientras estas personas se encontraban al interior de las instalaciones policiales, llegaron habitantes de la zona intentando acceder a ellos. Ante esta situación, la Policía actuó para calmar los ánimos, ya que estas personas pretendían tomar justicia por mano propia”, señaló el mandatario en declaraciones recogidas por medios regionales.
Casagua también dio detalles sobre las condiciones en las que se encontraba el vehículo oficial y las autorizaciones con las que contaban los escoltas de la UNP. “Los hechos más relevantes fueron la incineración de este vehículo adscrito a la Unidad Nacional de Protección, y como se puede apreciar en las publicaciones que ha hecho la misma comunidad, la placa del automotor fue alterada o manipulada.
Además, se pudo corroborar que estas personas de la UNP tenían licencia o permiso para movilizarse a la ciudad de Ibagué, y no a este sector”, afirmó el alcalde, citado por la prensa local.
Ante la tensión generada, la Policía Nacional desplegó unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), con el respaldo del Ejército, para garantizar la seguridad de los implicados y evitar una confrontación directa con los residentes. Gracias a esta acción, las seis personas fueron evacuadas de manera aérea y trasladadas a disposición de las autoridades competentes, según se informó oficialmente.
La camioneta incinerada pertenecía al esquema de protección que custodiaba al firmante de paz, cuyo desplazamiento estaba autorizado únicamente para un trayecto entre Caquetá e Ibagué, según los datos presentados por la Alcaldía de Neiva. Esa circunstancia generó mayores cuestionamientos entre los habitantes, quienes aseguraban que el grupo no tenía razón para encontrarse en el corregimiento.
En el transcurso de la jornada, los organismos de seguridad mantuvieron presencia en la zona para prevenir nuevos disturbios. El hecho dejó en evidencia la tensión entre la comunidad y algunos esquemas de seguridad de la UNP, en un contexto en el que se han reportado denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas actividades irregulares en zonas rurales.
La administración municipal indicó que las investigaciones quedaron en manos de las autoridades judiciales, con el fin de esclarecer los motivos de la presencia del firmante de paz y de los escoltas en San Luis, así como determinar responsabilidades por la alteración del orden público y por la incineración del vehículo oficial.
El caso se suma a otros incidentes recientes en los que comunidades han reaccionado contra presuntos hechos delictivos en sus territorios, buscando resolverlos sin la intervención de las autoridades. En esta ocasión, la rápida acción de la fuerza pública evitó una agresión directa contra los seis ciudadanos que fueron resguardados en la estación.
