¡La política del crimen organizado! Elarsenal.net
Raúl Flores Martínez.
La política mexicana vuelve a quedar atrapada en la telaraña del narcotráfico. Esta vez, no fue un medio local ni un fiscal estatal quien encendió las alarmas, sino el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que decidió exhibir y sancionar a operadores, empresas y hasta una diputada federal de Morena, todos señalados por su complicidad con células del Cártel de Sinaloa.
La designación no es un simple trámite burocrático: es un mensaje directo a la clase política mexicana que, en su afán por el poder, parece haber olvidado que el crimen organizado no solo se infiltra, sino que gobierna.
El epicentro de este escándalo es Rosarito, Baja California, un municipio que desde hace años dejó de ser sinónimo de turismo de playa para convertirse en un corredor estratégico del trasiego de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Ahí, bajo la sombra de Los Mayos —la facción criminal de la familia Zambada— operan Los Rusos y Los Rugrats, brazos armados que no solo controlan el tráfico de droga, sino que también han perfeccionado el negocio de la extorsión, el secuestro y el lavado de dinero con la complacencia de autoridades locales.
Entre los nombres que más llamaron la atención está el de Hilda Brown, diputada federal de Morena y ex alcaldesa de Rosarito. Según el Tesoro, su gestión como funcionaria sirvió de plataforma para facilitar la expansión de los intereses criminales. No se trata únicamente de una acusación individual: es el reflejo de un problema mayor, la corrupción institucionalizada que permite que la línea entre narco y política sea cada vez más difusa.
El anuncio coincidió con la visita a México de John Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, quien insistió en que la colaboración bilateral debe enfocarse en cortar los flujos financieros de los cárteles. Washington no habla de delincuencia común: califica ya a estas facciones como organizaciones terroristas extranjeras. La advertencia es clara: el fentanilo no solo mata en sus calles, también define su política exterior.
Los reportes estadounidenses ponen en la mira a personajes como Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, líder de Los Rusos y uno de los principales operadores de Los Mayos en Baja California. También destacan a los hermanos Arzate García, Alfonso y René, viejos conocidos del Tesoro y piezas clave en la guerra interna del Cártel de Sinaloa contra Los Chapitos, que ha dejado miles de muertos en Sinaloa, Sonora y Zacatecas.
El caso de Rosarito es un ejemplo doloroso de cómo el crimen organizado convierte a los gobiernos municipales en feudos a su servicio. Empresarios como Jesús González Lomelí y operadores políticos como Candelario Arcega Aguirre son señalados como engranajes de una maquinaria que corrompe, financia campañas y compra silencios. El resultado: municipios enteros secuestrados por la narcopolítica.
Mientras en México se sigue discutiendo si reconocer o no la magnitud del problema, Estados Unidos ya actúa. El reto es que cada sanción, cada lista negra, exhibe no solo a los narcos, sino también a las autoridades que, por acción u omisión, les abren las puertas del poder.
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