Lista de deudores morosos 2025: así puede verificar si tiene obligaciones pendientes con el Estado Infobae
En Colombia, un número considerable de ciudadanos enfrenta reportes en centrales de riesgo debido al incumplimiento de obligaciones financieras.
Estos registros, que evidencian el atraso en pagos de bienes o servicios, se convierten en una barrera para acceder a créditos, adquirir bienes o realizar trámites que requieren historial económico positivo.
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Además de las bases de datos privadas, el Estado cuenta con un instrumento público que detalla a quienes presentan obligaciones vencidas con entidades oficiales.
Se trata del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), elaborado por la Contaduría General de la Nación, el cual incluye información sobre las deudas, los montos y las acciones tomadas frente a esos compromisos.
De acuerdo con lo publicado por Semana, la entidad explicó que “el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME es la relación de las personas naturales y jurídicas que, a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que, habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido”.
Este reporte funciona como una base de consulta oficial, tanto para entidades públicas como para empresas privadas o particulares que deseen verificar el estado financiero de un tercero. En procesos de compraventa, solicitudes de crédito o contratos, el boletín se convierte en una herramienta para evaluar la capacidad de pago de una persona o empresa.
Pasos para realizar la verificación
El proceso para revisar si alguien aparece en la lista de morosos del Estado es completamente virtual. El primer paso es acceder a la página oficial de la Contaduría General de la Nación: www.contaduria.gov.co. Una vez en el sitio, se debe buscar la opción denominada BDME, donde está alojado el boletín actualizado.
Posteriormente, la plataforma pedirá que el ciudadano se registre. Si no cuenta con usuario, deberá crear una cuenta utilizando datos personales básicos, junto con una clave de acceso. Si ya se tiene registro previo, basta con ingresar con las credenciales establecidas.
Luego de este procedimiento, el sistema habilita la consulta. Con solo digitar el número de identificación, se puede conocer si la persona se encuentra en la relación de deudores. En caso de no aparecer en la lista, el portal permite descargar un certificado en formato PDF que lo confirma.
Este documento resulta útil para trámites que requieren demostrar que no existen obligaciones pendientes con el Estado. Por ejemplo, en procesos licitatorios o al suscribir contratos con entidades oficiales, suele pedirse este soporte como requisito habilitante.
Retiro de la lista tras el pago
Una vez la persona o empresa salda sus deudas con la entidad correspondiente, debe ser eliminada del boletín en la siguiente actualización. Este procedimiento evita que continúe apareciendo como deudor en trámites posteriores.
Según los lineamientos de la Contaduría, el reporte se actualiza periódicamente, por lo que los pagos cumplidos deben reflejarse en el sistema de manera oportuna.
Recomendaciones para los ciudadanos
Estar incluido en el Boletín de Deudores Morosos del Estado implica no solo un registro administrativo, sino también posibles restricciones en materia de contratación pública y acceso a productos financieros.
Por ello, expertos recomiendan mantener un control estricto de las obligaciones, revisar periódicamente el boletín y, en caso de aparecer registrado, comunicarse de inmediato con la entidad acreedora para buscar acuerdos de pago que permitan resolver la situación.
La Contaduría señala que este proceso de verificación no tiene ningún costo y puede hacerse en cualquier momento desde dispositivos con acceso a internet.
En un contexto donde la información financiera es clave para transacciones personales y empresariales, el BDME se convierte en una herramienta esencial para garantizar transparencia en los procesos y permitir a los ciudadanos conocer de manera clara el estado de sus deudas con el sector público.
