Huachicol Excelsior

El término, al parecer, viene del maya, que llama “huach” al “ladrón”; se le añadió el sufijo “col” en referencia a una actividad ilegal.
Huachicol es una palabra que comenzó a aplicarse al robo de combustible, y fueron los mismos empleados de Pemex quienes empezaron a robarlo y, para disfrazar la ordeña, lo mezclaban con otras sustancias.
                                                                                                                              México se enteró del huachicol por la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, debida a una fuga de combustible en esa zona; los pobladores de ese lugar comenzaron recolectar el combustible para venderlo.
A las 18:58 horas ocurrió una fuerte explosión que dejó un saldo de 137 personas muertas.
“¡No me vengan con que el Presidente no sabía, no se enteraba o lo engañaban, eso es falso, el Presidente de México está informado de todo lo que sucede, y las transas grandes llevan siempre su visto bueno, aunque no firme, él autoriza, tolera y permite!”: estas contundentes palabras fueron dichas por el señor que ya no está, y confirman lo que todos sabemos; en el caso del huachicol, como el de otros delitos, él personalmente autorizó, toleró, promovió y permitió.
Y recordamos cómo, después de Tlahuelilpan, él dispuso que se contrataran 140 pipas para “controlar” el problema, cuando en realidad incrementó el robo que se había iniciado en los sexenios anteriores y se ocultaron las siniestras relaciones entre la Presidencia y el huachicol.
Pemex estima que cada año los delincuentes abren un promedio de 10 mil tomas clandestinas, y hoy se calcula que hay cerca de 22 mil tomas activas, casi dos por cada estación formal de gasolina.
Para agravar más el problema, el huachicol fue absorbido por organizaciones criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima, el del Golfo y el Jalisco Nueva Generación; para ellos, el huachicol es una fuente de ingresos equiparable al narcotráfico.
El huachicol fiscal, distinto del robo físico de ductos, implica el contrabando de combustibles importados para evadir impuestos.
Este delito, que utiliza facturas falsas y empresas fachada, causó pérdidas fiscales estimadas en 485 millones de pesos diarios en 2022, e involucró a decenas de funcionarios de Morena y empresarios mexicanos.
En medio de esta marea de información/desinformación, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, señaló: “Hace casi dos años, acudió Rafael Ojeda Durán, el entonces secretario de la Marina, y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución; nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver”.
Asimismo, el extitular de la Aduana de Tampico y ahora testigo protegido de la FGR, el capitán Alejandro Torres Joaquín, señaló que buques con huachicol arribaban a ese muelle, concesionado a un empresario “que tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López”.
Omar García Harfuch, Alejandro Gertz Manero y el almirante Pedro Morales Ángeles, titular de  la Semar, informaron el pasado domingo el decomiso de un buque con 10 millones de litros de diésel, uno de los decomisos más grandes de la historia.
Además, se detuvo a 14 personas, entre ellas: empresarios, elementos de la Secretaría de Marina, un exintegrante de la Marina y cinco exfuncionarios de aduanas.
Y ahora nos enteramos que el exsecretario de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay, lo que confirma la complicidad entre morenistas y delincuentes.
El problema persiste, pero mientras en Presidencia siga vigente el Abrazos, no balazos, siga “exigiendo pruebas”, siga acusando al pasado y guarde silencio frente a las denuncias nacionales e internacionales, será imposible detener y juzgar a funcionarios como Adán Augusto López, Saúl Vera Ochoa, Francisco Javier Antonio Martínez y muchos más, involucrados en este siniestro delito.
 Columnista: Rafael Álvarez CorderoImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0