La AN extiende a 2026 la investigación sobre la presunta estafa del empresario que dio 100.000 euros a "Alvise" Infobae
El juez de la Audiencia Nacional (AN) ha decidido ampliar hasta marzo de 2026 la investigación sobre la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) y Álvaro Romillo, el empresario que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis "Alvise" Pérez.
Según un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez José Luis Calama prorroga seis meses más la instrucción argumentando que tiene pendientes varias diligencias, como declaraciones de investigados, órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias a varios países.
El instructor incide además en el "carácter complejo" de la investigación, apuntando que la infraestructura de la presunta organización criminal "incluiría sociedades tanto en España como en el extranjero, cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles titulados por los investigados en diversos países".
"Siendo que las diligencias de investigación acordadas hasta el día de hoy, resultan complejas y extensas en relación tanto con los aspectos empresariales, como con los movimientos efectuados por los investigados, lo que conlleva que las diligencias de investigación se encuentren en un estado incipiente", agrega.
FINANCIAR "PARTE" DE LA CAMPAÑA DE "ALVISE"
En la causa abierta en el Tribunal Supremo (TS) por la presunta financiación ilegal del partido de "Alvise", Romillo, alias "CryptoSpain", declaró como investigado que entregó 100.000 euros a "Alvise" para la campaña electoral de las últimas elecciones europeas, confirmando así lo que había expuesto antes ante el juez de la AN, mientras que el político reconoció haber recibido el dinero por dar una charla sobre libertad financiera, pero negó haberlo usado para los comicios.
La Policía Nacional, en un informe conocido este jueves, asegura que el dinero que recibió el eurodiputado por parte del empresario fue para "financiar parte de la campaña electoral" y ve "evidente" que buscaba "fondos opacos".
La causa sobre MIC se abrió el pasado año en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad de documentos mercantiles, tras diversas denuncias y miles de afectados a los que representan, entre otros, el despacho Aránguez Abogados, para quien el empresario "alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas".
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la plataforma de inversiones MIC llegó a recaudar más de 260 millones de euros, una cifra supuestamente dedicada a la inversión en relojes, vehículos, oro y metales preciosos, alcohol y "startups".
