Estados Unidos definirá el futuro de la certificación antidrogas de Colombia el 15 de septiembre Infobae
La inminente decisión del gobierno de Estados Unidos sobre la certificación antidrogas de Colombia mantiene en vilo a ambos países.
Con cerca de USD 450 millones anuales en cooperación Estados Unidos Colombia en juego, la resolución prevista para el lunes 15 de septiembre podría redefinir la relación bilateral en materia de seguridad, defensa y política antidrogas.
El desenlace, que oscila entre la certificación, la descertificación de Colombia o la concesión de una exención, plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación y el margen de maniobra del presidente Gustavo Petro ante las presiones de Washington.
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El proceso de certificación y descertificación que realiza anualmente Estados Unidos evalúa si los países más involucrados en la producción o tránsito de narcóticos cumplen con sus compromisos internacionales.
De acuerdo con el exembajador estadounidense en Colombia Kevin Whitaker, en entrevista con Semana, el gobierno norteamericano “tiene la facultad de tomar muchas decisiones, desde cortar toda la ayuda a un país hasta votar en contra de este en las instituciones financieras”.
Sin embargo, existe la posibilidad de un waiver o exención, que permite mantener la cooperación pese a una descertificación formal, enviando un mensaje de descontento pero sin romper la relación.
Whitaker explicó al medio mencionado que este mecanismo suele aplicarse cuando se reconoce que la fuerza pública colombiana colabora y que la relación bilateral tiene un largo historial de amistad.
La Cámara de Comercio Colombo-Americana (Amcham) ha identificado cuatro escenarios posibles: una descertificación dura, una descertificación moderada, una certificación por exención por interés nacional y una certificación total.
La mayoría de expertos consultados por La Silla Vacía descartan tanto la certificación total como la descertificación dura, aunque consideran probable una exención o una descertificación moderada.
Según AmCham, el escenario más severo implicaría una reducción de la cooperación entre el 60% y el 70%, es decir, entre USD 270 millones y USD 315 millones, lo que comprometería gravemente la capacidad institucional del Estado y la asistencia técnica en seguridad.
Un escenario más blando supondría una reducción de entre el 30% y el 40% de la cooperación, afectando proyectos sociales, de justicia y de seguridad ciudadana que dependen del financiamiento externo.
Las consecuencias prácticas de cada escenario son profundas. Una descertificación dura pondría fin a la financiación de horas de vuelo de helicópteros y aviones, repuestos, entrenamiento de pilotos, combustible para buques de la Armada y softwares de inteligencia, entre otros rubros.
