SAT busca acceso total a cuentas financieras y mayores penas por contrabando Expansión
La propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), incluida en el paquete fiscal 2026 entregado al Congreso el 8 de septiembre, busca transformar al Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) en una autoridad con más dientes que nunca. La Secretaría de Hacienda busca reforzar la fiscalización, ampliar la vigilancia sobre contribuyentes y plataformas digitales, y endurecer las sanciones penales.
Acceso total a cuentas financieras Negativa de inscripción al RFC Nuevo delito por falsedad de declaraciones“El mensaje es claro: el gobierno busca inhibir la evasión y mandar una señal de mayor disciplina fiscal”, explicó Guillermo Mendieta, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México. En la práctica, el SAT tendría un rango de acción más amplio con acceso en tiempo real a operaciones en plataformas digitales y la revisión de cuentas en cualquier entidad financiera, no solo en aquellas bancarias, sino también en cooperativas, casas de bolsa, Sofipos y otras instituciones del sistema financiero. Además, la iniciativa contempla nuevas figuras de delitos fiscales y mayores penas de prisión, lo que endurece el mensaje hacia evasores y factureras. Uno de los cambios más llamativos es la facultad del SAT para tener acceso permanente y en tiempo real a la información de las plataformas digitales, incluidas de streaming , comercio o intermediación. En caso de incumplimiento, la autoridad podrá bloquear temporalmente los servicios de estas compañías. A ello se suma la ampliación de su capacidad de verificar cuentas en cualquier entidad financiera, no solo en bancos. Esto con la finalidad de revisar la verdadera capacidad contributiva de los contribuyentes. Es decir, la propuesta elimina la referencia exclusiva a “estados de cuenta bancarios” en el Código Fiscal, pues resultaba limitante frente a la transformación del sistema financiero tras la Ley Fintech de 2018. Los contribuyentes pueden tener recursos en Sofipos, cooperativas o instituciones de fondos de pago electrónico, por lo que Hacienda plantea que el SAT pueda revisar también esos estados de cuenta como parte de su mandato de verificar la capacidad contributiva de manera proporcional y equitativa. Según Mendieta, esto responde a la evolución del sistema financiero tras la Ley Fintech. “El SAT quiere cerrar ese vacío para revisar la capacidad real de pago”, explica. Pero advierte que esto solo se podrá hacer bajo los supuestos que la ley define para que la autoridad fiscal justifique el acceso a dichas cuentas.
Batalla contra factureras, huachicol y contrabando La iniciativa refuerza las atribuciones del SAT para restringir temporalmente el certificado de sello digital a empresas con deudas fiscales firmes o con prácticas indebidas en hidrocarburos y comercio exterior. Sin sello digital, los contribuyentes no pueden emitir facturas, lo que en la práctica paraliza operaciones. También se propone un nuevo Artículo 49 Bis que establece un procedimiento de visita domiciliaria expedito para detectar, revisar, inhibir y sancionar a los emisores de CFDI falsos. Además, se precisan nuevas reglas para depurar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de empresas inactivas y para exigir más información a notarios y fedatarios sobre documentos utilizados en trámites fiscales. Y no habrá prórrogas. El contribuyente tendrá cinco días hábiles para ofrecer pruebas y desvirtuar la presunción de falsedad, el SAT tendrá 15 días para emitir resolución y el procedimiento completo durará máximo 24 días. “Se busca cortar de raíz a las factureras: quitarles la posibilidad de facturar es, en la práctica, paralizar sus operaciones”, comentó Mendieta. El SAT tendrá la facultad de negar la inscripción de personas morales en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) si detecta que su representante legal, socios, accionistas o cualquier persona de su estructura orgánica ha participado en empresas que no desvirtuaron restricciones para facturar, o que estén publicadas por créditos fiscales firmes o no localizadas. El objetivo es evitar la constitución de nuevas personas jurídicas para actividades indebidas. Para Mendieta, esto apunta a frenar las llamadas “empresas de papel”. “Antes, un socio podía cerrar una compañía irregular y abrir otra al día siguiente. Ahora esa puerta se cierra”. El paquete fiscal 2026 incluye un endurecimiento del marco penal y propone crear un nuevo delito de falsedad en declaraciones o documentos fiscales, con penas de 3 a 6 años de prisión. Esto con el fin de frenar el abuso de los medios de defensa. “El endurecimiento penal busca limitar el abuso de amparos o recursos legales que retrasan el pago de impuestos. La idea es que las sanciones sean lo suficientemente disuasivas”, explicó el especialista, pero advirtió que esto podría representar una línea gris si el criterio de falsedad se deja a discrecionalidad del SAT. Además, se amplían los supuestos de contrabando en comercio exterior y en la venta de cigarros sin códigos de seguridad, con sanciones de 5 a 8 años de cárcel. Asimismo, se equipara al contrabando la certificación falsa de origen de mercancías, clave en acuerdos comerciales como el T-MEC. La propuesta redefine lo que se considera un comprobante fiscal falso (CFDI). Ahora propone considerar no solo los apócrifos, sino también aquellos que amparan operaciones inexistentes o irreales. De este modo, el SAT podrá suspender de inmediato la capacidad de emitir facturas cuando detecte irregularidades, e incluso publicar los nombres de los emisores de comprobantes falsos. Los receptores de estas facturas tendrán 30 días para autocorregirse o arriesgarse a perder temporalmente su sello digital. ]]>
