Luego de finalizar su gestión como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña aseguró que las sentencias incómodas seguirán sin cumplirse, incluso con la entrada en funciones de un nuevo órgano judicial.

En entrevista desde su oficina, mientras empacaba documentos y vaciaba archiveros, Piña fue clara: aunque el país tenga una nueva Corte, el desacato a las resoluciones judiciales continuará.

Creo que van a seguir incumpliendo sentencias de la Corte, tenemos muchas sin cumplir”, afirmó.

¿Por qué no se cumplen las sentencias?

Según Piña, la razón principal del desacato es que los otros poderes, Ejecutivo y Legislativo, actualmente bajo control del partido oficial, rechazan las resoluciones que no les favorecen.

Si no les gusta cómo viene la resolución, o piensan que es una supuesta invasión de la voluntad de otro Poder, va a seguir”, explicó.

¿Qué consecuencias tiene el desacato?

La falta de cumplimiento de sentencias pone en duda la vigencia del Estado de Derecho. Piña señaló que esto ya es una práctica que ocurre actualmente, con múltiples resoluciones de la Corte aún sin ejecutarse.

Aunque no mencionó casos específicos, el contexto político actual ha mostrado ejemplos en los que autoridades rechazan cumplir suspensiones o sentencias definitivas, sobre todo en temas que involucran reformas impulsadas por el Ejecutivo o decisiones presupuestales.

¿Se pudo evitar esta situación?

La ministra reconoció que el cambio al Poder Judicial era inevitable. Afirmó que las condiciones políticas que permitieron la reforma judicial ya estaban definidas desde tiempo atrás y que su margen de maniobra fue limitado.

Era inevitable el cambio en el Poder Judicial y no podía hacer mucho para evitarlo”, aceptó.

¿Qué espera Piña de la nueva Corte?

Aunque expresó su preocupación por el contexto actual, Norma Piña dijo que desea que la nueva Corte, cuyos integrantes serán electos en comicios abiertos con baja participación ciudadana, actúe de manera autónoma.

Espero que sea una Corte independiente”, expresó.

En una amplia entrevista al cierre de su gestión como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Piña reflexionó sobre los retos que enfrentó el Poder Judicial de la Federación (PJF), la falta de respaldo social, el debilitamiento del Estado de Derecho y las implicaciones de la reforma judicial impulsada por el gobierno.

Falta de respaldo social: indiferencia e incomprensión

Piña reconoció que la sociedad mexicana no ha mostrado un respaldo sólido al Poder Judicial. Aunque hubo algunas manifestaciones de apoyo, “fueron muy marginales”, dijo. Atribuyó esta indiferencia a una falta de comprensión de la función del Poder Judicial, especialmente del ámbito federal.

No se dimensiona, no se aprecia en su justa dimensión [...] Por fortuna, no toda la sociedad necesita a un juez o magistrado”, señaló.

Subrayó que esta desconexión tiene raíces profundas: “Es una cuestión de educación desde la escuela primaria. Es cultura general. No necesitas ser abogado”.

Incumplimiento de sentencias: “va a seguir”

Respecto al creciente desdén hacia las resoluciones judiciales, Piña fue contundente:

Van a seguir incumpliendo sentencias de la Corte. Tenemos muchas sin cumplir. Es preocupante”.

El punto de quiebre, dijo, se dio con la reforma judicial, cuando incluso se desconocieron suspensiones dictadas por jueces de amparo. “Públicamente fue ‘no voy a cumplir la suspensión’. Y no pasó nada”.

Consideró que el mecanismo para sancionar el incumplimiento de una sentencia de la Corte es “muy vago, muy ambiguo”, lo que reduce su efectividad frente a otros actos como las suspensiones, que tienen efectos más concretos sobre individuos.

El caso de los fideicomisos: “incumplimiento a la Constitución”

Sobre la entrega de más de 10 mil millones de pesos por parte de Nacional Financiera (Nafin) a la Tesorería de la Federación, Piña afirmó que se trató de un incumplimiento contractual.

“Era mi dinero, me lo das a mí y ya que lo ocupe se lo doy a otra parte”, explicó.

“Las suspensiones fueron un pretexto. Legalmente no había problema en regresarlo al Consejo”.

Aclaró que la Constitución preveía que ese dinero se usara primero para pagos extraordinarios a juzgadores no electos, y los remanentes se entregarían posteriormente a la Tesofe.

Pensiones y presupuesto: austeridad extrema

La ministra confirmó que las pensiones complementarias para jueces y magistrados están garantizadas por la Constitución y Condiciones Generales de Trabajo, y sí fueron incluidas en el proyecto de presupuesto 2026.

Respecto a la situación presupuestal, denunció una reducción sistemática de recursos en los últimos dos años, al punto de que algunos juzgados ya carecen de papel o tóner.

“Ha sido desde hace dos años que el presupuesto ha ido a la baja […] A ese nivel se ha llegado”, lamentó.

Aunque solicitaron ampliaciones presupuestales tanto al Consejo como a la Corte, no han recibido respuesta positiva.

Transición al nuevo órgano: sin claridad

Piña expresó preocupación por la falta de certidumbre en la entrega del Poder Judicial al nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), ya que, a horas del cierre de su administración, el órgano no está constituido formalmente.

“Estamos haciendo un cierre con matriz de riesgos, pero no hay a quién entregarle”, dijo.

“Ya está Néstor Vargas, designado por la presidenta electa, pero el órgano como tal no existe”.

Criticó el diseño de la reforma, calificándolo como un error por no prever estos vacíos legales y operativos.

Corte sin atribuciones administrativas: “va a haber estira y afloja”

Con la entrada del OAJ, la Corte perderá facultades administrativas, incluyendo presupuesto y nombramientos, lo cual Piña considera que generará tensiones internas.

“Van a tener que establecer mecanismos, cuando se integren. Ahí va a ser el estira y afloja”.

Asimismo, alertó sobre la desaparición de las Salas y la sobrecarga del Pleno:

Las Salas eran clave. Si no se crean comisiones o mecanismos similares, el Pleno no va a poder con todo”.

Reforma judicial: “Era inevitable”

En uno de los pasajes más reveladores, Piña reconoció que la reforma judicial era inevitable, no por falta de defensa de su parte, sino por factores políticos externos:

Fue una decisión pensada desde antes de López Obrador. Fue promesa de campaña. Lo que propició la reforma fueron las circunstancias: la sobrerrepresentación en el Congreso, los votos que se cambiaron en el Senado”.

A jueces y magistrados: “cada quien elige su destino”

Como mensaje final a jueces y magistrados que iniciarán bajo el nuevo modelo y bajo la vigilancia del Tribunal de Disciplina Judicial, Piña les exhortó a mantener sus principios:

Tienen que seguir rigiéndose por los valores de autonomía e imparcialidad. Cada quien elige su destino”.

Norma Piña se puso autocrítica

Reconoció que hay cosas que haría distinto, como evitar la polémica cena con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en diciembre de 2023, aunque insistió en que no hubo ninguna implicación electoral.

Finalmente, al preguntarle si la Corte podría volver a ser “un anexo del gobierno” ante la llegada de nuevos ministros afines, fue clara:

Sería un retroceso. Esperemos, por el bien del país, que siga siendo una Corte independiente”.