Bolivia: Camacho se alista para salir de prisión tras obtener medidas sustitutivas en cuatro procesos Infobae
El líder opositor Luis Fernando Camacho alista su salida de la cárcel este viernes, tras haber sido beneficiado con libertad en dos procesos y con detención domiciliaria en otro dos. El ex líder cívico y gobernador suspendido de Santa Cruz estaba con arresto preventivo en la cárcel de Chonchocoro, en El Alto, desde finales de 2022, superando el plazo legal de seis meses.
El viernes pasado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, emitió un instructivo en el que ordenó a los tribunales departamentales revisar de manera “inmediata” los plazos procesales de los casos que implicaban a tres opositores: la ex presidenta Jeanine Añez, el ex líder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari y Camacho.
Añez fue absuelta de un juicio ordinario pero aún permanece recluida en la cárcel donde cumple una sentencia de diez años y además enfrenta otros juicios. En tanto Pumari obtuvo libertad plena el martes.
Con la excarcelación de Camacho, se prevé que retome sus funciones de gobernador de Santa Cruz, cargo del que fue suspendido debido a su situación jurídica. El fallo emitido el martes, le otorga permisos de salida laboral y le impone otras obligaciones, como el pago de una fianza o la presentación periódica ante las autoridades de Justicia.
“Ya no tiene ninguna detención, pero mantiene siete procesos activos”, explicó su abogado, Martin Camacho, en contacto con Infobae. Al cierre de esta nota, su equipo jurídico esperaba la emisión del último mandamiento de libertad en tribunales de La Paz, para con eso oficializar su salida de prisión. Estiman que retornará a Santa Cruz al finalizar la tarde del viernes.
“Él está muy tranquilo, feliz, agradecido y siente que se ha recuperado la independencia del poder judicial”, señaló el abogado de su defensa.
Los cuatro juicios que fueron abordados esta semana tienen que ver con el caso denominado Golpe de Estado I, que lo acusa por varios delitos relacionados a las manifestaciones previas a la la renuncia de Evo Morales en 2019, en medio de acusaciones de fraude electoral; un caso por el paro de 36 días realizado a finales de 2022 con el objetivo de adelantar la fecha de un censo; otro por la emisión de un decreto regional con el cual designó a un secretario de la Gobernación como suplente temporal sin respetar el orden constitucional al excluir al vicegobernador y finalmente un caso que lo acusa por la presunta adquisición irregular de un carro bombero en la Gobernación de Santa Cruz.
El Gobierno de Luis Arce apeló las decisiones judiciales que a los tres opositores y en el oficialismo piden un juicio de responsabilidades contra el presidente del TSJ. La ministra de Justicia, Jessica Saravia, confirmó que el Ejecutivo presentó los recursos porque considera que esas resoluciones significan un retroceso en el proceso de justicia por los hechos de violencia de 2019, durante el Gobierno de Añez, los que más de 30 personas murieron en dos represiones militares.
Si bien los casos de Camacho y Pumari no están vinculados a esos hechos, el presidente Luis Arce expresó su preocupación y dijo que la justicia para las víctimas sigue siendo una deuda pendiente del Estado. En ese sentido, el Gobierno insiste en que no se trata de persecución política, sino de garantizar que no haya impunidad
Las apelaciones presentadas por el Ejecutivo deberán ser evaluadas por las instancias competentes y en función de sus resultados se definirán los próximos pasos legales.
Para algunos analistas, la liberación de los opositores responde al giro político que habrá en los próximos meses tras las elecciones del domingo, en los que el oficialismo fue derrotado al obtener el 3,17% de los votos. “Es la materialización del derrumbe político del MAS”, señala el analista y consultor político Carlos Saavedra, quien cuestiona los virajes de la Justicia en función del poder de turno.
