VIOLENCIA provoca el DESPLAZAMIENTO FORZADO de una COMUDAD MIXTECA en OAXACA Punto Por Punto

Con el desplazamiento forzado de 214 indígenas Ñu‘u Savi de la comunidad mixteca de Buenavista, un lesionado, el incendio de casas y familias retenidas, se agudizó el conflicto agrario entre los municipios de Santiago Yosondúa y en Santa María Yolotepec por la disputa de más de mil 600 hectáreas.

• Es por ello que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió Medidas Cautelares en seguimiento al Cuaderno de Antecedentes iniciado el 19 de agosto del presente año, derivado de los hechos de violencia registrados en la agencia de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa y en Santa María Yolotepec, vinculados a un conflicto agrario.
• Relató que, el pasado 18 de agosto, un grupo armado ingresó a la agencia municipal de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa, donde realizó disparos con armas de fuego, lo que dejó una persona lesionada, incendio de viviendas y familias retenidas durante el conflicto, además del desplazamiento forzado de aproximadamente 214 personas.

La defensoría determinó que se trata de una violación a derechos humanos, por lo que solicitó a la Secretaría de Gobierno del Estado coordinar mesas de diálogo que permitan atender de forma integral el conflicto, a fin de garantizar una convivencia armónica entre los habitantes de las localidades involucradas, así como generar los mecanismos eficaces para establecer las relaciones armoniosas entre las personas que habitan ambos municipios.

• Así también, pidió que se realice un censo de las personas víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) por los hechos de violencia generados, así como prever los lugares de alojamiento temporal de las familias desplazadas y de ser necesario el acceso a los servicios de salud, educativos, jurídicos y laborales.

Y a la Fiscalía General del Estado (FGEO) la instó a que se realicen acciones necesarias para investigar los delitos que con motivo de la problemática planteada.

El gobierno de Oaxaca reaccionó, seis días después, al reconocer que 72 familias de la comunidad Ñu‘u Savi de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa, fueron desplazadas por el ataque armado perpetrado por sus vecinos de Santa María Yolotepec.

Mientras que la Secretaría de Gobierno reconoció que con el objetivo de garantizar la seguridad y preservar la paz territorial, instituciones de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos de protección y vigilancia en la zona limítrofe entre los municipios de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, derivado del conflicto entre ambos que prevalece desde hace más de 70 años.

• En este operativo participan la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Policía Vial Estatal; quienes de manera coordinada implementan patrullajes en dicha área para brindar certeza a la población y a quienes transitan por las comunidades colindantes.
• A su vez, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca (CADH) entregó insumos donados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
• La titular de la CADH, Flor Estela Morales Hernández, entregó víveres y botiquines de emergencias a las 72 familias en situación de desplazamiento forzado interno de la comunidad de Buenavista.

Como parte de la labor coordinada que realiza la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal, la Dirección General del Hangar y la FGEO, se han realizado vuelos de patrullaje y reconocimiento aéreo.

Las operaciones se centraron en las localidades de El Porvenir, Santiago Yosondúa y Santo Domingo Ixcatlán, con el objetivo de realizar un monitoreo exhaustivo del territorio y reforzar las estrategias de seguridad y paz en la región.

Estos sobrevuelos permiten detectar posibles riesgos, coordinar acciones interinstitucionales y garantizar una presencia activa de las fuerzas de seguridad en esta zona a fin de preservar los derechos humanos.

Conflictos agrarios en Oaxaca

En marzo de este año, un enfrentamiento por un conflicto agrario entre pobladores de San Francisco Coatlán y San Sebastián Coatlán, en la región de los Coatlanes en la Sierra Sur de Oaxaca, dejó como saldo cinco muertos y 11 heridos, informaron autoridades estatales.

• Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, en el paraje El Limar, en donde se realizan obras de un nuevo entronque carretero.
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De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, habitantes de San Francisco Coatlán “fueron agredidos” mientras recolectaban madera en el mencionado paraje. Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Policía Estatal y Guardia Nacional.

• En un primer momento, la secretaría dio cuenta de dos personas fallecidas, pero en la noche la FGE detalló a través de un comunicado que habían sido cinco los muertos por el enfrentamiento y “que otras personas resultaron lesionadas”.

Las personas que resultaron heridas “se encuentran bajo resguardo a fin de determinar su nivel de responsabilidad, en caso de haber participado en la agresión”, informó la Fiscalía, que además dijo haber definido las primeras líneas de investigación.

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De estos casos, se presentaron 156 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar su retorno seguro a sus comunidades de origen.

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Tan solo en la región triqui se concentra la mitad de estos desplazados, incluidos los habitantes de San Juan Copala, quienes fueron desterrados por una disputa interétnica entre organizaciones sociales rivales que luchan por el control del territorio triqui.

¿Cómo fueron causados los desplazamientos?

Elfego Reyes, representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), afirmó que desde los años 80 hasta la fecha, más de siete mil personas han sido víctimas de desplazamiento forzado.

• El último caso ocurrió en 2010 con los pueblos de San Juan Copala y San Miguel Copala, afectados por la violencia ejercida por grupos paramilitares. Este conflicto provocó desplazamientos forzados masivos hacia la ciudad de Oaxaca.
• Las víctimas permanecen en refugios bajo medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
• Un segundo caso se registró en 2020 en la comunidad de Tierra Blanca Copala, donde, nuevamente, el pueblo triqui tuvo que abandonar sus hogares, dejando atrás tierras, casas, sueños y costumbres debido al abandono estatal.
• En 2019, se reportó el desplazamiento forzado de 32 familias de San Esteban Atatlahuca por disputas relacionadas con la explotación de un bosque.

En este contexto, se encuentra desaparecida la activista Irma Galindo Barrios, cuyo paradero se desconoce desde 2021.

En esta misma zona, una niña desplazada de origen mixteco, de tres años, llamada Benita Hernández Bautista, murió debido a diarrea y desnutrición por la falta de médicos y alimentos, denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI).

Menores de edad, víctimas de pobreza y marginación

Maurilio Santiago Reyes, defensor y director del CEDHAPI, explicó que la menor murió en el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Tlaxiaco, ubicado a tres horas de distancia, ya que, en la iglesia principal, donde están refugiadas las familias, no hay médicos ni provisiones.

“Esta menor perdió la vida por la pobreza y la marginación. ¿Cuántas muertes más vamos a tener para que las autoridades actúen? Es realmente preocupante porque hay muchos menores desplazados; algunos están en la montaña y otros en Tlaxiaco. No sé qué va a pasar. Los están dejando solos, sin casa, sin salud ni alimentación”, denunció Santiago Reyes.

Desde octubre de 2021, la menor, su familia y otras 300 familias de las comunidades de Ndoyonuyuji y Guerrero Grande, en Atatlahuca, Oaxaca, enfrentan desplazamiento forzado debido a la violencia generada por la defensa del bosque, que derivó en la quema de 100 viviendas.

• De acuerdo con datos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), entre 2010 y 2023 se iniciaron 156 expedientes de queja y cuadernos de antecedentes por desplazamiento interno.
• En ese sentido Flor Estela Morales Hernández, coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Ejecutivo (CADH), señaló que Oaxaca es uno de los estados con mayor número de casos por desplazamiento interno forzado, en los que esta instancia que representa tiene documentados 21 casos, de los cuales el 98 por ciento ocurrieron en los sexenios de Alejandro Murat y Ulises Ruiz.

¿Cuántos desplazamientos hubo en 2024?

Durante el pasado año 2024, nuestro país registró cerca de 28 mil 900 desplazamientos forzados en 13 entidades de la República Mexicana, tal como Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, según el informe “Travesías forzadas, desplazamiento interno en México” realizado por la Universidad Iberoamericana.

Además, el informe de la academia arrojó que el fenómeno del desplazamiento aumentó en 129% con respecto a las cifras del 2023, de los cuales el 79% de los desplazamientos reportados en 2024 estuvieron vinculados a casos de violencia directa, amenazas y ataques armados.

Asimismo, el estado de Chiapas fue la entidad con el mayor número de desplazamientos con un total de 17 mil 860 casos, que en su mayoría ocurrieron en la frontera México – Guatemala, donde el crimen se disputa las rutas de narcotráfico.

Por otra parte, el estado de Michoacán, a partir del año 2015, y bajo la mano de “Los Caballeros Templarios” ha enfrentado el fenómeno del desplazamiento forzado, y ahora recientemente por la disputa por el control del narco entre entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Nueva Familia Michoacana y Los Viagra.

Por ello, cientos de michoacanos han tenido que abandonar sus municipios de origen como: Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Tomatlán, Sahuayo, Nueva Italia, Jacona, Churumuco y Morelia.

Datos:

• Durante el 2024, ocurrieron cerca de 28 mil 900 desplazamientos forzados en 13 estados del país.
• El fenómeno del desplazamiento aumentó en 129% respecto a las cifras del 2023.
• El 79% de los eventos estuvieron vinculados con violencia directa, ataques armados, o amenazas. Mientras que el 20% corresponden a causas sociales o desastres naturales.
• El estado de Chiapas registró 17 mil 860 eventos de desplazamiento, la mayoría en comunidades fronterizas con Guatemala.

¿Cuántos desplazamientos hubo en 2023?

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas afirma que en 2023, 11 mil personas más fueron desplazadas como consecuencia de conflictos y violencia en México, acumulando casi 400 mil personas en esta situación.

• De los 392 mil casos reportados, la mayoría se concentra en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Quintana Roo y Chiapas.
• El informe señala que estos territorios están rebasados por la violencia ejercida por grupos armados enlazados con los tres niveles de gobierno, violentando pueblos y comunidades que defienden sus territorios.

Durante 2023, destacan más de 40 hechos de desplazamiento por violencia en 11 estados: Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Estado de México.

• En México, la principal causa de desplazamiento es la violencia marcada por la delincuencia organizada, también destacan los conflictos generados por los agentes del Estado, grupos paramilitares, conflictos territoriales comunitarios, cambio climático y desastre natural.
• Factores como la colusión por parte de funcionarios públicos con grupos delincuenciales agravan la situación de los pobladores.

El control por los recursos, las extorsiones, producción de drogas e imposición de megaproyectos generan olas de violencia que expulsan a la gente de sus lugares de origen.

En el estado de Chiapas, el fenómeno de desplazamiento forzado existe desde la década de 1960 por motivaciones religiosas.

• Actualmente, es la delincuencia organizada la que ha desplazado a la mayor cantidad de personas.
• Según el informe, tan sólo en la región Frontera y Sierra del estado, la delincuencia ha desplazado a 8 mil 190 personas, agudizando la situación.

Episodios como la insurgencia indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), combatidos por el Estado mexicano, han permitido presencia de grupos paramilitares que gozan de impunidad, continuando una línea de desplazamiento forzado hasta la actualidad en Chiapas/Agencias-PUNTOporPUNTO