La mancuerna de la impunidad del juez Hernández Miranda Elarsenal.net
Raúl Flores Martínez.
La corrupción en México no se viste de colores partidistas ni se esconde detrás de discursos de transparencia. Se exhibe sin pudor en los tribunales, donde la justicia se tuerce al mejor postor y donde el dinero compra libertad, impunidad y privilegios.
El caso más reciente vuelve a poner el dedo en la llaga: el juez de control en Hermosillo, Sonora, Enrique Hernández Miranda, otorgó libertad a Julio César Chávez Jr., pese a que los delitos que se le imputan ameritaban prisión preventiva.
¿Una decisión aislada? Nada más alejado de la realidad.
Este juez no es ningún improvisado en el negocio de vender justicia. Desde hace años, la FGR, la UIF y Hacienda han rastreado millonarios movimientos en sus cuentas bancarias que no corresponden a su salario como servidor público.
Sus resoluciones lo han delatado aún más: retrasos intencionales en órdenes de aprehensión, devolución de inmuebles asegurados por el Estado para favorecer a grupos criminales de alto calibre, incluyendo a la “Chapiza” y a la red de trata de personas, encabezada por Juvenal Jiménez Loza, “El Padrino”, con base en el infame bar Adelitas en Tijuana, Baja California.
Pero lo verdaderamente escandaloso no es solo la conducta del juez. Es la mancuerna perversa que ha tejido durante años con el abogado Rubén Fernández Benítez, defensor de Chávez Jr. y de otros personajes ligados al crimen organizado. Ambos han hecho de los tribunales un mercado persa, donde las sentencias y resoluciones se cotizan en dólares.
En Hermosillo todos saben que esta dupla opera bajo la misma lógica: cañonazos de billetes verdes repartidos en el Centro de Justicia Federal. Y no se trata únicamente de flexibilizar medidas cautelares; estamos hablando de resoluciones que han cambiado el rumbo de procesos judiciales completos: delincuentes que deberían estar tras las rejas hoy caminan en libertad, inmuebles y cuentas congeladas que regresan a manos de criminales, y expedientes que se desvanecen como por arte de magia.
La complicidad es tan burda que ya ni siquiera se ocultan. El juez y el abogado han construido una red de impunidad que mina el trabajo de fiscales y policías, y que envía un mensaje devastador: en México, la justicia se negocia.
La decisión de liberar a Julio César Chávez Jr. quizá sea el último “favor” de Hernández Miranda desde el estrado. Fuentes judiciales aseguran que, una vez concluido su periodo como juez, la FGR pedirá su aprehensión por delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
Si eso ocurre, será apenas un primer paso. Porque no basta con detener a un juez corrupto; es indispensable desmontar toda la red de complicidades que lo protege, incluido el abogado Fernández Benítez, quien ha sido pieza clave para que los criminales encuentren en los tribunales un refugio seguro.
La justicia en México no puede seguir siendo rehén de mafias togadas. De lo contrario, el mensaje seguirá siendo el mismo: quien tiene dinero y contactos, compra impunidad; quien no, paga las consecuencias.
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