EL NUEVO ÁRBITRO DEL PODER JUDICIAL Los Políticos Veracruz
Yamiri Rodríguez Madrid
La vuelta a Veracruz en un teclazo
La creación del Órgano de Administración Judicial en Veracruz es quizá la transformación más silenciosa, pero a la vez más trascendente, de la actual reforma judicial. Con su instalación a partir del 1 de septiembre, este cuerpo colegiado asumirá funciones que antes correspondían al Consejo de la Judicatura, pero con un mandato claro: garantizar independencia técnica y criterios de austeridad en la administración del Poder Judicial.
La lista de sus cinco integrantes refleja la pluralidad de poderes: Alma Rosa Flores Ceballos (Legislativo), María del Socorro Hernández Cadena (Ejecutivo), y por parte del Poder Judicial, Antonio Sobrevilla Castillo, Diana Adived Cruz Villegas y Víctor Priego López. A ellos se suma, con peso político nacional, Néstor Vargas, quien representará directamente al Ejecutivo federal. La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo definió: este órgano será clave para imprimir un sello de austeridad en la justicia mexicana.
El mensaje político es claro: la justicia no puede seguir siendo un reducto de privilegios ni de castas intocables. La presencia de Vargas —cercano a Sheinbaum—, asegura que el Ejecutivo federal tendrá una voz directa en la vigilancia de cómo se administran recursos y se define la carrera judicial en Veracruz. Pero lejos de ser una intromisión, es un gesto de confianza hacia el gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle, que ha mostrado voluntad de alinear la política veracruzana con la agenda nacional de transformación.
El nuevo órgano será también un espacio de tensión inevitable. Las inercias internas del Poder Judicial no desaparecerán por decreto. Habrá resistencias, pugnas y quizá intentos de boicot. Pero la clave estará en la capacidad de este organismo para sostener el equilibrio entre autonomía y responsabilidad pública.
Esto viene a colación porque la semana pasada, la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia a partir del 1 de septiembre, Rosalba Hernández, declaró que bajará los salarios a los magistrados; cosa que no puede ser ya que al ser una triada, con la reforma judicial, es función exclusiva del órgano administrativo y no del Tribunal Superior, el cual sólo ella encabeza.
En política, la forma también es fondo y la próxima presidenta no debe olvidarlo: una cosa es el tecnisismo y otra las reglas no escritas del quehacer político y de las que tiene mucho por aprender.
Si cumple con su cometido, Veracruz podría convertirse en ejemplo nacional de cómo modernizar la justicia desde sus cimientos. Si fracasa, la reforma será vista como un capítulo más de buenas intenciones truncadas. A partir de septiembre, los ojos estarán puestos en ella y en este árbitro de la justicia veracruzana.
@YamiriRodriguez
