El negocio de la tragedia; falsa gestoría exprime a víctimas de la violencia en Guanajuato Periódico Correo
Guanajuato, Gto.- A finales de 2019 se fundó el colectivo A Tu Encuentro en Irapuato, el primero en Guanajuato en movilizarse en la búsqueda de desaparecidos. José Gutiérrez Cruz, se convirtió en la cara visible de la organización. Sin embargo, el acompañamiento a familias pronto derivó en un presunto esquema de cobros en beneficio particular.
Personas buscadoras, que pidieron no ser identificadas, narraron a Periódico Correo la forma en que señalan opera esta “gestoría” de Gutiérrez Cruz, vigente al menos desde 2020 y que sostienen siguió a través de otras organizaciones con las que colabora actualmente, como la asociación Memoria Justicia y Comunidad.
“Vendía engargolados, que eran el Protocolo Homologado de Búsqueda en 250 pesos. Les ponía la foto del familiar desaparecido y las personas accedían por la desesperación”, relató una persona buscadora.
Otros mecanismos, todavía en 2020, eran las rifas. Bajo la consigna de que, si no se vendían los boletos, el criminólogo de profesión no leería las carpetas de investigación de los familiares desaparecidos.
“Todo noviembre y diciembre comenzó con una famosa rifa de un teléfono celular, el premio más grande y otras cosas. Cada boleto costaba 100 pesos, pero a cada víctima le daba 25 boletos para vender a fuerzas. Si no los vendían, ellos los tenían que pagar, y si nos pagaban o no los vendían los sacaba del colectivo. En ese entonces decían: ‘Ya no va a leer mi carpeta, no me va a ayudar a encontrar a mi familiar’. Pues le pagan los 2 mil 500 pesos de la rifa y había personas que querían vender más con tal de que él estuviera contento”, narró otra persona buscadora.
“Metía recibos de gasolina y comidas que les pagaba a las víctimas, que transportaba víctimas, pero era para su uso personal”, agregó otra fuente.
Según testimonios recogidos por Periódico Correo, los presuntos cobros se intensificaron a partir de la creación de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV). El sistema derivó en un esquema de “coyotaje”, con el que acusan a Gutiérrez Cruz de presuntamente obtener beneficios a través del cobro de una parte de los apoyos oficiales.
Coyotaje
Personas buscadoras relataron que había cuotas de entre 150 y 800 pesos por llenar el Formato Único de Declaración (FUD) para ser incluidas en el Registro de Víctimas, trámite que es gratuito ante la CEAIV. También denunciaron que, de los apoyos alimentarios, becas escolares o emergentes debían entregar una parte, en algunos casos hasta el 30%.
De acuerdo con los testimonios, los cobros generaron conflictos internos que derivaron en la salida de varias buscadoras y la creación de nuevos colectivos.
“Cobraba por el llenado del FUD, por los amparos (…) nos cobró 2 mil pesos en COVID. Nos dieron 6 mil pesos y dos mil pesos eran para él y nada se le depositaba, era en efectivo (…) nos decía, les conseguí este apoyo y de esto me van a dar tanto”, acusó una persona buscadora.
El 10 de marzo de 2023, un grupo de víctimas asesoradas por Gutiérrez Cruz marchó en la carretera Irapuato-Salamanca para exigir la renuncia del comisionado de Atención Integral a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, así como la agilización en la entrega de apoyos. Tras la protesta, al menos 13 colectivos y organizaciones de derechos humanos se deslindaron.
“No se dejen engañar. Nadie debe lucrar con el dolor de las víctimas”, advirtieron en un comunicado conjunto.
La organización Plataforma por la Paz y la Justicia denunció en ese entonces que “en Guanajuato se han documentado casos de fraude cometido por particulares que cobran a las víctimas”, y exigió la actuación de la Fiscalía General del Estado, del gobierno estatal y de la CEAIV. Pero no hubo eco.
Después de este deslinde, las apariciones públicas de Gutiérrez Cruz fueron esporádicas. Buscadoras aseguraron que los cobros se extendieron a otros servicios de “gestoría”, como los amparos. Incluso se señaló que se promovían sus servicios en colonias y comunidades con hechos de violencia recurrentes.
Lluvia de Amparos
En febrero de este año, en medio del proceso para designar a la persona titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, Gutiérrez Cruz envió un oficio al Congreso del Estado. Afirmó estar respaldado por más de 700 víctimas de cuatro colectivos y rechazó la postulación de Rochín del Rincón. Alegó que acumulaba más de 900 quejas en la Procuraduría y un centenar de amparos por negar apoyos a víctimas. Pidió que no se votara por él.
Periódico Correo consultó versiones públicas de 11 sentencias de amparos promovidos contra la CEAIV, vinculados a Gutiérrez Cruz, resueltos entre junio y julio por el Juzgado Segundo de Distrito en Guanajuato. En estas resoluciones figura el mismo correo que él entregó al Congreso como medio de contacto. Aunque resueltos y en proceso existen muchos más.
Los recursos reclaman la omisión de la CEAIV en notificar y resolver si se entregarán apoyos de becas, paquetes escolares, uniformes y gastos funerarios. Dichos apoyos se entregan mediante transferencias monetarias.
Un ejemplo es la sentencia de amparo 545/2025. La quejosa reclamó no haber sido notificada sobre un apoyo de beca escolar. La Comisión comprobó que envió su respuesta, aunque muy tardía y sin respetar el plazo legal. El juez determinó que carecía de validez por no contar con firma electrónica y porque la quejosa no reconocía ese correo como medio de contacto. Esta táctica se repite en gran parte de los amparos, en los que se alega que debió ser a domicilio. Esto no descarta que los hechos estén fundados, pues en varios se resuelve que, en efecto, la parte quejosa no fue notificada.
La lentitud de la CEAIV, que llega a demorar hasta un año en responder, ha propiciado el aumento de amparos y quejas. Muchos terminan archivados cuando la Comisión responde tras la presentación del recurso, en su mayoría aprobando el apoyo. En todo caso, de estos amparos, se señala que presuntamente Gutiérrez Cruz obtiene beneficios.
Quejas en Derechos Humanos y falsos gestores
El 21 de agosto, Periódico Correo informó que la PRODHEG emitió 23 recomendaciones a la CEAIV entre junio y julio, que integraban a 160 víctimas, entre ellas familiares de desaparecidos o víctimas indirectas de Derechos Humanos.
Aunque no se descartan las violaciones a derecho humanos, que en su amplia mayoría son comprobadas, también por la lentitud de la Comisión, sí observa un “bombardeo” sistemático. En 2023 acumuló 223 quejas, por encima de dependencias de seguridad y salud, y solo detrás de las agencias del Ministerio Público. En 2024 cerró como la institución con más quejas: 849 en total. En su escrito de febrero de este año, Gutiérrez Cruz reconocía que se habían presentado al menos 900 quejas por parte de las organizaciones que encabeza.
El 12 de agosto, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, fue cuestionado sobre el tema y sostuvo que se trata de un mismo fenómeno: falsos gestores. Aunque no hizo señalamientos directos.
“Es el mismo caso. Es un grupo de abogados que se dedican a litigar, que les cobran a las víctimas, que tienen el derecho de acudir a la Comisión o al juez de distrito. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de agilizar los procesos (…) un despacho interviene y empieza a cobrarles por los temas de los apoyos, cuando los apoyos son totalmente gratuitos”, declaró.
El funcionario insistió en que se requiere la denuncia formal para que se pueda actuar contra estos falsos gestores.
Buscadoras consultadas coincidieron en que ni el gobierno estatal, ni la Comisión, ni la PRODHEG han intervenido por temor a ser acusados de violaciones a derechos humanos, sobre todo si los gestores mantienen vínculos con víctimas. Recriminaron que se permita lucrar con su dolor.
Mucho por resolver en la Comisión
Autoridades estatales como Jiménez Lona han reconocido la necesidad de agilizar procesos. Los retrasos en las respuestas de la Comisión han sido aprovechados por estos falsos gestores para sumar inconformes y presentar recursos legales que terminan redituando en beneficios económicos particulares.
Aunque el gobierno estatal anunció recursos históricos para atender a víctimas, han resultado insuficientes. Las reglas de operación del fondo establecen que “en caso de no haber recursos disponibles, las solicitudes que hayan ingresado en tiempo y forma se programarán para pago en cuanto exista la suficiencia presupuestal”, lo que les abre margen de maniobra ante la recurrente falta de dinero.
La lentitud burocrática y la falta de recursos han sido caldo de cultivo para que las víctimas caigan en manos de quienes lucran con sus tragedias. Personas buscadoras señalaron que estos esquemas de cobro se están replicando en otras organizaciones.
José Gutiérrez Cruz acusa persecución
Periódico Correo solicitó la versión de José Gutiérrez Cruz. Él aseguró que se trata de una represalia en su contra por su labor como defensor de los derechos humanos. Negó los cobros de cuotas de apoyos, aunque reconoció que la organización Memoria Justicia y Comunidad que encabeza tiene un sistema de “cuotas voluntarias”.
“Entendemos que esto es en represalia por nuestra labor como defensores de derechos humanos (…) Nosotros somos Memoria Justicia y Comunidad asociación civil Y tenemos poco más de 700 víctimas asociadas y dentro de los estatutos de nuestra asociación se establece que del presupuesto de la asociación una parte es las cuotas voluntarias para precisamente proteger a la asociación de influencias de partidos políticos o de gobiernos”, señaló.
También se le preguntó a cuánto ascienden estas cuotas.
“No tenemos una cuota establecida porque no todas las asociadas entregan la cuota. Te repito es una cuota voluntaria. La entrega la persona que quiere, cuando quiere y como quiere”, dijo.
Gutiérrez Cruz insistió en que se le persigue por conseguir mediante amparos y quejas que la CEAIV apoye a víctimas, no solo de desaparición. También desestimó la información.
“La nota es una mentira y no la evidencia que una Comisión de Víctimas tiene más de mil amparos en su contra. Yo les invitaría a todos ustedes los periodistas que ustedes buscaran en otros estados qué comisión de víctimas está enfrentando mil amparos por el tema de negar los derechos y cómo se les está evidenciando desde el Poder Judicial que las resoluciones que toma la comisión ejecutiva de la comisión estatal de atención a víctimas dirigida por Sergio Jaime Rochín del Rincón vulneran los derechos”, acusó.
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