Dianeth Pérez y el hostigamiento judicial Diario.mx
Ciudad de México.- Se ha puesto de moda judicializar la Libertad de Expresión, cualquier gobernante, pero en particular las mujeres en política son contumaces recurrentes a las demandas por violencia política de género; pero el asunto no es exclusivo de ellas, los hombres que no tienen al alcance esa herramienta siempre inventarán algo para atentar contra el derecho a informar.
Hoy estamos ante un hecho inédito e histórico que sucede en Baja California; sí, allá donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila Ojeda se quedó sin su visa por temas que no han sido esclarecidos pero que muchos presumen se deben a vínculos con grupos criminales.
Bueno, por aquellas tierras bajacalifornianas, la periodista Dianeth Pérez Arreola, editora del portal “Brújula News” publicó un reportaje donde señalaba que una planta potabilizadora de agua que el gobierno construye en Tecate fue asignada a una empresa desconocida y que había indicios estaba ligada a un grupo del crimen organizado que opera en la región.
El gobierno del Estado de Baja California guardó silencio ante el reportaje periodístico y, a la moda, se cerró herméticamente a proporcionar información.
Trascurridas dos semanas de la publicación del reportaje, la periodista Pérez Arreola acudió a una conferencia de prensa, el pasado 6 de agosto, donde tuvo oportunidad de cuestionar sobre ese tema a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Ojeda, pero alegando no recordar el nombre de la empresa, volvieron a incurrir en la opacidad de la constructora que lleva a cabo la obra y se negaron a identificar de que empresa se trataba.
Derivado de lo anterior se desarrollaron una serie de sucesos inéditos que van delimitando claramente la carencia de respeto a la Libertad de Expresión y la intención de vulnerar la actividad periodística.
El secretario de gobierno del gobierno bajacaliforniano, Alfredo Álvarez Cárdenas presentó, ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en aquella entidad, una solicitud para que la periodista revelara las fuentes informativas que le habían proporcionado los datos relevantes con los cuales armó su reportaje.
Este suceso no solamente es un atentado a la Libertad de Expresión, es un hostigamiento administrativo contra una periodista que haciendo uso de su derecho a informar cuestionó en un evento público a la mandataria sobre un suceso que plantea corrupción, opacidad y que incide directamente en el clima político y de gobernabilidad en la cual está inmersa Baja California.
Pero además hay que precisar que este hecho de la autoridad, está muy alejado de ser un suceso aislado y más bien termina por reflejar una tendencia que a estas alturas ya es preocupante entre la clase política mexicana, particularmente en aquella que emana de Morena.
Ahora resulta que se ejerce una presión sobre los periodistas para que además de hacer su trabajo de investigación y publicarlo en los medios correspondientes, también deben asumir funciones que corresponden exclusivamente al estado: ser investigadores judiciales, jueces y policías al mismo tiempo.
El secretario de Gobierno, Alfredo Álvarez, lo que estaba solicitando a la periodista era un Informe Policiaco Homologado y que ahí descubriera y describiera sus fuentes informativas, algo que está totalmente fuera de la ética periodística.
La labor periodística es muy clara en sus reglas y en la ética que la rige: el periodista está obligado moral y profesionalmente a proteger la identidad de sus fuentes informativas. No se trata de una protección opcional, discrecional o a conveniencia, esa es la columna vertebral que estructura la recopilación informativa y que abre la cerrazón gubernamental cuando los funcionarios intentan ocultar información.
Que alguien tenga la osadía de exigir los nombres y las pruebas que un periodista ya público, representa una acción que además de ser muy injusta termina por distorsionar la naturaleza de la labor periodística y da al traste con la secrecía en la obtención de información.
La función del periodista es muy clara; informar, analizar y poner ante la opinión pública temas de discusión que sean de interés general, sobre todo aquellos que se intenta mantener ocultos o en la opacidad. Ahora, sí lo que expone el periodista en sus reportajes puede constituir un delito, entonces corresponde a las Fiscalías, a través de sus ministerios públicos y los policías, investigarlos, reunir las pruebas y ejerces las acciones legales correspondientes.
La intención de convertir al periodista en un agente de investigación judicial policiaco, es criminalizar la Libertad de Expresión y acotar el derecho que tiene la sociedad de estar informada.
Lo que hizo la periodista Dianeth Pérez Arreola fue ejercer su actividad periodista en plena libertad y luego cuestionar a los actores involucrados o que deben tener mucha más información sobre el tema, generó información valiosa y contribuyó a fomentar la trasparencia gubernamental; lo que ella hizo fue lo normal en el periodismo: ser un puente entre la realidad que se intenta ocultar y la ciudadanía que tiene derecho a conocerla.
Conminarla a denunciar, revelar fuentes o aportar pruebas más allá de las que ya presentó, es debilitar la democracia y además la pone en riesgo por el simple hecho de informar con veracidad.
De todo lo anterior se debe sacar una lección muy clara, no solamente para los gobernantes, también para los ciudadanos: se deben proteger las fuentes, respetar el papel del periodista, porque su labor investigadora conlleva a conocer el actuar de los gobiernos, los conduce a comportarse con trasparencia y fomenta el estado de derecho y respeto a la ley.
Está por verse si la FGR se presta a seguir con la farsa o entiende que en materia informativa el respeto a las fuentes informativas es el cimiento que sustenta la confianza y la credibilidad; pero además si es capaz de iniciar con los datos ya aportados en la publicación del reportaje una investigación profunda que determina si hay o no la comisión de un delito.
