SCJN: los nuevos ministros revisarán la sentencia sobre prisión preventiva oficiosa El Imparcial
CDMX.- Los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán quienes analicen el proyecto que dejó el ministro saliente Jorge Mario Pardo Rebolledo, el cual propone acatar en su totalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que declara inconvencional la prisión preventiva oficiosa.
Desde inicios de este año, el proyecto de Pardo circuló entre los integrantes del Pleno, quienes tuvieron meses para revisarlo y alistarse para su discusión.
Sin embargo, según la programación de asuntos, el caso nunca avanzó y permaneció entre los últimos puntos, lo que hizo imposible que los actuales ministros pudieran debatirlo.
El proyecto de Pardo analiza punto por punto la sentencia de la CorteIDH y subraya que, dado que México formó parte del litigio García Rodríguez y otro vs. México, la condena es vinculante para todas las autoridades del país.
“Las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado Mexicano son obligatorias para todos los órganos del mismo en sus respectivas competencias”, indica el proyecto.
La CorteIDH condenó a México por la inconvencionalidad de las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa contenidas en la Constitución.
Limitaciones constitucionales
Aunque la figura del arraigo está constitucionalmente limitada a casos de delincuencia organizada para proteger víctimas, testigos o la investigación, Pardo la incluye en su análisis.
El ministro propone que todos los jueces mexicanos analicen de oficio si el arraigo o la prisión preventiva oficiosa podrían violar derechos humanos, y en caso afirmativo, no las apliquen, aunque estén contempladas en la Constitución.
Esto implicaría, por primera vez, que los jueces se aparten de una tesis jurisprudencial previa que privilegiaba las restricciones constitucionales sobre los tratados internacionales de derechos humanos.
Asimismo, el proyecto establece que, en casos de sospecha de tortura, los jueces deben aplicar criterios internacionales y los emitidos por la SCJN, garantizando que los exámenes médicos se realicen de manera independiente, inmediata y conforme al Protocolo de Estambul.
Desde el sexenio pasado, pese a que la CorteIDH ya había señalado la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa automática, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió ampliar los delitos sujetos a esta medida.
Antes del proyecto de Pardo, el ministro Luis María Aguilar Morales propuso una inaplicación parcial, buscando homologarla a una prisión preventiva justificada, evaluada caso por caso, propuesta que fue criticada por López Obrador, Claudia Sheinbaum y líderes de Morena.
Dado que este 19 de agosto la SCJN celebrará su última sesión sin que el proyecto figure en la lista, serán los nuevos ministros, que asumirán funciones el 1 de septiembre, quienes lo analizarán.
De los nueve integrantes, seis son considerados afines a López Obrador y al gobierno de la 4T, por lo que podrían desechar el proyecto de Pardo y ordenar la elaboración de uno nuevo si no comparten sus criterios.
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