FGE de Veracruz cometió negligencia, complicidad y corrupción al perder caso sobre empresas fantasmas de Karime Macías Tubilla Libertadbajopalabra.com

Claudia Guerrero Martínez / En esta entrega, daremos información exclusiva sobre el caso de las empresas fantasmas usadas para desviar recursos en la administración de Javier Duarte de Ochoa, en específico el DIF de Veracruz, manejada por Karime Macías Tubilla, del 2010 al 2016, así como sus cómplices y la Fiscalía General del Estado, bajo la responsabilidad o complicidad de Verónica Hernández Giadáns, quien actuó en evidente negligencia y negociaciones para que la FGE perdiera el caso, el mismo, estaba sustentado y con la justificación para la extradición de Karime Macías. No pierdan ningún dato que daremos en esta entrega y cómo actuó la fiscal general para quedar en ridículo, así como la lista de culpables, quienes deben rendir cuentas por negligencia y corrupción.

Como ya lo advertimos, la FGE de Veracruz por negligencia, complicidad y corrupción de la actual titular Verónica Hernández Giadáns, así como su fiscal de Investigaciones Ministeriales y fabricante de carpetas de investigación, Marcela Aguilera Landeta, sin olvidar, los fiscales Décimo Segundo y Octavo adscritos a dicha Fiscalía, Manuel Medel Hernández y Luis Antonio Domínguez Díaz, respectivamente, pierden el caso de las empresas fantasmas usadas en el DIF de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte y Karime Macias, ya que en la Audiencia de Juicio no presentaron las pruebas de manera premeditada y se tenían en contra de Víctor Manuel Carrizo Yobal, en su calidad de subdirector de Recursos Materiales del DIF de Veracruz, así como también de Julián Alberto Rubín Sandoval, en su calidad de Director de Atención a Población Vulnerable y Emilia Yasbe Azamae Hernández, en su calidad de subdirectora de Recursos Financieros. Y todos eran de las confianzas de Karime Macías Tubilla.

Como se recordará, a partir de la toma de protesta de Javier Duarte de Ochoa como gobernador del Estado de Veracruz, de fecha 01 de diciembre de 2010, su entonces esposa Karime Macías Tubilla y/o Karime Macías de Duarte, asume la presidencia del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, al ser la esposa del gobernador constitucional, tal y como lo establece el artículo 5, del Reglamento Interno del DIF Estatal.

La institución en  2011 y 2012, por órdenes directas de Karime Macías Tubilla y/o Karime Macías de Duarte, aprovechándose del cargo y  ser esposa de quien en ese entonces gobernaba el Estado, ella creó un esquema sistemático para desviar fondos públicos, en contubernio con los hoy acusados, entre los que se encontraban  los servidores públicos Víctor Manuel Carrizo Yobal, subdirector de Recursos Materiales del DIF de Veracruz; Julián Alberto Rubín Sandoval, director de Atención a Población Vulnerable y  Emilia Yasbe Azamae Hernández, subdirectora de Recursos Financieros, todos ellos en contubernio con diversos particulares, al celebrar contratos de compra-venta de bienes y servicios con empresas, que de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) se actualizaron definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del  artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, como empresas que fueron constituidas ante notario público, con el único fin de desviar de manera ilegal recursos públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, ya que éstas sólo figuraron en papel, no operaron, ni contaron con personal, tampoco infraestructura, por lo que las mismas empresas son conocidas coloquialmente como fantasmas o fachada.

Estos hechos, dieron como consecuencia un terrible detrimento en agravio del patrimonio de Gobierno del Estado de Veracruz, por la cantidad de más de $130  millones de pesos, no 114 mdp como algunos medios lo afirman, mediante la simulación de dieciséis contratos, con la finalidad de adquirir artículos electrodomésticos, 59,000 pares de zapatos, 14,500 paquetes escolares, productos que supuestamente fueron adquiridos por el DIF de Veracruz, para ser dispersados a la población vulnerable del Estado, lo cual, nunca sucedió, ya que el producto jamás fue entregado a la dependencia asistencial, en virtud  de que únicamente se simuló la entrada al almacén y por órdenes directas de  Karime Macías Tubilla y/o Karime Macías de Duarte, en contubernio con los servidores públicos Víctor Manuel Carrizo Yobal, Julián Alberto Rubín Sandoval y  Emilia Yasbe Azamae Hernández.

 Estos cómplices servidores públicos incumplieron las facultades que les designó el Reglamento Interior del  DIF de Veracruz y permitieron llevarse a cabo el fraude, ya que en complicidad con particulares en su calidad de socios y representantes legales de las empresas fantasmas y/o empresas fachadas, realizaron un sinnúmero de actos jurídicos fuera de todo marco jurídico y no olvidemos  que estas empresas fueron creadas con el fin de obtener de manera indebida un beneficio económico, es decir, las empresas “fantasmas” o “fachada”, sólo existieron de papel para facturar, pero en realidad no tenían empleados, oficinas, ni infraestructura y nunca entregaron ninguna mercancía o servicio.

Las empresas que fueron constituidas en el año 2012, ante la fe del Notario Público Número 19 de Fortín de las Flores, Veracruz, el licenciado Gabriel Alejandro Cruz Maraboto y en el año 2010, ante la fe del Notario Público Número 2 de la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, el licenciado Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel, esto con el único fin de obtener de manera ilegal recursos públicos del Gobierno del Estado, causándole un grave detrimento patrimonial al DIF Estatal y al Estado por más de $130 millones de pesos.

Increíble y puntualizamos, la FGE de Veracruz a cargo de Verónica Hernández Giadáns, realizó negligencia, complicidad y actos de corrupción, al igual que Marcela Aguilera Landeta, como titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, sin olvidar el fiscal décimo segundo Manuel Medel Hernández y el octavo adscrito a la Fiscalía, Luis Antonio Domínguez Díaz, quienes en la audiencia de Juicio, extrañamente olvidaron, omitieron, ni presentaron o no incorporaron como pruebas consistentes, entre ellas:

a).- El Oficio de 26 de abril de 2017, signado por el Director Jurídico y Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, relativo a la solicitud de información de las licitaciones simplificadas.

b).- El Oficio de 23  de enero de 2020, signado por el Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, mediante el cual, rindió informe sobre los registros del padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Veracruz.

c).- La Resolución emitida dentro del cuadernillo administrativo de diligencia controlada de 27  de mayo de 2020, signada por el Juez de Control, en la que se autorizó a los Fiscales Octavo y Décimo Segundo, para llevar a cabo técnicas de investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de la apertura de cuentas de las empresas señalada como fantasmas o fachada.

d).- El Oficio de 10 de julio de 2020, signado por el Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales del SAT, que contenía las resoluciones liquidatarias en contra de las empresas tachadas de fantasmas.

e).- El Oficio sobre la denuncia de hechos signada por Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 08 de abril de 2020, respecto de empresas que ilegalmente recibieron recursos del DIF del Estado de Veracruz, mediante un esquema, a través del cual, se constituyeron al menos 26 empresas cuyas características permiten establecer que se trata de empresas “fachada”, es decir, que sí fueron constituidas, pero con la finalidad de recibir recursos públicos y no cumplir con sus obligaciones legales, cuyos accionistas resultan ser prestanombres, con domicilios comunes entre las empresas y que no contaban con activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios para los que fueron creadas.

f).- El Oficio número mediante el cual se notificó que los contribuyentes a que se refiere el anexo uno, no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

g).- La copia del contrato derivado de la licitación simplificada de 17  de agosto de 2012 celebrado para la adquisición de artículos electrodomésticos.

h).- Las copias relativas a los reportes de siete transferencias electrónicas SPEI.

i).- La copia del contrato de 22 de noviembre de 2011, celebrado con la finalidad de adquirir pares de zapatos.

j).- La copia del contrato de 07 de diciembre de 2011, celebrado con la finalidad de adquirir paquetes escolares.

k).- La copia del adendum al contrato de 17  de abril de 2012, con la finalidad de adquirir pares de zapatos.

l).- La copia del adendum al contrato de 17 de abril de 2012, celebrado con la finalidad de adquirir paquetes escolares.

m).- La copia del contrato de 24 de abril de 2012, con la finalidad de adquirir paquetes escolares.

No debemos olvidar, que en cumplimiento a la orden de magistrados federales, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en Toca Penal número 145/2023 de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hace unos días resolvió absolver de toda responsabilidad a Víctor Manuel Carrizo Yobal,  subdirector de Recursos Materiales del DIF,  Julián Alberto Rubín Sandoval, director de Atención a Población Vulnerable y Emilia Yasbe Azamae Hernández, subdirectora de Recursos Financieros, ante la “falta de pruebas”, las mismas que sí existían, pero no se presentaron por corrupción y complicidad.

Hasta el momento, la FGE de Veracruz a cargo de la ineficiente y omisa Verónica Hernández Giadáns, ligada sentimentalmente al exsecretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, no ha emitido un comunicado sobre el fallo absolutorio, como sí lo ha hecho en otros temas mediáticos, donde incluso, manifiestan su inconformidad con la resolución de la autoridad judicial.

No perdamos de vista, que en un acuerdo de muy alto nivel, la FGE de Veracruz operó para convertirse en cómplice y omisa, con el fin de perder el asunto del  millonario fraude de Karime Macías Tubilla y sus negocios en el DIF de Veracruz, porque la propia fiscal ordenó no presentar documentos valiosos en el juicio sobre contratos simulados, que amparan el robo de dinero para beneficio de la entonces esposa de Javier Duarte de Ochoa, siendo los fiscales Manuel Medel Hernández y Luis Antonio Domínguez Díaz, de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales quienes recibieron indicaciones de Marcela Aguilera Landeta y obedeciendo a la fiscal general.

No incorporar las pruebas en el juicio, como eran los contratos, es claro, que autoridades de alto nivel operaron para perder el caso. Y esto es abuso de autoridad, negligencia, corrupción y omisión y/o incumplimiento a un deber legal. ¿Quién pagará con cárcel, por este caso que logra la nula extradición de Karime Macías Tubilla? ¿Será la fiscal Verónica Hernández Giadáns, Marcela Aguilera, los fiscales o la misma Rocío Nahle?

¿Ustedes qué opinan inteligentes lectoras y lectores?