Al Pie de la Letra/Raymundo Jiménez García Dpoderapoder

* CÁRCELES, FEUDOS CRIMINALES

Uno de los últimos nombramientos de su gabinete que anunció la entonces gobernadora electa Rocío Nahle fue el del contraalmirante Alfonso Reyes Garcés como secretario de Seguridad Pública del estado. La mandataria veracruzana lo dio a conocer públicamente a través de un video hasta el sábado 16 de noviembre de 2024, dos semanas antes de asumir la gubernatura.

Quién sabe qué diagnóstico tenía Nahle en esta materia, pero en Veracruz casi todos
sabían el nivel de inseguridad que prevalecía al final del mandato de su compañero de partido, Cuitláhuac García: masacres, ejecuciones, secuestros y extorsiones por parte de al menos cinco grupos criminales asentados en el norte, centro y sur de la entidad.

Dada la gravedad de la situación, la decisión de nombrar a quien se haría cargo de la seguridad de los veracruzanos debió tomarla con mayor anticipación para que se coordinara de inmediato con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, que, como lo ha venido demostrando hasta ahora, no continuará con la fracasada política del sexenio anterior de “abrazos, no balazos”, sino que combatirá a los cárteles criminales con toda la fuerza del Estado mexicano y el apoyo de la inteligencia militar y de las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos.

Ayer, la ejecución de René Vergara Vergara, director del reclusorio de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, en la región central de Veracruz, vino a confirmar lo que el hombre fuerte de la presidenta Claudia Sheinbaum había declarado el día anterior luego de la entrega masiva de 26 reos de diferentes centros penitenciarios del país a Estados Unidos.

En conferencia de prensa, García Harfuch dijo que estos criminales, pertenecientes a distintos cárteles de la delincuencia organizada, continuaban dirigiendo actividades ilícitas desde las cárceles. Señaló que estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad. El jefe policiaco citó, entre los casos más graves, los de los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas, implicados en el asesinato de 17 custodios penitenciarios. Ambos capos, identificados como “El Z-40” y “El Z-42”, no solo coordinaban ataques desde prisión, sino que mantenían un ambiente de terror contra el personal de seguridad.

En Veracruz, dos meses antes de la ejecución del director del Centro de Readaptación Social de La Toma –quien hace cuatro años, en el 2021, fue acusado por familiares de internos de presuntas irregularidades–, fue asesinado a balazos el 17 de junio Antonio Huesca Figueroa, ex director del reclusorio de Tuxpan, quien previamente había recibido amenazas.

En Veracruz, dos meses antes de la ejecución del director de La Toma –quien hace cuatro años, en el 2021, fue acusado por familiares de internos de presuntas irregularidades–, fue ejecutado a balazos el 17 de junio Antonio Huesca Figueroa, exdirector del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, quien previamente había recibido amenazas.

Y, 40 días después, el subdirector de Seguridad y Custodia del penal de Poza Rica fue secuestrado la noche del 27 de julio pasado y liberado en la mañana siguiente.

Ahora, la ejecución de René Vergara ocurre luego del violento motín provocado a principios de este mes en el penal de Tuxpan, que dejó un saldo de nueve muertos y diez heridos. La revuelta de los internos fue en protesta por las constantes agresiones y extorsiones al interior de la penitenciaria por parte de integrantes de la organización criminal Grupo Sombra y/o Mafia Veracruzana.

Y aunque las autoridades no detallaron las causas del motín, testimonios de internos y ex funcionarios, difundidos en redes sociales, revelaron una red de corrupción, extorsiones y una pugna por el control del penal entre facciones delictivas. En uno de los videos que
circularon, siete internos identificados como disidentes del Grupo Sombra o Mafia Veracruzana denunciaron abusos sistemáticos. Uno de ellos, Alonso Delgado Vargas, alias “Sombra”, afirmó que desde 2015 operaba como líder de la organización criminal dentro del penal, pero que, tras ser relevado, la estructura se fracturó. Los reclusos acusaron a funcionarios del centro penitenciario de permitir el cobro de cuotas a familiares, el ingreso de drogas y mercancías ilegales, así como de recibir sobornos.
En otro material audiovisual, Óscar Jair Vázquez Cabrera, quien se identificó como custodio del penal entre 2023 y 2025, expuso cómo los mandos del penal recibían pagos para permitir la entrada de drogas, alcohol e incluso personas en vehículos particulares. También denunció maltratos contra reclusos en el área de “las 72 horas”.
En otro material audiovisual, Óscar Jair Vázquez Cabrera, quien se identificó como custodio del penal entre 2023 y 2025, expuso cómo los mandos del penal recibían pagos para permitir la entrada de drogas, alcohol e incluso personas en vehículos particulares. También denunció maltratos contra reclusos en el área de “las 72 horas” y mencionó el caso de Maluvi N., una doctora vinculada al ejecutado ex director Huesca Figueroa, la cual cumple actualmente una condena de 65 años por secuestro y homicidio.

RECLAMAN PAGOS A LA
BANDA DE CUITLÁHUAC

En un comunicado difundido este jueves 14 de agosto, el staff y proveedores de los equipos de basquetbol Halcones Rojos y Rojas de Veracruz manifiestan su “indignación y preocupación ante el incumplimiento reiterado de los compromisos económicos y la nula información al respecto por parte del propietario de la A.C. Baloncesto, Campamentos y Actividades Deportivas”, que a su vez tiene en comodato las instalaciones del auditorio municipal “Benito Juárez” del puerto de Veracruz y quien mantiene un adeudo de salario a empleados y con proveedores desde junio y julio de 2024.

En el citado comunicado, empleados y proveedores de la mencionada Asociación Civil exponen que “al término de la temporada femenil 2025, en ningún momento se notificó por escrito la suspensión de nuestra relación laboral o de nuestras funciones. Esta omisión vulnera nuestros derechos y nos coloca en una situación de total indefensión”.

“Durante ese tiempo, se ha cumplido con absoluta responsabilidad nuestras funciones, entregando tiempo, esfuerzo y profesionalismo, para garantizar el buen desarrollo del club y brindar a la afición el espectáculo que merece.

“La falta de pago no solo es una falta de respeto a nuestra labor, sino un acto que erosiona la confianza y la dignidad de todos los colaboradores”, señalan en el comunicado.

Según algunos comentarios publicados en las redes sociales, el empresario Roberto Alvarado Rosete figura ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como titular de la A.C. Baloncesto, Campamentos y Actividades Deportivas; sin embargo, en enero de 2024 fue anunciado Ricardo Rodríguez Díaz, ex subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) como nuevo presidente de los Halcones Rojos.

El auditorio “Benito Juárez”, señalan, se encuentra sin energía eléctrica desde hace tres meses y presuntamente recibió una multa por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a que se conectaban de forma clandestina para obtener energía eléctrica.

A pesar de ello, comentan que se han realizado más de diez conciertos musicales en dicho auditorio porteño durante 2025, y que próximamente se tienen programados los recitales de Conjunto Primavera, Amanda Miguel, Enjambre, y el Homenaje a Michael Jackson, entre otros eventos que dejarán ganancias millonarias a los que aparecen como beneficiarios de dicho comodato.

Advierten que esta misma situación estaría por repetirse con el llamado “Nido del Halcón” en la capital veracruzana, ya que el propietario de los Halcones Xalapa, Ángel Morales Blanchet, vinculado a los Halcones Rojos y al mismo grupo de ex funcionarios cuitlahuistas de la Sefiplan, andaría maniobrando para obtener en comodato la administración del inmueble deportivo durante diez años.