Detienen a presunto extorsionador tras dejar explosivo en pollería de Los Olivos Infobae
Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a Elías José Brito Marcano, ciudadano venezolano de 25 años, quien minutos antes había dejado un artefacto explosivo y una nota amenazante en el interior de la pollería Salazar, ubicada en la cuadra 55 de la Avenida Universitaria, en el distrito limeño de Los Olivos. El sospechoso fue intervenido en flagrancia luego de depositar el artefacto y el mensaje dentro de una caja de gaseosas en el local, sin importarle la presencia de clientes y trabajadores.
La acción policial se llevó a cabo gracias a la intervención oportuna de un equipo especial de la Policía Nacional dedicado a la lucha contra la delincuencia en la zona. Elías Brito intentó escapar del restaurante tras dejar la amenaza, pero fue reducido por los agentes que se encontraban en las inmediaciones, quienes procedieron con su detención y traslado a la comisaría del sector.
Según informó la Policía Nacional, el detenido pertenecería a la banda criminal denominada “Los Serios del Barrio”, organización dedicada a la extorsión de propietarios de establecimientos comerciales en diversos distritos de Lima Norte. De acuerdo con el coronel a cargo del operativo, el propietario de la pollería Salazar, quien dirige una cadena de restaurantes en Lima Metropolitana, ha sido víctima de constantes amenazas y ataques extorsivos desde enero de este año.
En enero, este mismo local fue atacado a disparos por desconocidos que se movilizaban en motocicleta y registraron en video el atentado, según reportes policiales. Otros locales de la misma cadena, ubicados en los distritos de Comas y San Martín de Porres, también han sido blanco de extorsiones y ataques. Las primeras investigaciones señalan que, en ocasiones anteriores, la organización “Los Injertos del Cono Norte” habría exigido al empresario el pago de 50 mil soles a través de mensajes enviados por WhatsApp.
Este nuevo episodio revela la participación de otra banda en el acoso al mismo negocio, lo que extiende el panorama de inseguridad en la zona. Elías Brito ha quedado a disposición de las autoridades y será procesado por los delitos contra el patrimonio y extorsión, conforme detalló el coronel responsable de la detención.
Las autoridades también informaron que los casos de extorsión en San Martín de Porres crecieron de forma significativa durante el año. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 276 denuncias, frente a las 117 reportadas en todo 2024, según cifras oficiales de la Policía Nacional. La investigación de estos delitos continúa para identificar y desarticular a las organizaciones criminales involucradas.
Cifras en alza
Los homicidios en el Perú se han triplicado entre el año 2000 y 2024, según registros policiales. Sin embargo, especialistas advierten que la magnitud real permanece incierta por la falta de integración entre las bases de datos oficiales, lo que genera diferencias notables en las cifras. El Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) contabilizó 4,968 casos de homicidio entre 2022 y 2025, mientras que los registros de denuncias policiales superan los 6,600 en ese mismo periodo, con una diferencia de alrededor del 30%. Esta falta de sistematización dificulta evaluar el fenómeno e impide formular estrategias efectivas de seguridad.
Según el sociólogo Arturo Huaytalla, el país enfrenta actualmente tres tipos de delitos principales: robos comunes, que han aumentado tras el confinamiento sanitario; crímenes violentos, como las extorsiones y homicidios ligados al crimen organizado y la expansión de mafias regionales; y el crecimiento de delitos informáticos, que requieren de atención especializada.
El especialista señaló que hasta 2011 predominaban los robos menores como principal problema, pero recientemente las amenazas delictivas están más asociadas a redes criminales organizadas y a formas de violencia más complejas. Insistió en la necesidad de un sistema centralizado que permita identificar tendencias y áreas críticas, ya que la dispersión de datos actuales limita la respuesta de las autoridades y la toma de decisiones informadas.
